La norma no cita a ningún país en concreto, pero hay pocas dudas sobre para quién está pensada principalmente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprueba este jueves una orden ejecutiva que reforzará el blindaje de sectores punteros como la computación cuántica, la inteligencia artificial, la biotecnología, el procesamiento masivo de datos y la ciberseguridad, entre otros, frente a la inversión extranjera procedente de países rivales. Alega para ello razones de seguridad nacional.
Fuentes del Gobierno subrayan que Estados Unidos da la bienvenida a la inversión extranjera y, de hecho, Biden ha aplaudido y presentado algunas de gran cuantía en los últimos meses. Sin embargo, “ciertas inversiones en Estados Unidos de personas extranjeras, en particular de naciones competidoras o adversarias, pueden presentar riesgos para la seguridad nacional”, explican.
Estados Unidos cuenta ya con una Comisión sobre Inversión Extranjera (CFIUS) creada en 1975 y presidida por la secretaria del Tesoro, en la actualidad Janet Yellen. La nueva orden la desarrolla y reconoce explícitamente que algunos países utilizan la inversión extranjera para obtener acceso a datos y tecnologías sensibles con fines perjudiciales para la seguridad nacional de Estados Unidos. La pandemia, la invasión rusa de Ucrania y la creciente rivalidad estratégica y económica con China han llevado a la Casa Blanca a señalar algunos factores concretos a tener en cuenta a la hora de supervisar y autorizar inversiones extranjeras en el país.
En realidad, la Comisión ya podía llegar a la conclusión de que esas inversiones dañaban la seguridad nacional y los poderes que ya le confería la ley no cambian, pero la orden establece materias a tener en cuenta que guiarán su actuación. “Estamos lanzando un claro mensaje”, explican fuentes del Gobierno, que señalan que desde ahora el análisis de la comisión pondrá el foco más en materias como los datos y la tecnología más avanzada.
“Reforzar nuestras cadenas de suministro y protegerlas contra las amenazas extranjeras mejora nuestra seguridad nacional”, ha señalado Yellen en un comunicado. “También reafirma la misión de la CFIUS de proteger el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y la seguridad de los datos sensibles de nuestros ciudadanos frente a las amenazas emergentes”, ha dicho.
El Gobierno de Biden se ha estado planteando poner límites también a las inversiones de empresas estadounidenses en algunos países extranjeros en la medida en que puedan suponer una transferencia de tecnologías críticas a potencias rivales. Una iniciativa en ese sentido naufragó en el Congreso y por ahora no hay una decisión al respecto, pero el análisis sigue en marcha. Biden ya prohibió el año pasado a ciudadanos y empresas estadounidenses invertir en 59 firmas chinas del sector de la seguridad y la defensa, con el objetivo de atajar las amenazas que suponen para la seguridad nacional de Estados Unidos. La orden aprobada ahora se refiere a inversiones extranjeras en Estados Unidos.
Cinco factores a considerar
El decreto señala directamente cinco grupos de factores a tener en cuenta. En primer lugar, el potencial impacto sobre las cadenas de suministro, esto es, las inversiones que transfieren a una persona extranjera la propiedad, los derechos o el control de determinadas capacidades de fabricación, servicios, recursos minerales críticos o tecnologías que son fundamentales para la seguridad nacional en sentido amplio. Es un asunto que se ha puesto especialmente de relieve con la pandemia y el atasco global en los suministros que produjo.
En segundo lugar, el efecto de una inversión en el liderazgo tecnológico de Estados Unidos en áreas como la microelectrónica, la inteligencia artificial, la biotecnología, la computación cuántica, la energía limpia avanzada y las tecnologías de adaptación al clima. La Comisión considerará si una inversión “podría razonablemente dar lugar a futuros avances y aplicaciones en la tecnología que podrían socavar la seguridad nacional, y si una persona extranjera involucrada en la transacción tiene vínculos con terceros que puedan suponer una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”.
En tercer lugar, las tendencias en inversiones industriales que puedan convertirse en una amenaza. El Gobierno explica que una operación por sí sola puede no parecer peligrosa, pero prestará atención a si se producen múltiples adquisiciones o inversiones en un mismo sector o en sectores afines.
Los posibles riesgos de ciberseguridad derivados de inversiones extranjeras son el cuarto factor que la orden llama a tener en cuenta.
Por último, la orden subraya que los datos son una herramienta cada vez más poderosa para la vigilancia, el rastreo, el seguimiento y la selección de personas o grupos de personas, con efectos potencialmente adversos para la seguridad nacional. La Comisión deberá considerar si una inversión extranjera permite explotar dicha información en detrimento de la seguridad nacional, incluso mediante el uso de medios comerciales o de otro tipo.
Preguntados sobre si estos criterios lanzan el mensaje a China de que Estados Unidos ha dejado de ser un país tan abierto a sus inversiones como hasta ahora, cargos del Gobierno de Biden señalaron que la normativa no está específicamente dirigida a un país en concreto y que las operaciones se analizarán caso a caso. “No hay nada específico sobre China en esta orden. Dicho eso va a ser importante de dónde vengan as inversiones y quiénes sean los inversores”, han añadido. “Algunos países explotan nuestro ecosistema de inversión abierto para promover sus propias prioridades de seguridad nacional de forma directamente contradictoria con nuestros valores e intereses”, explican.
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