El nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, el octavo desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero, está ya listo y se espera que entre en vigor el jueves, coincidiendo con la llegada de los jefes de Estado y de Gobierno a Praga para una cumbre informal de mandatarios de los Estados miembros. Así lo ha anunciado la presidencia checa del bloque comunitario, tras asegurar que ya hay un “acuerdo político” sobre las nuevas medidas, entre las que destaca el compromiso de los Veintisiete para fijar un tope al precio del petróleo ruso y nuevas restricciones a la importación para torpedear su economía, sobre todo la militar. Por ello, si no hay incidentes, las sanciones serán publicadas en el Diario Oficial comunitario durante las próximas 24 horas, momento en el que entrarán en vigor, de acuerdo con el calendario checo.
Las sanciones serán una “respuesta fuerte contra la anexión ilegal de [el presidente ruso, Vladímir] Putin de territorios ucranios”, manifiestan fuentes comunitarias en Bruselas. Tras las intensas reuniones de los embajadores europeos en las últimas horas, lo que falta es “afinar” el lenguaje de las sanciones.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, saludó el anuncio y celebró la “celeridad y decisión” con las que se ha acordado. “Nunca aceptaremos las farsas de referendos de Putin ni ninguna forma de anexión en Ucrania”, tuiteó Von der Leyen, para quien la nueva ronda de castigo demuestra la “determinación” de los Veintisiete de “seguir haciendo que el Kremlin pague”.
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En un discurso ante el Parlamento Europeo a primera hora de este miércoles, el alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ya había adelantado la inminencia de un acuerdo de las nuevas sanciones sectoriales y personales. Aunque aún no se ha publicado el texto final, indicó que estas “limitan todavía más la capacidad de exportación de Rusia y se las importaciones que puede recibir para seguir manteniendo viva su industria, especialmente en su dimensión tecnológica, y así alimentar la guerra”.
Entre los objetivos fijados cuando se anunció el nuevo paquete sancionador, tras el anuncio de Moscú de la anexión ilegal de los territorios ucranios ocupados, destaca sentar las bases para imponer un tope al precio del petróleo ruso que llega por tubo (el que viaja por mar dejará de hacerlo en diciembre debido a otra ronda de sanciones) y aumentar la lista negra de las personas a las que se les prohíbe la entrada en territorio comunitario, cuyos bienes en los Estados miembros se congelan.
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En esta lista podrían entrar, según un borrador al que tuvo acceso , personalidades como el filósofo ultranacionalista ruso Alexander Dugin, uno de los principales ideólogos actuales del imperialismo ruso, así como las autoridades títere que Moscú ha colocado en las regiones ucranias ilegalmente anexionadas y un buen número de viceministros de Defensa. A ellas se unirían nuevas empresas sancionadas, aunque, según ya habían adelantado fuentes comunitarias, la idea de incluir a la estatal Arosa, líder mundial en la producción de diamantes, se habría caído ante las fuertes reticencias de algunos países como Bélgica, que tiene una fuerte industria del diamante.
A propuesta de Alemania, el nuevo paquete de sanciones debería también contener una cláusula que prohíba a los ciudadanos de la Unión formar parte de los consejos de administración de las empresas estatales rusas. La denominada cláusula Schröder está hecha a medida de personalidades como el excanciller alemán Gerhard Schröder, uno de los principales lobbistas en favor de Putin durante los últimos años. Desde el inicio de la guerra, otros antiguos mandatarios, como el ex primer ministro francés François Fillon, también se vieron obligados a dejar sus puestos en consejos de administración de empresas rusas, en su mayoría energéticas.
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