Tropas estadounidenses vigilan la frontera con México en El Paso, Texas, el pasado 31 de diciembre.Giovanna Dell’Orto (AP)
El presidente Joe Biden visita la frontera este domingo por primera vez desde que llegó a la Casa Blanca. Su breve estancia en El Paso, camino a una cumbre de líderes norteamericanos en Ciudad de México, estará marcada por la herencia que le dejó Donald Trump. El presidente demócrata ha tratado durante dos años de moldear una política migratoria, pero la realidad lo ha obligado a seguir el guion escrito por su antecesor. Especialmente en lo que respecta a el Título 42, una norma sanitaria de la que Biden ha tratado de deshacerse, pero que se ha visto obligado a mantener por el Poder Judicial. Este jueves, anunció que la gestión de la frontera se endurecerá. Se permitirá el acceso de 30.000 inmigrantes que cuenten con un patrocinador en Estados Unidos, pero el país retornará a México a la misma cantidad de personas cada mes que cumpla con los requisitos.
El fin de 2022 ha sido especialmente duro en la frontera. El año cerró con los mayores números de inmigración ilegal vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Fueron más de dos millones de encuentros, un eufemismo a las detenciones que ha hecho la Patrulla Fronteriza. El flujo ha sido impulsado por lo que el Departamento de Seguridad Interior ha llamado un “éxodo sin precedentes” de personas que salen de Cuba, Nicaragua y Venezuela. “Son naciones en crisis y con regímenes autoritarios represivos que no aceptan la devolución a gran escala de sus ciudadanos”, señaló el viernes Blas Nuñez Neto, el secretario interino de Política Fronteriza e Inmigración de Seguridad Interior.
El funcionario aseguró que cada día, a lo largo de la frontera, las autoridades estadounidenses contabilizaban entre 7.000 y 8.000 encuentros diarios de inmigrantes irregulares. “También estamos viendo un aumento significativo de la migración marítima desde Cuba y Haití. Se están agotando los recursos de la Patrulla Fronteriza”, aseguró Nuñez Neto. El presidente Biden se quejaba el jueves ante la prensa que los republicanos le han rechazado un plan para la frontera que contemplaba 3.500 millones de dólares y fondos para contratar a 200 nuevos funcionarios para dar trámite a las peticiones de asilo, así como la creación de 100 nuevos jueces de inmigración.
Así que sin posibilidad de retornar al grupo más nutrido de personas que llega a Estados Unidos, México se ha visto obligado a jugar un incómodo papel de sala de contención para su vecino del norte. Esto ha elevado la presión sobre un sistema de asistencia mexicano cada vez más saturado. En paralelo, ambos gobiernos han ido anunciando medidas para aliviar la crisis humanitaria en la frontera a través, sobre todo, de abrir la mano a los cupos de visados legales. El último paquete anunciado este jueves por Biden camina en esa dirección como paso previo a la cumbre que lo reunirá con Andrés Manuel López Obrador, el mandatario mexicano, y Justin Trudeau, el primer ministro canadiense.
Biden anunció en octubre un cupo de 24.000 visas de carácter humanitario para venezolanos, una de las nacionalidades que más ha crecido entre los inmigrantes. La medida, una réplica de las acciones de ayuda a la migración ucraniana, fue la semana pasada ampliada con hasta 30.000 visados al mes para quien proceda de Venezuela, Cuba, Nicaragua o Haití y pueda demostrar lazos o arraigo con el país. La otra cara de la moneda será un endurecimiento de los castigos para los que no cumplen los criterios tasados: serán expulsados “rápidamente” y se les prohibirá la entrada a Estados Unidos por cinco años.
La migración será uno de los ejes principales de la agenda, donde previsiblemente se desgranará con mayor detalle el plan de invertir 23 millones de dólares en cooperación al desarrollo, la medula de un nuevo pacto migratorio que aspira a atajar las raíces socioeconómicas de la migración. Pero algunas organizaciones civiles han criticado el nuevo anuncio del mandatario estadounidense. Los colectivos toman con un grano de sal el anuncio de Washington de permitir el paso de 30.000 ciudadanos, pues el Gobierno no ha podido cumplir algunas de sus promesas anteriores. Entre estas, el aumento del número de refugiados que EE UU acogerá en los próximos años. Una cifra a la que no ha llegado a pesar de haberlo anunciado en septiembre de 2021.
“Los nuevos visados un punto importante a favor de México, que ha conseguido arrancar un acuerdo concreto después de muchas negociaciones y en línea con sus objetivos de ampliar las vías legales de la migración”, apunta Eurídice Rendón, experta en seguridad. “El perfil de los migrantes centroamericanos o caribeños no es el de los ucranianos, a los que sí es realista pedirles pasaporte, unos ingresos mínimos o llegar en avión”, añade. Las autoridades estadounidenses no han publicado de momento los datos concretos sobre el número de visados que efectivamente han concedido, aunque han registrado una considerable bajada en las entradas irregulares de migrantes venezolanas.
Para la profesora de Estudios Globales en la universidad neoyorquina The New School, Alexandra Délano, “el aumentar el tope de visados es positivo, pero no es suficiente. Hace falta un cambio estructural, una reforma a fondo que atienda a un fenómeno migratorio cada vez más amplio y complejo que vaya más allá de la lógica de la seguridad y el control de la frontera. “No vemos, por ejemplo, que haya más inversión, el esfuerzo de recursos sigue recayendo sobre todo en las organizaciones civiles”, señala Délano.
La frontera, no obstante, tiene más aristas más allá de la humanitaria. La seguridad será otro de los motivos de estira y afloja entre los mandatarios. Lo advirtió Biden, el jueves, al recordar que los encargados de las aduanas en EE UU han decomisado desde agosto más de nueve kilos de fentanilo, “suficiente para matar a 1.000 personas”, de acuerdo al mandatario. La DEA, la agencia antidrogas, aseguró que durante 2022 incautaron más de 379 millones de dosis mortales (dos miligramos es suficiente) del opiáceo sintético, lo que es suficiente para matar a toda la población de Estados Unidos (más de 330 millones de personas). El material capturado por las autoridades el año pasado es más del doble de lo incautado en 2021.
La DEA responsabiliza de esta epidemia, que se ha cobrado la vida de más de 100.000 estadounidenses en los últimos 12 meses, al tráfico de drogas impulsado por los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Estas organizaciones producen el químico con precursores comprados a China. Este jueves, Sinaloa vivió momentos de pesadilla después de que las Fuerzas Armadas mexicanas capturaran a Ovidio Guzmán, conocido como El Ratón, uno de los líderes del cártel sinaloense. Su captura coincide con la visita de Biden.
México y EE UU inauguraron a comienzos de año pasado un nuevo plan binacional de seguridad, el Acuerdo Bicentenario, más volcado sobre el papel a la prevención y la colaboración; y del que dependen en gran medida los presupuestos destinados a la agenda bilateral migratoria. “De momento hemos visto anuncios retóricos más que cambios concretos”, añade Rendón. Mientras tanto, México sigue disparando sus cifras de deportaciones y tanto su frontera sur como norte siguen igual o más blindadas que con Trump. Entre octubre y noviembre, López Obrador desplegó a más de 32.000 efectivos entre militares y Guardia Nacional, récord de los últimos dos años. Al otro lado de la frontera, en territorio estadounidense, la línea también tenía aspecto de estar militarizada. Así terminó 2022.
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