Cuando se van a cumplir tres años desde el inicio de sus pesquisas en Suiza, el fiscal Yves Bertossa ha viajado a Madrid para intercambiar información con Juan Ignacio Campos, teniente fiscal del Tribunal Supremo que dirige las diligencias de investigación abiertas sobre Juan Carlos I, según confirmaron este jueves fuentes cercanas al caso. En España, la Fiscalía del alto tribunal tramita unas diligencias de investigación penal sobre presunto cobro de comisiones del rey emérito e indicio de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho y tráfico de influencias.
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Al encuentro celebrado este jueves asistieron también Alejandro Luzón, jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y varios de los fiscales adscritos a las primeras pesquisas sobre el presunto pago de comisiones en las obras del AVE entre Medina y La Meca adjudicadas por el Gobierno de Arabia Saudí a un consorcio de empresas españolas. Pese a tratarse de investigaciones diferentes, en ambos casos confluyen personas y pistas similares que podrían conducir hasta los 65 millones de euros recibidos en Suiza por el anterior Jefe del Estado español.
El fiscal suizo mantuvo el contacto directo con sus homólogos españoles en la sede de la Fiscalía General del Estado y no en la del Tribunal Supremo. La cita se produjo a petición de Bertossa, según fuentes fiscales, que señalaron que ambas partes pusieron en común datos sobre las investigaciones.
Fue el fiscal suizo quien descubrió en el verano de 2018 la cuenta de la fundación panameña Lucum en el banco Mirabaud & Cie donde se ocultaban los 100 millones de dólares (65 millones de euros al cambio de entonces) que recibió en 2008 Juan Carlos I del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.
El fiscal jefe del Cantón de Ginebra mantiene desde entonces como investigados por un presunto delito de blanqueo de capitales a Arturo Fasana, el gestor externo de la cuenta de Juan Carlos I; a Dante Canonica, el director de la fundación; a Corinna Larsen, la examiga del rey emérito; y al banco Mirabaud, como entidad jurídica. Toda la investigación de Bertossa se centra sobre la cuenta de Juan Carlos I, pero este no ha sido llamado a declarar ni está siendo investigado.
La fundación Zagatka
Los fiscales españoles quieren comprobar que las cuentas de la fundación Zagatka, de Álvaro de Orleans, un primo lejano de Juan Carlos I, coinciden con la última regularización fiscal del rey emérito en la que este abonó 4,4 millones a la Agencia Tributaria por los centenares de vuelos pagados por Zagatka. Esta fundación abonó más de ocho millones a compañías de jets por viajes privados del anterior Jefe del Estado y de Corinna Larsen. A requerimiento de Orleans, esta última le devolvió tres millones.
El pasado 14 de mayo, Bertossa envió a la Fiscalía del Tribunal Supremo los movimientos de las dos cuentas de Zagatka en bancos suizos. En la documentación figuran salidas en metálico que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, y su equipo quieren comprobar si fueron para Juan Carlos I y no han sido declaradas en su regularización fiscal. Orleans afirma que fueron para él mismo. Los investigadores españoles solicitaron este jueves a Bertossa más documentos que forman parte de las pesquisas que se siguen en Suiza y de los que no disponían todavía los fiscales del Supremo.
La investigación de Bertossa sobre el presunto pago de una comisión por la adjudicación del contrato del AVE no ha avanzado demasiado durante estos años. Las empresas adjudicatarias españolas otorgaron una rebaja del 30% en su oferta ganadora. El fiscal ha puesto ahora el foco en los últimos meses en el banco Mirabaud por una presunta falta de diligencia en la apertura de la cuenta de Juan Carlos I y en el Gobierno de Arabia Saudí, según se desprende de los últimos interrogatorios a los investigados. Bertossa ha solicitado recientemente un informe al Instituto Suizo de Derecho Comparado para determinar si hubo un abuso en el uso de fondos públicos por parte del Gobierno de Arabia Saudí en la “donación” de los 100 millones de dólares en 2008 desde el Ministerio de Finanzas de ese país a una cuenta en Ginebra de Juan Carlos I, según señalaron a EL PAÍS fuentes del caso.
El instituto, organismo autónomo de la Confederación Suiza adscrito al Departamento Federal de Justicia y Policía, es un prestigioso centro de consulta jurídica y derecho extranjero internacional con sede en Lausana (Suiza) al que acuden jueces y fiscales en ese país para conocer el marco legal en el que se mueven los delitos transnacionales que investigan.
Las investigaciones abiertas por la Fiscalía del Supremo se han demorado también más de lo previsto por el propio ministerio público debido, sobre todo, a las dos regularizaciones fiscales presentadas por Juan Carlos I el año pasado para intentar evitar la imputación de un delito fiscal.
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