Boris Johnson solo es fiel a sí mismo y a su instinto de supervivencia, y el gran error del ala dura del Partido Conservador fue creer que el primer ministro a quien brindaron su apoyo jugaba con las mismas reglas de juego que ellos. En contra del programa electoral —manifiesto, en la terminología política británica— de 2019, que rechazaba cualquier subida de impuestos (tanto del IRPF, como el de Sociedades, IVA o cotizaciones sociales), Johnson ha anunciado este martes un incremento en la recaudación de más de 11.000 millones de euros al año para poder arreglar las carencias de un servicio nacional de salud en quiebra y de un sistema de dependencia ruinoso. “Sí, lo sé y acepto que con esta decisión estoy quebrando la promesa expresada en nuestro manifiesto”, ha dicho el primer ministro en su comparecencia ante la Cámara de los Comunes. “Pero ningún programa electoral podía prever una pandemia global como la que hemos sufrido”.
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Paradójicamente, va a ser un político conservador, con un batiburrillo ideológico mental que mezcla instintos libertarios con ortodoxia thatcherista, el que se adelante a otros colegas europeos y haga lo que la pandemia ha convertido prácticamente en inevitable: subir impuestos. El momento y el modo elegidos para hacerlo, sin embargo, y la justificación de la medida pueden lograr que, para desesperación de sus críticos, Johnson sea capaz de sacar, sin un rasguño, el enésimo conejo de la chistera.
El momento es justo en medio de una inminente crisis de Gobierno, en la que saldrán y entrarán nuevos ministros. El que se mueva no saldrá en la foto, así que solo unos pocos conservadores se han atrevido a airear en público su disconformidad. El modo elegido es el menos perjudicial para las grandes rentas, aunque haya irritado a los empresarios. Será un añadido de un 1,5% a las cotizaciones sociales (National Insurance, o Seguro Nacional, en la terminología británica). Un 60% recaerá en el empleador y un 40% en el empleado.
Es un impuesto sobre el trabajo, cuando más se necesita crearlo, que afectará incluso a los trabajadores sanitarios cuyas condiciones laborales se quieren mejorar. Pero la fórmula, utilizada ya con éxito para el mismo propósito por el laborista Gordon Brown hace más de una década, tiene respaldo popular y sugiere un reparto equitativo de la carga. Comenzará a aplicarse en abril de 2022 y se ha camuflado con el nombre de Tasa de Sanidad y Asistencia Social, para que su carácter finalista camufle lo que es una clara subida fiscal.
“El Seguro Nacional se creó para proteger financieramente a los que ya no podían trabajar, basado en un sistema contributivo al que aportaban empleadores y empleados”, ha dicho Kitty Ussher, la economista jefe de la principal patronal británica, CBI. “No tiene ninguna lógica que se utilice para financiar otra cosa”.
Cinco millones en lista de espera
Johnson ha sentido la presión de su ministro de Economía (y cada vez más claro rival político), Rishi Sunak, quien consideraba difícilmente sostenible una deuda pública que suponía ya, el pasado marzo, un 106% del PIB. Era necesaria una vía extra de financiación para recomponer el maltrecho Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés), y cumplir además con la promesa del primer ministro de reformar y reforzar el sistema nacional de dependencia (Social Care, o Atención Social, que incluye tanto las residencias como los cuidados domésticos).
La lista de espera, solo en Inglaterra, para operaciones o incluso tratamientos rutinarios, supera los cinco millones de personas. Un 90% de pacientes espera un promedio de 44 semanas. Al vincular la financiación de dos servicios públicos tan complementarios a través de un impuesto finalista, Johnson se compromete a reparar un agujero financiero en el NHS que los expertos habían cifrado en más de 17.000 millones de euros (el nuevo impuesto recaudará cerca de 41.000 millones de euros), y consolidar una fuente sólida de ingresos para sostener los servicios de independencia.
El Gobierno conservador se ha comprometido además a rebajar considerablemente el nivel de renta o de patrimonio a partir del cual la gente mayor o los discapacitados podrán obtener atención pública. “Lean mis labios. Los conservadores ya no podrán nunca presumir de ser el partido de los impuestos bajos”, decía en la Cámara de los Comunes el líder laborista, Keir Starmer. Recordaba de ese modo aquella infame promesa del expresidente estadounidense George Bush (”Lean mis labios, no más impuestos”) que le costó la reelección cuando se vio obligado a aumentar la fiscalidad.
Johnson ha roto no una sino dos de sus promesas electorales. Subirá impuestos, y tocará —aunque sea provisionalmente, por un año— el llamado “triple candado de las pensiones”. Según esta regla, impuesta en 2010 por el Gobierno de coalición de conservadores y liberal demócratas, las pensiones subirían cada año lo mismo que la cifra más alta entre la inflación, el nivel salarial medio o un mínimo del 2,5%. Los efectos de la pandemia en el mercado laboral provocaron el pasado año el efecto anómalo de que el nivel salarial medio alcanzara el 8%, y el Gobierno británico ya ha anunciado que no aplicará esa cifra para el próximo año fiscal.
El Gobierno ha anunciado además una subida, también del 1,25%, del impuesto sobre dividendos que pagan a título individual los ciudadanos propietarios de acciones.
El primer ministro ha jugado con una doble ventaja: pocos ciudadanos cuestionarán una subida fiscal repartida y disimulada que sirva para reparar el tan apreciado servicio nacional de salud. Y pocos tendrán en cuenta que Johnson, de nuevo, se haya saltado sus propias promesas.
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