El presidente de Estados Unidos rectifica. El pasado 13 de marzo, tras la caída del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, dijo que iba a pedir “al Congreso y a los reguladores” endurecer la regulación para que no se repitiesen otros casos similares. Este jueves ha concretado la lista de tareas que considera necesario acometer, pero con un matiz importante: el Congreso sale de la ecuación. “Cada uno de estos puntos se puede lograr bajo la ley en vigor”, ha reconocido la Casa Blanca. Es decir, la regulación que defiende cabe en la legislación reformada por el Congreso en la etapa de Donald Trump como presidente.
Las peticiones de Biden se dirigen ahora a la Reserva Federal “en consultas con el Tesoro”, es decir, a un organismo independiente en consultas con su propia Administración. Pese a ello, la Casa Blanca ha decidido utilizar políticamente la caída de esos dos bancos para culpar al anterior presidente, Donald Trump, aunque sea con cierta confusión sobre las competencias que le corresponden a cada cual.
Durante las recientes comparecencias en el Congreso del vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, del presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) y de una subsecretaria del Tesoro se ha puesto de manifiesto que la legislación en vigor permitía una supervisión más dura que la que llevó a cabo el banco central. Y que incluso con la regulación existente, detectó los problemas en 2021 e instó a los directivos a aplicar medidas correctivas, pero sin que llegado marzo de 2023 lo hubieran hecho. “No me suena a un proceso de supervisión muy urgente”, dijo el representante French Hill, republicano de Arkansas. Y el también republicano Blaine Luetkemeyer, congresista por Misuri, insistió en esa línea: antes de promulgar nuevas normas estrictas para los bancos, “¿qué tal si primero hacemos cumplir las que ya existen?”.
Pese a ello, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha asegurado este martes que la caída de los dos bancos se debe, según “los expertos”, a los cambios regulatorios de la era Trump. En un cambio legal aprobado en 2018 por el Congreso, con apoyo no solo republicano, sino también de un buen número de congresistas demócratas, se concedió a la Reserva Federal más flexibilidad a la hora de graduar la supervisión de los bancos medianos, con activos de 100.000 a 250.000 millones de dólares.
La nueva ley eximió la necesidad de cumplir ciertos requisitos de liquidez al Silicon Valley Bank, y en ese sentido debilitó su posición, pero la caída del banco se debió sobre todo al perfil especial del banco, a torpezas de los gestores y a una acelerada fuga de depósitos. Y también eliminó la necesidad de hacer pruebas de resistencia a esos bancos, pero el vicepresidente de Supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, aseguró en el Senado que esas pruebas, tal y como están diseñadas, no habrían servido para prevenir la caída del Silicon Valley Bank.
En todo caso, la ley aprobada en 2018 daba al banco central capacidad para ser más exigente en la regulación y en la supervisión. Biden es consciente de que ni siquiera entre sus congresistas tendría suficiente apoyo para cambiarla. Así que la lista de tareas que ahora pone la Casa Blanca son deberes sobre todo para Jerome Powell, que fue nombrado por Trump, pero que ocupa ahora su puesto porque fue confirmado por Biden y el Senado bajo control demócrata para un segundo mandato.
Las recomendaciones de la Casa Blanca van en la línea de las que los congresistas han pedido esta semana a las autoridades en sus comparecencias en el Capitolio y que estas han admitido que eran necesarias. La propia Reserva Federal ha abierto una investigación interna y está esperando a sus conclusiones para formular propuestas de mejora de la regulación y supervisión, pero la Casa Blanca ha preferido adelantarse.
Liquidez y capital
Biden pide más requisitos de liquidez y pruebas de estrés. “El estrés de liquidez de Silicon Valley Bank contribuyó a su quiebra y se transmitió rápidamente a otros bancos. Se alienta a los reguladores bancarios a considerar el restablecimiento de estos requisitos y el uso de rigurosas pruebas de estrés de liquidez que tengan en cuenta los riesgos de retiros más rápidos en un entorno en línea siempre activo”, dice la Casa Blanca.
Otra petición son pruebas de resistencia para la solvencia. “Cuando Silicon Valley Bank quebró, nunca se había sometido a una prueba de estrés de capital exhaustiva a pesar de que tenía más de 200.000 millones de dólares en activos. La preocupación por los niveles de capital del banco contribuyó a la pérdida de confianza y a la retirada de depósitos”, aseguran en el Gobierno de Biden, aunque esa preocupación bastante poco tenía que ver con los resultados de unas pruebas.
Los reguladores también eliminaron durante el mandato de Trump el requisito de que los holdings bancarios en el rango de tamaño de 100.000 a 250.000 millones de dólares, como la matriz de Silicon Valley Bank, presentaran planes integrales de resolución (también conocidos como “testamentos vitales”) y afirmaron que la quiebra de estos bancos no amenazaría al sistema financiero. “Pero las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank han demostrado claramente que las quiebras de bancos de este tamaño pueden plantear un riesgo sistémico. Por ello, los bancos y las sociedades de cartera de este tamaño deberían tener que presentar planes que describan cómo podrían liquidarse sin transmitir tensiones al resto del sistema bancario”, sostiene Biden.
La Casa Blanca reclama también colchones de capital suficientes para absorber posibles pérdidas en situaciones de estrés como las que ha sufrido Silicon Valley Bank. “Queda trabajo por hacer para aplicar plenamente las normas de capital posteriores a la crisis financiera”, admite.
Biden pone algunas tareas más relativas a la supervisión y a las dotaciones al fondo de garantía de depósitos y deja claro que todo ello es posible con la legislación de la era Trump. Aun así, concluye: “Es importante establecer salvaguardias de sentido común para revertir el debilitamiento perjudicial de las salvaguardias y la supervisión bancarias por parte de la Administración Trump y ayudar a garantizar que los bancos comunitarios y regionales sigan siendo resistentes y continúen apoyando a las pequeñas empresas y los empleos”.
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