Un juez federal bloqueó este martes la decisión del gobierno de Estados Unidos de incluir una polémica pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario para la elaboración del censo de 2020.
Según el magistrado Jesse M. Furman, el plan impulsado por el secretario de Comercio, Wilbur Ross, es ilegal por varios motivos, que explica ampliamente en una opinión de 277 páginas.
Gobierno quiere preguntar quiénes son ciudadanos
Su decisión llegó tras un juicio de dos semanas en Nueva York celebrado a raíz de una demanda de varios fiscales generales y alcaldes estadounidenses, que consideraban que la inclusión de esa pregunta generaría miedo entre las comunidades de inmigrantes y haría que el censo terminase por ser inexacto.
El censo, que se renueva cada 10 años, es una herramienta clave a la hora de determinar el reparto de fondos federales, de asignar escaños a la Cámara de Representantes o de decidir la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
Los planes del gobierno de Donald Trump para incluir una pregunta sobre el estatus migratorio habían sido muy criticados por grupos de inmigrantes, organizaciones de derechos civiles y por la oposición.
Ross tomó la decisión de incluir esa cuestión en contra de las recomendaciones de la Oficina del Censo y la ha defendido subrayando que es necesario conocer el estatus legal de los ciudadanos para una mejor comprensión de la población del país e insistiendo en que todas las respuestas son confidenciales.
Los críticos de la medida, por su parte, habían advertido de que la pregunta disuadiría de participar a millones de personas y, por tanto, ofrecería una visión distorsionada del censo, alterando el mapa electoral y el reparto de fondos públicos.
La demanda contra el gobierno federal argumentaba, entre otras cosas, que el plan era un acto discriminatorio intencionado, algo que Ross siempre negó.
El juez, en ese sentido, consideró que las justificaciones del gobierno eran un “pretexto” y señaló las opiniones de expertos que consideran que la pregunta sobre ciudadanía reduciría la participación en el censo de hogares con personas sin ciudadanía y de la comunidad hispana.
“Cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si la pregunta sobre ciudadanía se incluye”, señaló Furman en su opinión, citando el testimonio de expertos.
Según el juez, la decisión de Ross violó los límites de su autoridad y la Ley de Procedimientos Administrativos, por lo que debe ser invalidada.