Joe Biden, este viernes en la Casa Blanca.Associated Press/LaPresse
Evan Vucci (APN)
“Este tribunal no es normal”. Al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le acababan de preguntar si consideraba que el Supremo era un tribunal corrupto y Biden no llegó a tanto. Durante esta semana, ha mostrado su indignación ante las tres sentencias con las que la supermayoría conservadora del Supremo ha continuado la revolución conservadora en que se embarcó ya el año pasado con las sentencias sobre el aborto, las armas de fuego y la lucha contra el cambio climático, entre otras. Un Biden desafiante, además, busca la manera de enfrentarse al tribunal y sortear las decisiones de los jueces con medidas alternativas, aunque no es fácil contrarrestar su efecto.
El presidente compareció el jueves para criticar la sentencia que elimina la discriminación positiva racial en el acceso a la universidad y encargó al Departamento de Educación nuevas pautas de admisión para lograr campus más inclusivos y diversos. “No podemos permitir que esta decisión sea la última palabra”, dijo. El viernes se plantó de nuevo contra la sentencia que anulaba la condonación parcial de la deuda estudiantil y anunció que usará otra vía legal para volver a aprobar esa quita: “La decisión de hoy ha cerrado un camino. Ahora vamos a seguir otro. Nunca voy a dejar de luchar por vosotros“, dijo.
En su intervención, Biden atacó una y otra vez a los republicanos, a los que acusó de “arrebatar la esperanza” a millones de estudiantes tras haberse beneficiado de quitas millonarias en los préstamos de la pandemia. “La hipocresía es impresionante”, siguió, “simplemente no podían soportar la idea de proporcionar alivio a los estadounidenses de clase media y trabajadora”.
La revolución conservadora del Supremo marcará la política estadounidense durante años. Los demócratas confían en que se repita la historia de las legislativas de 2022, cuando la sentencia del aborto provocó una reacción que sirvió para movilizar a su electorado. Las nuevas decisiones del Supremo pueden permitir a Biden movilizar la ira de los votantes latinos, negros y jóvenes ante una reelección de 2024 que se presenta complicada.
Hasta esta semana, el curso judicial parecía tranquilo. Varias decisiones unánimes y otras en que algunos jueces conservadores habían unido fuerzas con los progresistas daban la imagen de un tribunal algo más centrado y con voluntad de consenso. En las decisiones clave, el ultraconservador Clarence Thomas se había quedado en minoría más veces que las juezas progresistas. Era un espejismo. El curso se ha cerrado con un volantazo a la derecha sin complejos y con agrias palabras cruzadas entre el sector conservador y el progresista del tribunal, en lo que en ocasiones ha parecido algo personal, como en el caso de los ataques cruzados entre los dos miembros negros del tribunal, Clarence Thomas y Ketanji Brown Jackson.
Las tres sentencias de esta semana que han dividido al tribunal en dos bloques ideológicos han sido la de la discriminación positiva (que algunos progresistas y algunos abogados temen que tenga eco más allá de la universidad y afecte a las políticas de diversidad e inclusión de las empresas), la que anula la condonación de 10.000 a 20.000 dólares de la mayoría de préstamos estudiantiles y la que concedió a una diseñadora de páginas web una “licencia para discriminar“ a parejas homosexuales, como la califica Ben Olinsky, vicepresidente del Center for American Progress.
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SuscríbeteBatallas culturales
Este último caso refleja el tipo de batallas culturales que la mayoría conservadora del tribunal está dispuesta a dar. Ninguna pareja del mismo sexo le había pedido una web para su boda a la diseñadora. Ni siquiera hacía webs para bodas. Era todo un caso prefabricado a medida e impulsado por un grupo ultraconservador para ganar una batalla contra la comunidad LGTBI.
Antes de la traca final, en varios casos importantes, jueces conservadores y progresistas habían unido fuerzas para rechazar las pretensiones más extremas presentadas ante el tribunal por republicanos y grupos conservadores. Juntos validaron políticas migratorias de deportación del Gobierno de Biden. También rechazaron un agresivo mapa electoral de Alabama que perjudicaba al voto negro. Y asimismo hicieron oídos sordos a una aún más agresiva teoría electoral trumpista, la doctrina de la legislatura estatal independiente, que amenazaba con socavar los cimientos de la democracia al dejar sin control de los tribunales estatales las normas y decisiones electorales que dictasen sus parlamentos. Conservadores y progresistas juntos respaldaron también una ley de bienestar infantil para los nativos americanos en una disputa sobre adopción.
Además, hubo unanimidad en otras decisiones importantes, como la que mantuvo el blindaje de las redes sociales por el contenido que publican sus usuarios o la que respaldó (si no supone una carga excesiva para la empresa) los derechos religiosos de un repartidor que no quiere trabajar los domingos por su fe.
Han sido las tres últimas sentencias las que han recordado que la mayoría conservadora —lograda con algo de juego sucio de los republicanos gracias a los tres nombramientos de Donald Trump durante su mandato— está ahí para quedarse. Desde Richard Nixon, ningún presidente había podido nombrar tantos magistrados del Supremo. Pese a que los republicanos solo han ganado en voto popular en unas elecciones presidenciales desde 1992 (las de 2004 con George W. Bush), el Supremo tiene seis jueces conservadores por tres progresistas.
“Después de un esfuerzo de varias décadas, financiado por intereses especiales para remodelar el poder judicial federal, la derecha fanática trumpista ha capturado el Tribunal Supremo y ha logrado políticas peligrosas y regresivas que nunca podrían conseguir en las urnas”, ha dicho esta semana Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, mientras Trump y los republicanos celebraban cada sentencia polémica.
El tribunal es relativamente joven (los magistrados conservadores de más edad son Clarence Thomas, de 75 años, y Samuel Alito, de 73) y los puestos son vitalicios. Algunos congresistas demócratas han propuesto ampliar su composición o limitar los mandatos, pero Biden no tiene ni mayoría para aprobarlo ni ganas de hacerlo. Considera que solo serviría para politizar más la justicia.
Las juezas progresistas han levantado su voz en los votos particulares. “En todos los aspectos, el Tribunal hoy excede su papel apropiado y limitado”, escribió Elena Kagan sobre la sentencia de los préstamos universitarios. La decisión “hace retroceder décadas de precedentes y progresos trascendentales”, dijo Sonia Sotomayor sobre la de la discriminación positiva. “Es erróneo, profundamente erróneo”, sostuvieron las tres juezas progresistas acerca del fallo de la diseñadora web.
“Creo que el tribunal ha malinterpretado la Constitución”, dijo Biden este viernes en una intervención que sorprendió a expertos como Noah Rosenblum, profesor asociado de la NYU School of Law. “Es una confrontación muy directa con el Tribunal, mucho más que después de Dobbs [la sentencia del aborto]. Algo salvaje”, sostiene Rosenblum.
Viajes escandalosos para jueces
El Tribunal Supremo no ha sido noticia este curso judicial solo por sus sentencias polémicas, sino también porque varios escándalos han puesto en cuestión la credibilidad ética de algunos de sus magistrados. Revelaciones periodísticas han mostrado que dos jueces del ala conservadora, Clarence Thomas y Samuel Alito, han recibido invitaciones y regalos de lujo que no declararon por parte de grandes donantes republicanos.
ProPublica desveló que Thomas se ha beneficiado durante 20 años junto a su esposa, Victoria Ginni Thomas, de estancias en hoteles de lujo, vuelos en avión privado y cruceros gracias a la generosidad de su multimillonario amigo Harlan Crow, un magnate inmobiliario y destacado donante republicano. En el caso de Alito, voló a Alaska para un viaje de pesca en un avión privado en 2008 que pertenecía a un gestor de fondos que litigó en repetidas ocasiones ante el Supremo. Alito no se abstuvo y alega ignorancia.
En mayo, el presidente del Supremo, John Roberts, dijo, sin ofrecer detalles concretos, que el Tribunal puede hacer más para “adherirse a los más altos estándares” de conducta ética. Los demócratas pidieron en el Congreso más regulación y transparencia.
”Este Tribunal Supremo capturado por el movimiento MAGA [por el lema de Trump]se siente libre para aceptar lujosos regalos y vacaciones de sus poderosos y grandes amigos, mientras se niegan a ayudar a los estadounidenses de a pie”, denunciaba este viernes Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado.
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