A tres meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos, Joe Biden ha logrado una contundente victoria política con la aprobación, de manera ajustada y tras retoques negociados en el último momento, de la llamada Ley de Reducción de la Inflación. Tanto el contenido de la norma en sí como la aprobación del Senado permiten a los demócratas retomar la iniciativa ante una crecida oposición republicana con vistas a unos importantes comicios donde se renovarán un tercio del Senado —en la actualidad empatan demócratas y republicanos— y la totalidad de la Cámara de Representantes, ahora mismo bajo control demócrata.
La legislación aprobada, pendiente de pasar por la Cámara de Representantes, implica una inversión de unos 430.000 millones de dólares en los próximos 10 años y generará ingresos adicionales por valor de otros 740.000. Solo en materia climática prevé un gasto de 370.000 millones de dólares, sobre todo en subvenciones fiscales para familias y empresas que adopten tecnologías de energía limpia y mejoren la eficiencia energética, lo que puede abrir un pulso con la UE por el coche eléctrico. En cuanto a la ampliación de subsidios —una de las grandes batallas ideológicas entre progresistas y conservadores en EE UU—, ascenderá a 64.000 millones. El objetivo que persigue es facilitar el acceso a los seguros de salud. Las cifras son apabullantes, aunque lo hubiesen sido todavía más de haber logrado culminar el plan inicial de Biden, cifrado en 3,5 billones de dólares y bautizado con el lema “Build Back Better” (“Reconstruyamos mejor”). A pesar de que quedan fuera importantes proyectos de ampliación del Estado del bienestar con guarderías gratis, permisos por maternidad y cuidado de enfermos, entre otras medidas, conviene recordar y destacar que el presidente más viejo de EE UU ha conseguido en menos de dos años lo que Obama y Clinton no lograron en ocho. La filosofía de fondo de ese plan se proyecta a largo plazo y llega alimentada por el fomento de los incentivos frente a la fidelidad a las restricciones. Al margen de las dificultades políticas que haya encontrado, Biden ha iniciado un camino estimulante que retoma el famoso “empuje” que defendieron algunos relevantes asesores de Obama.
El gran impulso que supone el plan demócrata es que el gasto será sufragado principalmente a través de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, para lo cual el servicio de inspección tributaria también verá incrementados sus recursos. Otro aspecto remarcable es un nuevo impuesto mínimo para las grandes empresas. Es decir, se trata de una clara estrategia redistributiva en una sociedad donde la desigualdad está en la base no solo de las dificultades económicas de gran parte de la ciudadanía, sino de las crecientes tensiones sociales. Sin embargo, es dudoso que, pese a su nombre, la ley resulte efectiva para combatir la inflación, otra de las principales causas del descontento con la actual Administración.
En cualquier caso, la aprobación de este plan sitúa a Biden por encima de las rencillas y las negociaciones de vuelo corto y supone una victoria relevante para él y para el futuro de EE UU. Ante una indeseable perspectiva de recesión económica asomando por el horizonte y una agenda social muy conservadora, marcada sobre todo por el Tribunal Supremo, el presidente lanza a los votantes un mensaje ilusionante de realismo, flexibilidad negociadora e iniciativa política que desmonta el destructivo mensaje republicano y la estridencia trumpista ante las cruciales elecciones de noviembre.
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