“Tengo una pluma que puede vetar”. Cuando los demócratas perdieron el control de la Cámara de Representantes, el presidente de Estados Unidos ya dejó claro que no pasaría por el aro de leyes que no compartiese. Con el Senado relativamente controlado, Joe Biden no había necesitado hasta ahora usar la pluma de vetar, pero este lunes se ha estrenado. El asunto vetado no tiene que ver con los impuestos, las armas de fuego, la seguridad social, el aborto, la inmigración u otro de los grandes temas que domina la política estadounidense, sino con los criterios de inversión sostenible, los conocidos como ESG (iniciales en inglés de medioambiente, social y gobernanza).
Los republicanos han declarado la guerra a la inversión sostenible y la han convertido en campo de batalla de la guerra cultural. Muchos de ellos consideran que es una forma de imponer por la puerta de atrás la agenda progresista en temas como la lucha contra el cambio climático o la igualdad de derechos. Por ello, con su mayoría en la Cámara de Representantes y con la ayuda de algún demócrata disidente en el Senado, votaron una resolución para que los gestores de fondos de pensiones no pudieran tener en cuenta los criterios ESG al tomar decisiones sobre sus inversiones, como permite una norma dictada por el Departamento de Trabajo que la oposición quería derogar.
Era una disputa más teórica que práctica. La norma que los republicanos querían anular no obliga a tomar en consideración los criterios de sostenibilidad, sino que simplemente permite hacerlo. Por otro lado, a la hora de asignar activos, los gestores deben guiarse por el beneficio de los partícipes, pero nadie les pide cuentas de sus decisiones. Si creen que las empresas que respetan criterios de sostenibilidad tienen mejor futuro, pueden invertir en ellas. Así que aunque se hubiera anulado la norma del Departamento de Trabajo, el efecto práctico habría sido escaso.
Biden ha devuelto al Congreso sin su aprobación la resolución que le habían enviado para firmar. En el sistema de equilibrios y contrapesos estadounidense, el presidente puede negarse a promulgar una ley o una resolución menor (como en este caso) aprobada por el Congreso.
El presidente asegura que la norma que los republicanos querían derogar “protege los ahorros de toda la vida y las pensiones duramente ganadas de decenas de millones de trabajadores y jubilados de todo el país”. “Permite a los fiduciarios de los planes de jubilación tomar decisiones de inversión plenamente informadas teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que puedan afectar a una posible inversión, al tiempo que garantiza que las decisiones de inversión tomadas por los fiduciarios de los planes de jubilación maximicen los rendimientos financieros para los jubilados”, señala en su mensaje a la Cámara de Representantes en el que expresa su veto.
Los republicanos sostienen que los criterios ESG son capitalismo woke, como lo denominan despectivamente, en referencia a quienes supuestamente han despertado (woke) ante las injusticias y los problemas sociales y se disponen a combatirlos. Ellos han declarado la guerra a lo woke, así que han puesto en el disparadero a la inversión sostenible. Su acusación es que se está sacrificando la rentabilidad de los partícipes para lograr imponer otros puntos de la agenda progresista.
Biden contraataca en ese terreno: les contesta que existen numerosas pruebas que demuestran que los factores medioambientales, sociales y de gobernanza pueden tener un impacto relevante en los mercados, los sectores y las empresas.
“La resolución liderada por los republicanos obligaría a los gestores de planes de jubilación a ignorar estos factores de riesgo relevantes, haciendo caso omiso de los principios del libre mercado y poniendo en peligro los ahorros de toda la vida de las familias trabajadoras y los jubilados. De hecho, esta resolución impediría a los fiduciarios de planes de jubilación tener en cuenta factores, como los riesgos físicos del cambio climático y el mal gobierno corporativo, que podrían afectar a la rentabilidad de las inversiones”, afirma en su mensaje el presidente, que cree que se debe poder “tener en cuenta cualquier factor que maximice la rentabilidad financiera de los jubilados de todo el país”. “Esto no es polémico, es de sentido común”, concluye.
Biden ha parado el golpe en lo relativo a los planes de pensiones, pero la batalla sigue en otros frentes. Más de una docena de Estados republicanos están promoviendo leyes antiESG que impiden que se gestionen fondos públicos con esos criterios o que se concedan licitaciones a empresas que los apliquen de forma que consideren discriminatoria. Texas, por ejemplo, pretende defender con ello a su potente sector de hidrocarburos.
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