La noche del jueves fue angustiante para los restauradores de Cataluña. El día anterior descubrieron que debían cesar su actividad por lo menos durante dos semanas, una medida que forma parte del nuevo paquete de severas restricciones aprobado por la Generalitat para frenar la expansión de la covid-19. En 48 horas, explican Luz Tamara y Edu Cruz, propietarios de Sur Café, un establecimiento del Eixample de Barcelona, tenían que gestionar el cierre. “¿Y qué hago yo con lo que tengo en las neveras para una semana? Es género perdido”, dice Tamara. La incertidumbre se mantuvo hasta la pasada medianoche, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) autorizara o no las restricciones. “Ante tanto desconcierto, a última hora llamé a los Mossos d’Esquadra y al 112″, recuerda Tamara, “me dijeron que sabían lo mismo que yo, que siguiera las noticias para enterarme si finalmente cerrábamos”.
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“Hasta última hora de la noche no sabíamos nada. Esto no es competente. Cerrar de un día para otro me supone por lo menos perder un 40% de lo que he invertido en género”, lamentan Marc Ferrer y su esposa, Ceci Nieto. A primera hora de este viernes se habían reunido con sus empleados del restaurante Can Pascual, en la calle Calabria. Todavía esperaban a la decisión del TSJC. “Que por lo menos nos dejen abrir la terraza”, confiaba Ferrer. De ello dependen dos contratados en cocina, que estaban en periodo de pruebas y que, si vuelven a cerrar, no podrán continuar. El resto de la plantilla, siete empleados, volverán a acogerse al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). La suspensión de la actividad puede afectar a 200.000 trabajadores. En el acumulado del año, en el ámbito de la hostelería hay en Cataluña más de 116.000 empleados en ERTE.
La gran mayoría de establecimientos ha subido la persiana para vender bebidas y otros productos para llevar, pero es una opción insuficiente para cubrir los gastos de explotación, confirma Jing Cui. Ella y su marido tomaron el pasado junio las riendas del bar Mercadillo, en la calle Londres de la ciudad condal. Lo peor de abrir un negocio en plena pandemia de la covid-19 es la incertidumbre. “Un día crees que mejora un poco pero al siguiente vuelve a empeorar”, dice Jing. En estos meses ha pasado de tener dos empleados a trabajar solo ella y su esposo. Para esta restauradora de origen chino, el cierre de su bar es absurdo. “¿Por qué yo y no los autobuses y el metro, que van llenos?”.
La comparativa con el transporte público es recurrente entre todos los entrevistados, excepto en el caso de David Castellanos, gerente del Frankfurt Rosellón. Castellanos opina que las medidas son necesarias para mejorar la situación sanitaria. Sí lamenta la sorpresa del anuncio del cierre: “Sabíamos que en otoño habría otra ola, pero esto nos ha pillado desprevenidos porque ha sido de un día para otro”.
Castellanos recuerda que las nuevas medidas afectan también a los proveedores de alimentos: “Es un efecto dominó. Al comercial que me vende el pan para las hamburguesas, por ejemplo, los ingresos le caen en picado”. Una portavoz de Mercabarna, principal centro de distribución de alimentos para la restauración y comercios en Cataluña, informa que el impacto en la mayoría de sus empresas es mínimo porque “lo que la gente no consume en hostelería lo compran para consumirlo en casa”. Donde sí hay una afectación importante, según la oficina de prensa de Mercabarna, es en los mayoristas de pescado fresco para restaurantes. Profesionales como Jaume Loré, proveedor de pescado para la hostelería, se vuelven a quedar sin ingresos. Durante la pandemia habían cerrado seis de sus 16 clientes, seis locales del casco viejo de Barcelona que dependían del turismo. “Los 10 que me quedaban habían conseguido recuperar un 50%, un 60% de la facturación”, detalla Loré, “pero ahora, otra vez, nos quedamos de nuevo sin trabajar. Mi mujer regenta una crepería que también ha cerrado. No tenemos ingresos y tenemos que continuar pagando la hipoteca, los préstamos, el colegio de los niños. ¿Cómo puede aguantar esto una familia?”.
Cruz y Tamara habían conseguido recuperar en octubre un 60% de la facturación habitual en su cafetería. A duras penas pudieron aguantar el negocio tras el confinamiento de primavera, sobre todo gracias al esfuerzo familiar y al crédito ICO que les concedieron. Ahora esperan que los problemas se agraven, y su principal preocupación es cómo la caída de los ingresos domésticos puede afectar a la educación de sus dos hijos. De momento, explican con pesar, este curso han tenido que cambiar los centros educativos en los que estaban matriculados.
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