La Comisión Europea ultima un proyecto legislativo que establecerá una vigilancia supranacional de las grandes plataformas digitales y castigará la presencia de contenido ilegal en sus páginas aunque el origen del material sea una tercera persona u otra empresa independiente. Las multas, previsiblemente millonarias, acabarán en Europa con la cuasiimpunidad de multinacionales como Facebook, eBay o Twitter, que suelen desentenderse de la presencia en sus redes de llamadas al odio, ofertas de productos falsificados, o campañas de flagrante desinformación destinadas a desacreditar o desestabilizar los poderes públicos.
“Seremos extremadamente estrictos”, avisa el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, durante un encuentro con EL PAÍS y otros tres diarios europeos a pocas semanas de que Bruselas aprueba su paquete legislativo para intentar poner orden en la selva digital. Los departamentos de Breton y de la vicepresidenta de la Comisión, Magrethe Vestager, ultiman una reforma que confían en aprobar el próximo 2 de diciembre y que, según el organismo comunitario, pondrá fin a la circulación online de contenidos y bienes que están prohibidos en la actividad diaria fuera de la Red.
El plan incluye una norma de servicios digitales, bautizada como Digital Services Act o DSA, que obligará a las grandes plataformas digitales a responder de manera inmediata a las quejas o denuncias sobre los contenidos que albergan y retirarlos tan pronto como sean requeridas por las autoridades.
Bruselas había confiado hasta ahora en un código voluntario, suscrito por plataformas como Facebook, YouTube o Twitter. Pero ante la pasividad y la lentitud en ciertos casos ha decidido imponer por ley las nuevas exigencias y obligaciones. La impunidad tiene los días contados, según la Comisión.
“Jamás en la historia una empresa ha impuesto su conducta al Estado sino al revés”, señala Breton. “Estamos decididos y lo vamos a hacer. Ahora hay plataformas sistémicas y debemos organizar mejor cuál es su impacto en nuestra economía, en nuestra sociedad, nuestra democracia y nuestro Estados de derecho”, advierte.
La nueva norma de servicios digitales permitirá a las plataformas extracomunitarias elegir el país europeo desde el que desean de operar. Pero estarán sujetas a unas directrices comunes para toda Europa y su vigilancia tendrá un carácter paneuropeo y no puramente nacional. Y las plataformas integradas verticalmente, que ofrecen sus propios servicios además de ofrecer los de otros, dejarán de ser consideradas como meros intermediarios: serán consideradas responsables del contenido que circula por sus páginas.
El proyecto prevé la creación de un órgano de supervisión supranacional compuesto por la autoridad del país donde se radique la multinacional, pero con presencia también de las autoridades de los países de destino de sus servicios. Y de manera significativa, en ese colegio de supervisores participará la Comisión Europea, para velar por una dimensión comunitaria en el control de unas empresas que operan de manera simultánea en todo el mercado interior.
“Cuando se detecte una violación sistémica de las reglas europeas, el órgano de supervisión podrá sancionar a las plataformas”, detallan en el departamento de Breton. En principio, las multas dependerían de cada país. Pero Bruselas no descarta que sea la propia Comisión, y no las autoridades nacionales, la que imponga las sanciones, una potestad que ya existe en el caso de las violaciones de competencia pero que apenas se ha utilizado en otros terrenos.
Fuentes comunitarias apuntan como precedente la reciente directiva sobre emisiones de CO2 en el sector del automóvil. Por primera vez en automoción, ese reglamento faculta a la Comisión a imponer directamente sanciones a los fabricantes que superen los límites de CO2 previstos en la directiva, una competencia que hasta ahora recaía en las autoridades nacionales.
El gigantesco fraude de Volkswagen, que trucó millones de motores para falsear los datos de emisiones, llevó a la UE a centralizar en la Comisión la autoridad sancionadora, en detrimento de unas autoridades nacionales en las que parecía haberse producido cierta tolerancia con un sector clave para la economía y el empleo de los países donde tiene más presencia.
La centralización de las sanciones podría ahora permitir que el continente afronte de manera conjunta la vigilancia de unas multinacionales que parecen desbordar la capacidad de reacción de las autoridades nacionales. La legislación sobre contenidos ilegales en Internet seguirá siendo nacional. Pero la DSA establecerá las obligaciones comunes de reacción y anticipación que las plataformas deberán seguir en cualquier lugar de Europa.
Bruselas calcula que el cambio legislativo impondrá un cambio de actitud en las plataformas sistémicas, que deberán destinar mayores recursos a la vigilancia de sus propias redes y al cumplimiento de las obligaciones legales europeas. Breton compara el proyecto legislativo de la Comisión a las medidas adoptadas para regular y exigir responsabilidades a los grandes bancos tras la crisis financiera.
“Me recuerda a la crisis bancaria, cuando había grandes bancos que estaban poniendo en riesgo la estabilidad de algunos países, pero se resistían a aceptar mayores controles porque se consideraban demasiado grandes como para que se les dejara caer”, rememora Breton. El comisario de Mercado Interior cree que ahora algunas plataformas reaccionan con la misma indiferencia a las peticiones de responsabilidad “porque se consideran demasiado grandes como para preocuparse”.
Breton no acusa a ninguna empresa en concreto. Pero cree que en algunos casos la violación de las reglas es intencionada, como cuando recurren a algoritmos para dar prominencia a contenidos polémicos, aunque contribuyan a la desinformación, con el propósito de aumentar el tráfico y la facturación por publicidad. En otros casos, dice el comisario, se trata de puro desconocimiento o negligencia.
“Hace poco le pregunté al directivo de una plataforma cuántas personas tenía para moderar contenidos en la República checa. Y me contestó todo orgulloso que dos. ¡Dos personas para todo un país!”, se admira Breton con evidente disgusto. “Hace falta contratar más gente, no basta con los algoritmos”. “Los bancos también se resistieron en su día, pero ahora tienen cientos o miles de personas trabajando en los departamentos de cumplimiento de la normativa”, recuerda el comisario francés.
“Deben adaptarse a Europa. Y no al contrario”
El proyecto de la DSA llegará acompañado de una segunda norma, la Digital Market Act o DMA, que intentará abortar de antemano el riesgo de que las plataformas se conviertan en puntos de acceso insoslayables para sus respectivos mercados digitales. A diferencia de las leyes de competencia, que castigan a posteriori los abusos de posición dominante, el nuevo arma se activará de manera preventiva
Ambos textos legales están siendo rematados por Vestager y Breton. “Entendemos muy bien el mercado, conocemos a todos sus actores y sabemos cuál es su conducta, incluida la de las plataformas que consideramos que no están respetando nuestros valores y nuestra legislación”, afirma el francés.
El comisario recuerda que él mismo procede del sector (durante 11 años dirigió la multinacional tecnológica ATOS) y que ha sido socio o cliente de las grandes plataformas y conoce personalmente a sus dirigentes. “Hablo a menudo con ellos, con alguno casi todas las semanas, y les insisto en que deben cambiar, que deben adaptarse a Europa y no al contrario”.
Breton no se arredra ante las críticas a los intentos anteriores de la Comisión de intentar poner orden en un mundo digital que avanza a mucha mayor velocidad que la maquinaria legislativa de Bruselas. La directiva de comercio electrónico de principios de siglo se vio superada por la emergencia de las plataformas. El reciente reglamento de protección de datos, considerado un éxito por Bruselas cuando entró en vigor en 2018, ni siquiera contemplaba el desarrollo de la Inteligencia Artificial, que ahora es ya la nueva frontera en la gestión de datos. Y las sanciones multimillonarias contra Google no han impedido que el buscador siga copando más del 90% de su mercado en Europa.
“No, Europa no es naive”, repite una y otra vez el comisario europeo. Y reconoce que la ofensiva legislativa no solo pretende meter en cintura a las plataformas actuales, centradas en la explotación de datos personales, sino preparar también el terreno para la siguiente revolución, que a su juicio pasará por la explotación de los ingentes datos industriales.
“Los datos industriales son el nuevo envite y Europa será el campo de batalla porque es la mayor potencia industrial del planeta”, señala Breton. Y se muestra convencido de que la armonización legislativa en Europa a través de la DSA y la DMA creará un marco propicio para que la segunda generación de plataformas digitales cuente también con grandes operadores europeos, prácticamente inexistentes en la primera.
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