Los vaivenes en los precios de la electricidad registrados en los últimos meses, con máximos históricos en casi toda Europa, se convertirán en habituales a medida que las tarifas incorporen cada vez más un componente de penalización por la carga de CO₂ de las fuentes de energía y una diferenciación entre las horas de consumo. La Comisión Europea considera que esas señales del mercado son imprescindibles para que compañías y clientes ajusten sus patrones de generación y consumo, pero avisa de que el precio de la luz debe estar ajeno a la intervención de cualquiera de los gobiernos.
Fuentes comunitarias indican que las normas actuales del mercado energético “crean las señales de precio que conducen la inversión hacia tecnologías nuevas y flexibles que apoyan la transición a la neutralidad climática”. Las mismas fuentes atribuyen las últimas subidas a la escalada de precios mundiales en el gas natural —un factor que escapa al control de la UE— y al incremento de los derechos de emisión de CO₂, un incentivo para la reducción de emisiones que Bruselas considera positivo.
Lejos de pedir la intervención pública para evitar la escalada de tarifas, Bruselas recuerda que uno de los componentes básicos del sistema europeo son los precios de la electricidad basados en la evolución del mercado. “Los precios minoristas deben, por consiguiente, estar libres de cualquier intervención de los gobiernos”, añaden las fuentes consultadas. A largo plazo, la normativa actual solo contempla la regulación de precios “en circunstancias excepcionales”. La advertencia comunitaria, que se dirige a a todos los gobiernos en general, se produce en un momento en el que el Ejecutivo español y, en particular, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha criticado el sistema de fijación de precios por la UE.
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Desde hace años, Bruselas se ha marcado como objetivo que las tarifas eléctricas no solo contribuyan a la introducción de las energías renovables (con recargos en muchos países para financiar su despliegue) sino también que ajusten el precio en función del perfil del consumo, con un sobrecoste para los usuarios de energía en los momentos de mayor intensidad de uso. De ahí, la introducción de los contadores duales. Bruselas considera que la tarifa plana existente ahora suponía un subsidio cruzado entre usuarios que penalizaba a quienes pueden trasladar su consumo a horas más baratas.
El objetivo de todas las medidas es establecer un umbral de dolor económico que ayude a reducir el consumo, a mejorar la eficiencia energética de viviendas y electrodomésticos o a buscar los suministradores más baratos. El problema es que el umbral del dolor es regresivo, es decir, inversamente proporcional al nivel de renta de los hogares.
El último informe de la Comisión sobre precios de la energía, de octubre de 2020, muestra que el porcentaje de gasto de los hogares en esa partida en relación con sus ingresos ha caído desde 2012. Pero el mismo informe señala que en el caso de España, los hogares más pobres destinaban en 2010 el 5% de sus ingresos a la factura energética y el 5,3% en 2017. Los hogares de renta media y alta, en cambio, mantenían el mismo porcentaje, en torno al 4% o 3%.
Bruselas reconoce que el impacto de la covid-19 ha aumentado el riesgo de pobreza en Europa, que ya amenaza al 6,9% de la población de la UE y al 7,5% de la población española, según los datos de Eurostat, la agencia de estadísticas de la Comisión Europea. Y desde el departamento de la comisaria de Energía, Kadri Simson, se apunta que “la legislación de la UE permite a los Estados miembros aplicar salvaguardas, tales como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los hogares vulnerables o pobres energéticamente”.
La Comisión está convencida de que la progresiva introducción de renovables abaratará el coste de la energía. Y que la competencia entre los productores, incluida la transfronteriza, contribuirá a contener los precios. Pero en el caso de España, al menos, la interconexión eléctrica es muy limitada. Y las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) copan el 65% del mercado minorista y ningún rival tiene más del 5%, según los datos de la CNMC.
Las peticiones de Ribera
La escalada de precios de este verano ha penalizado sobre todo a los consumidores españoles. Hasta el punto de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reclamado a Bruselas una reforma del mercado eléctrico para propiciar una formación de precios más acorde a las necesidades de los hogares. Ribera también planteó la necesidad de revisar el mercado de emisiones de CO₂ para evitar que las inversiones especulativas disparen un precio por tonelada (que ya ronda los 50 euros) que acaba repercutiendo en las tarifas de los consumidores minoristas.
La petición de Ribera ha causado cierta sorpresa en Bruselas porque las normas fueron aprobadas en mayo de 2019 después de casi tres años de negociación. Se aprobaron por unanimidad. Y el acta de votación del Consejo recoge que el Gobierno español, en el que ya se sentaba Ribera, votó a favor.
Desde entonces, la UE ha aprobado la ley del clima, que fija el objetivo de emisiones netas cero para 2050. Y el pasado 14 de julio, la Comisión aprobó otra serie de proyectos legislativos para alcanzar en 2030 un recorte de 55% en lugar del 40% previsto hasta ahora. Entre las últimas medidas propuestas, en proceso de tramitación legislativa, figuran un endurecimiento de la fiscalidad de la energía y un recorte de los derechos de emisiones de CO₂. Ambas tendrán un impacto, previsiblemente al alza, en los precios de la luz así como de los combustibles fósiles.
Precio del CO₂ al alza
Bruselas, de hecho, confía en que el precio de la tonelada de CO₂ siga al alza. La Comisión Europea ya ha ido endureciendo el sistema de concesión de derechos de emisión para propiciar un encarecimiento que fuerce la introducción de tecnologías más limpias. Se ha recortado tanto el techo de derechos de emisiones, casi un 21% entre 2012 y 2020, como el número de títulos entregados gratuitamente a los sectores expuestos a la competencia de empresas extracomunitarias sometidas a exigencias menos rigurosas
Las medidas de la Comisión han surtido efecto. Entre 2013 y 2018, el precio por tonelada de CO₂ en el mercado europeo de emisiones no superó los ocho euros, una señal que podía ser ignorada por muchos operadores. Pero el recorte de títulos y el interés de los inversores elevó el precio hasta 30 euros en 2019, justo antes de que golpease la pandemia de la covid-19. Bruselas propone ahora poner fin de manera progresiva a la entrega de títulos gratuitos (que en 2019 eran el 47% del total) y un recorte del número de títulos disponibles para provocar una nueva subida del precio.
La caída del consumo a raíz de las restricciones introducidas para frenar la propagación del virus Sars-Cov-2 llevó a una caída del precio por tonelada de CO₂ hasta los 24 euros. Pero con la recuperación de la actividad, se ha doblado hasta los 50 euros y los analistas calculan que con el proyecto de reforma del mercado aprobado por la Comisión el pasado 14 de julio la cotización podría dispararse hasta los 70 euros, una señal ineludible para la mayoría de la industria y del sector energético.
Pero el propio mercado de emisiones puede ofrecer la solución para los hogares vulnerables. La directiva del mercado de emisiones establece que al menos el 50% de los ingresos de las subastas deben destinarse a políticas relacionadas con políticas de clima y energía. Desde 2018, los Estados de la UE han ingresado 14.000 millones de euros anuales por la subasta de los derechos de emisión. Incluso en 2020, con caída de precios y actividad, habían ingresado casi 8.000 millones hasta el mes de junio, según los datos de la Comisión. España ha ingresado más de 5.000 millones desde 2012, de los cuales, más de 3.000 millones llegaron a partir de 2018.
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