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Biden pacta con México una nueva política migratoria para Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití

EL PAÍS

La inmigración irregular a Estados Unidos batió récords el año pasado y se ha convertido en uno de los flancos por los que la oposición ha atacado más insistentemente al presidente, Joe Biden. Los republicanos dicen que el país sufre “una invasión” y quieren procesar políticamente al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Biden ha decidido tomar nuevas medidas para reforzar el control de la frontera con México y a cambio promete ofrecer nuevas vías de inmigración legal, especialmente a personas que puedan demostrar lazos o arraigo con Estados Unidos y que procedan de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, según han adelantado altos cargos del Gobierno. El presidente hará hoy anuncios al respecto y viajará a El Paso (Texas) este domingo, en su primera visita a la frontera desde que ocupa el cargo.

Altos cargos del Gobierno aseguran que el nuevo paquete de medidas no tiene precedentes. Una de las medidas estrella es la extensión del proceso que permite a personas radicadas en Estados Unidos solicitar en nombre de un ciudadano de Venezuela que inmigre si demuestra que se cuenta con los medios de vida o el apoyo local necesario para subsistir. Esa medida se extiende ahora a los nacionales de Nicaragua, Haití y Cuba. “Hasta 30.000 personas al mes de estos cuatro países, que tengan un patrocinador que reúna los requisitos y superen los controles de antecedentes, podrán venir a Estados Unidos por un periodo de dos años y recibir autorización para trabajar”, señalan fuentes del Gobierno.

Las personas que crucen irregularmente la frontera de Panamá, México o Estados Unidos después de la fecha de este anuncio no podrán acogerse al proceso y serán expulsadas a México, que aceptará el retorno de 30.000 personas al mes de estos cuatro países que no utilicen estas nuevas vías, añaden las mismas fuentes.

Además, el Gobierno planea acoger hasta 20.000 refugiados de países latinoamericanos y caribeños durante los años fiscales 2023 y 2024, lo que sitúa a Estados Unidos a un paso de triplicar con creces las admisiones de refugiados procedentes del hemisferio occidental.

Biden utilizará el llamado Título 42 que ha tratado de derogar por ahora sin éxito, para agilizar las expulsiones en caliente de inmigrantes. Esa una norma impulsada durante la presidencia de Donald Trump al inicio de la pandemia, aduciendo motivos sanitarios. El Tribunal Supremo ha decidido mantenerla cautelarmente en vigor en una decisión reciente. Para cuando se levante finalmente (si eso ocurre), el Gobierno de Biden planea lanzar un portal de citas online para reducir el hacinamiento y los tiempos de espera en los lugares de entrada a Estados Unidos. En todo caso, el Gobierno anuncia que, con efecto inmediato, las personas que intenten entrar en Estados Unidos sin permiso, carezcan de base legal para permanecer en el país y no puedan ser expulsadas en virtud del Título 42 “estarán cada vez más sujetas a expulsión acelerada a su país de origen y a una prohibición de reingreso de cinco años”.

Altos cargos del Gobierno de Biden aseguran que todas estas medidas servirán para aumentar la seguridad en la frontera y reducir el número de personas que cruzan ilegalmente, al tiempo que ampliarán y agilizarán las vías legales para la migración ordenada.

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La Administración aumentará los recursos para la frontera y está ampliando sus operaciones de lucha contra el contrabando. “Es importante destacar que las medidas anunciadas hoy se están aplicando en estrecha colaboración con México y los gobiernos de todo el hemisferio occidental. Aunque estas medidas ayudarán a resolver algunos de los problemas más graves de la frontera suroeste, no solucionarán todos los problemas de un sistema de inmigración que lleva demasiado tiempo sin funcionar”, señalan altos cargos del Gobierno, que contraatacan las críticas republicanas: “Eso solo puede ocurrir si los republicanos del Congreso, que se han pasado los dos últimos años hablando de seguridad fronteriza, dejan de bloquear la reforma integral de la inmigración y las medidas de seguridad fronteriza que el presidente Biden propuso en su primer día en el cargo, y de oponerse a los miles de millones de dólares en fondos adicionales que el presidente ha solicitado para la seguridad y la gestión de las fronteras”. “A diferencia de algunos republicanos que juegan a juegos políticos y obstruyen soluciones reales para arreglar nuestro sistema de inmigración roto, el presidente Biden tiene un plan y está tomando medidas”, añaden.

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