El plan estrella de Joseph Biden amenaza con convertirse en una nueva batalla comercial entre Estados Unidos y Europa. La ley de estímulo fiscal promovida por el presidente ya ha sido aprobada por el Senado, aunque todavía no tiene el visto bueno de la Cámara de Representantes, y Bruselas advierte de que en su redacción actual “es claramente discriminatoria” con los vehículos eléctricos que se fabrican en la UE, según explica un portavoz de la Comisión Europea. Esto ha llevado al Ejecutivo que preside Ursula Von der Leyen a exigir por escrito y oralmente ante el Departamento de Estado y el de Comercio que esos “elementos discriminatorios” desaparezcan del texto “para garantizar que cumple con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”.
Nadie esperaba que la sola llegada de Biden a la Casa Blanca resolviera de un plumazo todos los conflictos comerciales que hay entre Bruselas y Washington, tanto los que abrió Donald Trump como los que venían de antes. De hecho, en la historia política estadounidense es más fácil encontrar a los demócratas en el lado proteccionista que a los republicanos, al menos hasta la llegada a la Casa Blanca del magnate neoyorquino y sin olvidar las estruendosas salvedades de algunas decisiones de George Bush hijo. Sin embargo, con esta Administración en Washington, las relaciones a ambos lados del Atlántico han mejorado mucho y se ha empezado a resolver varios conflictos: en junio de 2021, por ejemplo, se suspendió por cinco años el conflicto Airbus-Boeing, abierto en 2004, y los aranceles que ambas partes se aplicaban por esta pelea, que ascendían a unos 10.300 millones de euros; además, cuatro meses después empezaron las conversaciones para acabar con las disputas sobre el aluminio y el acero. Ahora, en cambio, surge este obstáculo cuando los dos socios están mucho más pendientes de China y de ver cómo aumentan las exigencias que imponen al gigante asiático para competir con él en igualdad de condiciones.
El problema que dice haber detectado la Comisión Europea se veía ya en versiones anteriores del texto. Esto habría llevado al vicepresidente del Ejecutivo comunitario Valdis Dombrovskis a transmitir sus quejas a la embajadora estadounidense ante la UE, Katherine Thai, en septiembre y octubre del año pasado, y a enviarles cartas a los líderes de demócratas y republicanos en el Congreso. Una de estas misivas, remitida el 29 de octubre de 2021, estaba firmada conjuntamente con autoridades de Canadá, México y Corea del Sur, apuntan fuentes comunitarias. Estas añaden que “medidas como estas van contra los esfuerzos recientes de reconstruir nuestra relación para resolver los problemas del pasado y evitar añadir nuevos puntos de tensión”. Los movimientos habrían continuado en las últimas semanas.
Aprovechando la llamada Ley de Reducción de la Inflación, la Administración de Biden ha incluido medidas para estimular la fabricación de coches eléctricos en Estados Unidos. A Europa esto le gusta. “La UE está de acuerdo en que los créditos fiscales pueden servir de importante incentivo para impulsar la demanda de vehículos eléctricos. Esto es crucial para promover la transición hacia un sector de movilidad sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”, añaden los portavoces comunitarios, al fin y al cabo la Comisión Von de Leyen ha hecho de la lucha contra el cambio climático su principal prioridad. Pero a partir de aquí comienzan las discrepancias.
Vulneración de las reglas de la OMC
Lo que preocupa en Bruselas es que para tener acceso a las ayudas fiscales hay requisitos que castigan a los vehículos eléctricos y componentes fabricados en la Unión Europea. Una de las exigencias de Washington consiste en que los minerales utilizados para construir el coche y sus piezas se hayan extraído en Estados Unidos, se hayan reciclado allí o procedan de países con los que tenga un tratado de libre comercio. La otra condición, que también Bruselas considera “discriminatoria”, prevé que la desgravación fiscal, que llegaría al 100% en 2028, se aplicaría a baterías y vehículos ensamblados en el país.
“Favorece a determinados países ricos en recursos minerales, a la producción de baterías y al ensamblaje de coches en Norteamérica, en detrimento de los productos de la UE exportados a Estados Unidos”, concluyen en la capital europea, hasta el punto de que creen que se sale de las reglas que establece la OMC.
El sector de fabricación de automóviles en todo el mundo afronta una situación complicada. La pandemia provocó la ruptura de las cadenas de suministro y la escasez de componentes, especialmente de semiconductores. A la salida de la crisis que provocó el coronavirus la situación se agravó por el rápido aumento de la demanda, que sometió a más presión a estas cadenas, sobre las que ahora se ha añadido la guerra de Ucrania y la tensión creciente entre China y Taiwán, una de las zonas de mayor tráfico marítimo del mundo. Y, por debajo de esta coyuntura, se encuentra la transición estructural que tienen que hacer los fabricantes, desde el vehículo movido por combustibles fósiles en exclusiva hacia los híbridos o los que solo usan electricidad.
Precisamente, esto último es lo que subyace en este potencial conflicto comercial: el futuro del sector pasa por este tipo de coches; el plan de Biden quiere estimular las ventas de los coches y componentes fabricados allí; Estados Unidos se convirtió en 2021 en el principal destino de la exportación europea de vehículos (casi 26.000 millones de los 140.000 millones de euros vendidos fuera de la UE) en 2021; y, por último, el saldo comercial de Los Veintisiete en este sector, tanto con EE UU como todo el mundo, es francamente favorable a Europa, de 18.000 millones y 73.500, respectivamente. Estas cuatro pinceladas y los datos que las acompañan explican, en buena medida, los intereses que se juegan aquí los dos gigantes comerciales en una industria que genera empleo estable y bien pagado.
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