Los presidentes del PSOE, PP y regionalistas que gobiernan en las ocho comunidades más golpeadas por la despoblación reclaman que el futuro sistema de financiación prime el coste del mantenimiento de los servicios públicos en las zonas del interior de España afectadas por la pérdida de habitantes. Un problema que se agrava por el envejecimiento y su dispersión en áreas muy extensas. La pandemia y las elecciones en Cataluña han aplazado las negociaciones para renovar el modelo vigente, obsoleto desde 2014. Los presidentes autonómicos confían en que se retomen una vez se despeje el horizonte político tras el 14-F.
La España Vacía toma posiciones para asegurarse la mejor posición de partida en el mayor reto territorial con permiso de Cataluña: la reforma del sistema de financiación. Un desafío colosal, que genera división dentro del PSOE y del PP y que se lleva años aplazando. Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, La Rioja, Cantabria y Extremadura defienden que se tenga en cuenta su singularidad. Todos los barones consultados por EL PAÍS coinciden en que se cubra el “coste real” de los servicios públicos. Mientras, el éxodo de las zonas rurales a los núcleos urbanos de Madrid y del litoral continúa sin que nadie sea capaz de ponerle freno.
Los socialistas se comprometieron en enero del año pasado, a cambio del apoyo de partidos como Compromís, en presentar un nuevo modelo de financiación “en los ocho meses posteriores a la investidura”. La crisis múltiple provocada por el coronavirus relegó al fondo del cajón la promesa, que pretendía resolver un problema que, tras la inacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy, arrastran en La Moncloa desde hace siete años. Y no parece que vaya a haber cambios a medio plazo. “La agenda del Gobierno se ha visto alterada por la pandemia y en este principio de año también por el temporal de nieve; nuestro compromiso con la financiación autonómica es ineludible y firme”, observó hace dos semanas María Jesús Montero. El compromiso de la ministra de Hacienda es “abordar a lo largo de este año los elementos fundamentales que comportan el modelo de financiación”. Y abundó: “Algunos se podrán acometer en el mes de febrero, quizás va un poco ajustado en el calendario, pero en todo caso a lo largo de los próximos meses”.
A la espera de acontecimientos, los territorios más perjudicados por el reparto de la financiación en función de la población alzan la voz. “La manera de evitar la despoblación es que no se prime la financiación por habitante, sino por el coste de los servicios”, sentencia Miguel Ángel Revilla. “Esto es muy sencillo. Depende de si se actúa con criterios de justicia o se actúa con criterios de voto”, apostilla el presidente cántabro, del PRC. Asturias mantiene históricamente en esta cuestión las mismas posiciones que Galicia, Cantabria y Castilla y León. “La clave es el coste por servicio. Punto”, resume su presidente, Adrián Barbón (PSOE).
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), comparte: “El concepto de población se tiene que tener en cuenta, pero con otras circunstancias que lo condicionan muchísimo como la densidad de población, la tasa de natalidad o el porcentaje de población envejecida. No es lo mismo mantener unos servicios públicos en las grandes ciudades que garantizárselos a una población dispersa”. Unas tesis similares a las que defiende la Xunta de Galicia y que colisionan frontalmente con las de Madrid. Fuentes de la consejería de Hacienda defienden que “se valoren factores que modulan el coste de los servicios” como la diseminación de la población en el territorio, el tamaño de estas poblaciones y su envejecimiento. Como ejemplo ponen que Galicia soporta más del 20% del gasto en transporte escolar de toda España cuando cuenta con menos del 5% del alumnado.
Mañueco pretendía organizar en las próximas semanas una cumbre de los territorios apremiados por el reto demográfico. Un frente que rechaza Guillermo Fernández Vara. “No me gustan lo frentes de unos contra otros. Cuando se quiera nos reunimos en el Senado, que es el sitio y hablamos. Es la manera de construir país”, zanjó el presidente extremeño, que opina que no puede haber distinción en la calidad de los servicios que prestan las comunidades. “Derechos y deberes”, remarca Fernández Vara, en una referencia implícita al impacto de la política fiscal que el PP imprime en Madrid desde los tiempos de Esperanza Aguirre. La socialista Concha Andreu, presidenta de La Rioja, también recela de todo lo que suene a un frente, aunque sea transversal, que anteponga sus intereses a las comunidades más pobladas, que suelen ser las que cuentan con el PIB más abultado. Andreu plantea una “solución consensuada” que atienda el coste por servicio en las zonas con la población más dispersa y envejecida.
Cumbre de Zaragoza
El predecesor de la presidenta riojana, José Ignacio Ceniceros (PP), sí participó en la cumbre de seis comunidades —tres del PSOE (Aragón, Asturias y Castilla-La Mancha) y tres populares (las otras eran Castilla y León y Galicia)— que ya reclamaron en septiembre de 2018 en Zaragoza la garantía de la prestación de “niveles similares de servicios públicos en todas las comunidades”, con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios. O que se atendiera el “déficit” en la financiación del gasto sanitario y su crecimiento por el aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población.
El trato preferencial que pedía Cataluña preocupaba y por eso también pedían al Gobierno, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, que el sistema de financiación se acordase de forma “multilateral” en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un órgano que la Generalitat desdeña desde la aventura del <CF1001>procés</CF>. “Aragón no se ha movido un centímetro de esa posición”, tercia el presidente maño, Javier Lambán (PSOE).
Emiliano García-Page, otro barón del PSOE y presidente de Castilla-La Mancha, afirma: “La financiación autonómica no puede estar en el mercadeo parlamentario. Aquí no caben acuerdos bilaterales entre el independentismo y el Gobierno de turno. Estamos de acuerdo la inmensa mayoría”. Y concluye: “Tiene que responder a criterios normales y a parámetros eficientes”.
La Comunidad Valenciana urge a lograr un acuerdo
La Comunidad Valenciana, la cuarta por población tras Andalucía, Cataluña y Madrid y una de las damnificadas por el sistema de financiación vigente según coinciden en privado en la mayoría de territorios, aboga por “llegar a un indicador común que sea sencillo, transparente y objetivo”, según fuentes de la consejería de Hacienda. Para el Gobierno de Ximo Puig (PSOE) ese elemento podría ser el de la población total. Como argumento insiste en que el gasto de las autonomías está destinado en su inmensa mayoría a servicios públicos esenciales para cubrir las necesidades de los ciudadanos.
Partiendo de la base de que habrá comunidades que querrán que se valore la densidad de la población y otras la insularidad, el efecto de la capitalidad de Madrid, el nivel de renta, el coste de vida o el nivel de precios, la Generalitat valenciana, que también tiene problemas de despoblación en su interior, urge a llegar a un acuerdo. “Tendremos que determinar algún criterio mesurable que pueda convertirse en un mínimo común a partir del cual podamos diseñar y poner en marcha el nuevo modelo”, esgrimen en la consejería de Hacienda.
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