Miembros de Guardia Civil durante la última fase de la Operación Chiron, en Roquetas de Mar (Almería), en julio de 2021.Carlos Barba (EFE)
A lo largo de 2021, la Guardia Civil se incautó en Almería de algo más de 630.000 plantas de marihuana. En 2020 apenas habían sido 34.000. En solo un año la cifra se ha multiplicado por 18, revelando lo que agentes y Fiscalía llevaban tiempo alertando: el espectacular aumento del cultivo de cannabis. Bajo los invernaderos de la provincia, supuestos cultivos legales de cáñamo con fines industriales o médicos en realidad esconden el negocio millonario de la marihuana recreativa, es decir, de la droga.
La provincia andaluza ha pasado de no tener ni una sola hectárea de cáñamo declarada en 2018 a 230 en 2021, según los datos que manejan el Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía. La situación se repite en otros puntos de España, donde se ha multiplicado por ocho la extensión de este cultivo en apenas un lustro, hasta las 570 hectáreas. El crecimiento se centra en Andalucía —con Almería a la cabeza y Cádiz o Granada a la zaga— así como la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha. Solo en Toledo se intervinieron en octubre más de 200.000 plantas en los municipios de La Guardia, Sonseca y Huerta de Valdecarábanos.
Poner coto a la fiebre del cáñamo es, precisamente, uno de los motivos por los que el Ministerio de Interior ha desarrollado el plan contra el tráfico de marihuana. Las incautaciones se han cuadriplicado en cinco años, superando los tres millones de plantas aprehendidas en 2021. Es el récord para un país que ya es el principal productor de Europa. La última memoria de la Fiscalía General del Estado alerta de los numerosos intentos de hacer pasar plantaciones ilegales como plantas de cáñamo para uso industrial en distintos puntos de España. Según Agricultura, Castilla-La Mancha, con 232 hectáreas, y Andalucía, con 174, lideraban la superficie en 2020. Es el último año con datos disponibles, que han quedado desfasados a toda velocidad.
La Fiscalía de Andalucía apunta que el incremento reciente de este cultivo en Almería ha sido “exponencial”. De hecho, de las 630.000 plantas incautadas en 2021 por la Guardia Civil, más de 400.000 proceden de supuestos cultivos de cáñamo. Pero ese balance —que deja otras 11,6 toneladas de marihuana lista para comercializarse y 169 personas detenidas, entre ellas un teniente del instituto armado— es solo la punta del iceberg de lo que ocurre en la provincia. Esos datos no incluyen, por ejemplo, actuaciones impulsadas por otros entes del mismo cuerpo, como el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR), cuya operación Imprevisto halló el pasado verano 5,6 toneladas de marihuana en La Mojonera. A ello se suman las 79.000 plantas encontradas en cultivos bajo techo por la Policía Nacional durante el año pasado, cuando sus agentes arrestaron a 274 personas.
“Las organizaciones criminales que tenían plantaciones bajo techo ahora están comprando fincas e invernaderos para cultivar, supuestamente, cáñamo industrial”, explica María Ángeles Pérez, fiscal delegada antidroga de Almería. Junto a la Guardia Civil ha desarrollado varias operaciones en cultivos con plantas de cannabis cuyos responsables han ofrecido excusas de los más peregrinas para justificarlas, como quienes alegan que forman parte de un “estudio bibliográfico” sobre el cáncer. Otros alegan que están en trámites de pedir las autorizaciones necesarias y no lo han hecho. También hay quien entrega una maraña de documentos e incluye a numerosos intermediarios y destinos en el norte de Europa con empresas que se dedican a cualquier otra cosa menos al cáñamo.
El precio de este producto con fines industriales es muy bajo, por lo que la rentabilidad es escasa comparada con tomates u otros cultivos tradicionales de los invernaderos de Almería, de ahí su escasa tradición local. A cambio, el kilo de cogollos de marihuana puede rondar los 400 euros, generando un potente negocio. En sus investigaciones, la Guardia Civil destaca que junto a los cultivos suele haber zonas para secaderos —con tallos secos no sirven para generar fibra— y áreas repletas de cogollos que la industria no utiliza pero el mercado negro, sí. También que las formas de trabajar —personal de seguridad armado, presencia de mafias internacionales, transporte en camiones con fuertes medidas de seguridad— son exactamente iguales a las de cualquier otra área del narcotráfico.
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Las plantaciones de cáñamo y marihuana son, a simple vista, exactamente iguales. Es la misma planta. Es su uso lo que le confiere o no legalidad. Sí es legal cuando el cultivo va destinado a la industria, generalmente fibra o semillas, pero también el aceite que se extrae de ellas. No lo es, según fuentes de la Fiscalía, vender la floración de esas plantas —los cogollos— independientemente de la cantidad de THC (abreviación del componente psicoactivo tetrahidrocannabinol) que tengan, como indica la Convención Única de Viena de 1961. Ahí existe un cierto embrollo legal que dificulta la labor policial, porque según el Ministerio de Agricultura no se considera estupefaciente si tiene menos del 0,2% de THC. En cualquier caso, para cultivos con motivos médicos hay que solicitar autorización de la Agencia Española del Medicamento.
No es necesaria para los que tienen fines industriales, pero muchos de sus responsables no son capaces de justificarlos adecuadamente. Y es ahí donde entran las fuerzas de seguridad. De hecho, la Fiscalía asegura que el aumento de operaciones ha hecho que muchos agricultores hayan decidido quitar sus plantas para evitar problemas legales.
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