Batalla judicial en Galicia por salvar una flor única en el mundo

Entre las rocas de los municipios coruñeses de Coristanco, Santa Comba, Carballo y Tordoia, a una altitud de entre 380 y 540 metros, florece la centaurea ultreiae. La planta, única en el mundo y que ha adoptado los apellidos del botánico que la describió por primera vez en 1987, Silva Pando, tiene ahí su casa, su vida entera. El Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha autorizado a la empresa Greenalia, de la que es directiva la exconsejera de Medio Ambiente del PP Beatriz Mato, tres parques eólicos en su reducido hábitat. Los ha declarado “de interés especial” y les ha dado prioridad. Los ecologistas creen que puede suponer el fin de la exclusiva planta y los han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que investiga ya la legalidad de esos acuerdos.

Con vistas a alejar las demandas por la afección medioambiental a la frágil y exclusiva centaura ultraiae, la Xunta ha suscrito un convenio con la empresa eólica, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela, para la “conservación y recuperación” de la especie, en el que participa el científico que la descubrió. El acuerdo incluye el intento de multiplicar in vitro la planta. El Gobierno gallego no ha autorizado a Silva Pando a ser entrevistado por este periódico.

Las demandas contra los tres proyectos eólicos han sido presentadas por el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica, un colectivo integrado por grupos ecologistas del norte de España que lucha contra los macroproyectos energéticos renovables. Los socios financian mediante crowdfunding acciones judiciales para evitar que a los 433 complejos eólicos actuales en estas zonas se sumen los de los otros 380 proyectos que están en trámite.

Dos miembros de ese colectivo ecologista —la Plataforma de Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) y la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega)— han promovido esta primera denuncia en Galicia. Sostienen que los tres parques de Greenalia autorizados en A Coruña “utilizan la fragmentación artificial” y causan “grandes afecciones al medio ambiente”. Destacan que los proyectos se sitúan “en un área propuesta en 2008 y 2011 para incorporarse a Red Natura 2000 y además coincide con la pequeña reserva mundial de la centaurea ultreiai, catalogada en peligro crítico de extinción y cuya población mundial la integran solo los 6.821 individuos de esta zona en un radio de unos 10 kilómetros cuadrados”.

Fins Eirexas, secretario técnico de Adega, sostiene que la Consejería de Medio Ambiente “conocía la presencia del endemismo de la centaurea ultreiae Silva Pando a través del plan integral de recuperación y conservación de las especies vegetales en peligro de extinción”. El documento fue elaborado en 2010 para la protección de esta y otras especies, pero 12 años después la Xunta “no solo no lo ha aprobado, ya que no lo ha publicado en el Diario Oficial de Galicia, sino que autoriza a Greenalia, la empresa de su exconsejera de Medio Ambiente, la explotación eólica en esa zona y con carácter de urgencia”, subraya Eirexias.

La planta fue introducida en 2007, durante el gobierno del bipartito PSOE-BNG en la Xunta, en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas (CGEA) en la categoría “en peligro de extinción”, valorando la pequeña superficie que ocupa y el reducido número de vástagos. “Está en el catálogo pero si no se aprueba la herramienta de conservación para delimitar el área de protección, la Xunta estaría siendo cómplice por omisión del deterioro de esta planta”, afirma Eirexas. A su juicio, la decisión del Gobierno gallego “de incumplir la obligación de aprobar la protección” supone un supuesto delito de prevaricación omisiva. “Hemos denunciado por la vía administrativa pero no descartamos la penal”, puntualiza el portavoz de Adega.

La Xunta minimiza la denuncia. Al no estar aprobado el plan integral de conservación con el que valorar los proyectos que puedan tener afección sobre la planta, afirma que tiene en cuenta “toda la información disponible” sobre ella . Y asegura que lo hace “garantizando en todo caso su conservación y la conexión de las poblaciones existentes, y preservando de manera especial su diversidad genética”.

Añade el Gobierno gallego que “existen otras muchas herramientas de gestión y ordenación del patrimonio natural” de las especies amenazadas más allá de los planes de recuperación y de conservación. Y cita “normas a nivel europeo, español y autonómico que desde la Xunta de Galicia se integran para conseguir los objetivos de conservación”.

Los colectivos ecologistas sostienen que el convenio de Xunta y Greenalia en colaboración con la Universidad compostelana pretende, mediante la multiplicación artificial de la especie “que acabaría con su endemismo”, favorecer a una empresa privada, la de la exconsejera de Feijóo. El portavoz de Adega sostiene que Greenalia “contó, como reconoce en el estudio de impacto ambiental, con información privilegiada: el acceso a un documento encargado y pagado por la Xunta para llevar a cabo la conservación de plantas; una información de la que se aprovechó para hacer atractivo su proyecto”. Y pone el grito en el cielo por el proyecto de reproducción in vitro. “El primer mandamiento de conservación de las especies es la protección de su hábitat, no intentar cultivar nuevos individuos in vitro para hacer un parque eólico”, critica Eirexas.

En la misma línea se pronuncia el coordinador de la Plataforma de Defensa de la Cordillera Cantábrica que suscribe la demanda judicial, Ernesto Díaz. “No sé si es posible la reproducción in vitro de esa especie ni, en caso de que sí lo sea, cómo se adaptará al hábitat”.

El abogado de los ecologistas, Fernando de Abel, sostiene que “el interés de la Xunta por favorecer a Greenalia queda claro además en la autorización de la fragmentación artificial de su proyecto eólico”. “Con el pretexto de la covid se redujeron los trámites de urgencia y los plazos de exposición pública a la mitad”, añade De Abel. “Ese es el truco, la Xunta los declara de interés prioritario reduciendo los plazos”, añade aludiendo a la ley de simplificación administrativa impulsada por Feijóo en pandemia.

La Xunta sostiene que para declarar prioritaria y agilizar la tramitación de un proyecto este debe tener todas las “garantías técnicas, jurídicas y ambientales”. El Gobierno gallego niega además que su exconsejera de Medio Ambiente haya incurrido en una incompatibilidad al ocupar ahora un cargo en la promotora de los parques. En el Parlamento gallego, tras las denuncias de la oposición, esgrimió que Mato no firmó personalmente la autorización para el proyecto de la empresa en la que finalmente recaló.