La Administración de Joe Biden instensifica la presión sobre el régimen cubano. El Departamento del Tesoro ha anunciado este jueves sanciones contra el ministro de Interior, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional (BEN), unidad de especial conocida como boinas negras, por la represión ejercida por las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones que el 11 julio sacaron a la calle a miles de ciudadanos. El castigo eleva la tensión entre Washington y La Habana, que ha vivido las mayores movilizaciones contra el castrismo desde la crisis de los años noventa. Las palabras de Biden este jueves, nada más publicarse las penalizaciones, apuntan que la crisis tardará en remitir: “Esto es solo el principio, Estados Unidos seguirá sancionando a los individuos responsables de la opresión sobre el pueblo cubano”, ha dicho en un comunicado.
Las penalizaciones se hicieron públicas al poco de comenzar los juicios en Cuba contra los manifestantes y se enmarcan en la Ley Global Magnitsky, aprobada por el expresidente Barack Obama en 2012, que persigue a los perpetradores de delitos graves de abusos contra los derechos humanos y de corrupción en todo el mundo. Como consecuencia de la sanción, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Tesoro congela las propiedades e intereses del ministro. En su comunicado, el departamento que dirige Janet Yellen acusa al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que dirige López Miera, de haber “atacado a manifestantes y arrestado o hecho desaparecer a alrededor de un centenar en un intento de suprimir las protestas”
La era Biden no es una continuación de la de Barack Obama respecto a La Habana, en la que el actual mandatario sirvió como vicepresidente. El republicano Donald Trump finiquitó el deshielo iniciado por su predecesor en 2015 y estableció restricciones en viajes y comercios, entre otros, que ahora Biden ha mantenido. La represión ejercida en las protestas de hace unas semanas ha llevado al iniquilino de la Casa Blanca a ir más allá y tomar estas dos medidas, de momento, selectivas.
El demócrata recibe fuego cruzado. Por un lado, miembros del Congreso y de movimientos de cubanoamericanos que piden mano dura contra el régimen castrista. Por otra parte, voces desde el flanco izquierdo de su partido, como de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que defiende una suavización del embargo para evitar perjudicar a la población.
El Departamento de Estado avanzó el miércoles que Washington estudiaba imponer penalizaciones. “Como ordenó el presidente Joe Biden, aplicaremos sanciones de gran impacto a las autoridades cubanas que orquestaron estas violaciones de derechos humanos”, dijo la número dos del departamento de Estado para América Latina, Julie Chung.
En un mensaje en Twitter que firmó con sus iniciales, la responsable de la diplomacia para esa región publicó además una foto junto a la opositora cubana Rosa María Payá, hija del fallecido activista Oswaldo Payá, con quien dijo que se reunió para conversar “sobre este momento inédito para el pueblo cubano y la urgencia de tomar acción y hacer rendir cuentas”. “Están matando a nuestros hermanos y hermanas en la isla”, denunció Payá a principios de la semana durante una audiencia en el Congreso estadounidense.
“Nos centraremos en aplicar sanciones fuertes al régimen responsable de la brutal represión”, aseguró Chung en otra serie de tuits. En los mensajes colgados en la red social, Chung detallaba algunos de los elementos que van a ser claves dentro de la actuación de la Casa Blanca respecto a Cuba. Se pretende crear un grupo para averiguar cómo se puede llevar el dinero que los familiares de cubanos envían a la isla “directamente al bolsillo del pueblo cubano”. “Debemos evitar que las remesas de cubanos caigan en manos de los opresores”, prosiguió Chung.
Por su parte, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el demócrata Bob Menéndez, pidió el miércoles “sanciones selectivas” contra todo miembro de las fuerzas del orden de Cuba “cómplice de perpetuar la represión” en la isla, que dura ya más de seis décadas.
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