Un juez federal bloqueó el requisito de trabajo para acceder al Medicaid en dos estados, en una decisión que asesta un revés a una de las principales acciones del gobierno del presidente Donald Trump tendiente a impulsar la autosuficiencia entre los pobres.
El juez James E. Boasberg en Washington determinó en dos fallos que el requisito de trabajo en Arkansas y Kentucky acarrea numerosos obstáculos a la gente de bajos ingresos para que accedan a la atención médica porque, dijo, las autoridades federales y estatales no han dado una solución adecuada.
Boasberg envió de vuelta a sus inicios los planes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés).
El requisito de trabajo está vigente en Arkansas, pero no en Kentucky, donde permanece en suspenso debido a la presentación de demandas. Ambos estados pretenden que los adultos “sin impedimentos físicos” que obtengan seguro médico mediante la ampliación hacia el Medicaid de la Ley de Salud Asequible trabajen, estudien, sean voluntarios o participen en actividades “comprometidas con la comunidad”.
Sin embargo, los activistas a favor de los pobres afirman que el Medicaid es un programa de asistencia médica para los pobres o discapacitados y que por lo tanto no tiene cabida el requisito de trabajo. Boasberg no resolvió el fondo principal del problema.
Sin embargo, el juez escribió que la aprobación hecha por el HHS al requisito en Arkansas fue “arbitrario y caprichoso porque no abordó… si y de qué manera el proyecto incluiría el objetivo ‘principal’ del Medicaid: la cláusula de la cobertura médica para los necesitados”.
El juez utilizó un lenguaje similar en su fallo sobre Kentucky.
A nivel nacional, unas 12 millones de personas están cubiertas por la ampliación del Medicaid, aceptada ahora por más de 30 estados.
Las autoridades en los estados gobernados por el Partido Republicano han argüido que el requisito de trabajo y otras medidas como primas modestas se necesitan para garantizar la aceptación política de la expansión.
El gobierno de Trump alentó inicialmente a los estados a que aplicaran dispensas sobre el Medicaid para hacer cabida al requisito de trabajo.
Las solicitudes de ocho estados fueron aprobadas, aunque no todos han puesto sus programas en marcha, según la Fundación Familia Kaiser, que es ajena a los partidos políticos.
Las solicitudes de otros siete estados están pendientes. En uno de esos estados, Virginia, el requisito de trabajo fue crucial para que el congreso local aprobara la ampliación del Medicaid.
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