Tras una cumbre de cuatro noches, los Veintisiete han dado luz verde al primer paquete masivo de estímulos para hacer frente a la pandemia. La UE ya tenía sobre la mesa un primer conjunto de préstamos de emergencia por hasta 420.000 millones de euros que se desplegará este otoño. Lo aprobado la madrugada de este martes constituye una batería de nuevas inversiones que irán destinadas a hacer despegar la economía europea tras el hundimiento previsto para este año. Estas son las claves de lo negociado anoche.
1. Deuda. La Comisión Europea acudirá a los mercados para endeudarse por 750.000 millones de euros. Esa emisión de bonos, que tendrá como tope 2026, ya provocaba reticencias entre los halcones, por lo que se fija que su único fin es hacer frente a las consecuencias de la crisis de la covid-19.
2. Tamaño. El fondo tendrá un tamaño de 750.000 millones de euros. A pesar del empeño de los llamados países frugales por empequeñecerlo, ha acabado manteniendo el mismo volumen que propuso la Comisión Europea y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Sin embargo, sí ha cambiado la composición del instrumento: el 90% de los recursos se destinan al fondo de recuperación y resiliencia (FRR), que debe financiar las inversiones y reformas que presenten los países a Bruselas. El fondo para salvar empresas, en cambio, ha desaparecido. Por su parte, el Presupuesto de la UE para el periodo 2021-2027 tendrá el volumen propuesto por Michel: 1,074 billones de euros.
3. Subvenciones y préstamos. El equilibrio entre subvenciones y préstamos sí ha cambiado respecto a la propuesta inicial. La Comisión preveía que 500.000 millones se articularan a través de ayudas (el 66%) y 250.000 mediante préstamos (el 33%). Los países más reticentes, en especial los Países Bajos y Suecia, se negaban a dar subvenciones, mientras que Francia y Alemania no querían bajar de los 400.000 millones de euros. Sin embargo, ambas partes han cerrado la cifra de 390.000 millones de euros en subvenciones (el 52% del total) y 360.000 en préstamos (el 48%).
4. La llave de la caja. Una vez aceptada la distribución de subsidios, los Países Bajos querían una suerte de derecho de veto para obligar a los países receptores –en especial España e Italia— a realizar reformas estructurales. Los Veintisiete han pactado un freno de emergencia, aunque será necesario ver cómo se aplica. Los planes nacionales de inversiones y reformas serán evaluados por la Comisión y aprobados en el Consejo por mayoría cualificada. Si pasan esos dos filtros, se desembolsarán fondos al país. La Comisión pedirá entonces al Comité Económico y Financiero que evalúe el cumplimiento de esos programas para que la Comisión siga desembolsando dinero. Este se esforzará en buscar el consenso, pero si “excepcionalmente” uno o más países creen que hay “desviaciones”, pueden pedir que el asunto se lleve al Consejo Europeo.
5. Condicionalidad. El documento fija que los planes serán evaluados por la Comisión y deberán ser coherentes con las recomendaciones específicas formuladas por el Ejecutivo comunitario –reformas que van desde el ámbito laboral hasta el de la educación o la renta mínima—, el crecimiento potencial, la creación de empleo, la resiliencia social y económica y las transiciones verde y digital.
6. Cheques. Cinco países (Alemania, los Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca) mantendrán un descuento en su contribución al Presupuesto de la UE, a pesar de la intención inicial de Bruselas de eliminar todos los cheques. Michel ofreció a esos cinco países 6.479 millones de euros anuales que debían sufragarse con aportaciones del resto de los socios. Al final, tuvo que incrementar las de los cuatro halcones, de modo que en conjunto los cheques alcanzan los 7.603 millones.
7. Reparto del dinero. Los fondos se repartirán en dos tandas ante las demandas sobre todo de los países del este. El 70% se desembolsará en 2021 y 2022 de acuerdo con los criterios de reparto fijados por la Comisión Europea. El 30% restante se abonará en 2023 sustituyendo el criterio de desempleo fijado por el Ejecutivo comunitario por la caída del PIB de 2020 y la pérdida acumulada en el periodo 2020 y 2021. Con eso, los países del este esperan restar peso a la tasa de desempleo en el reparto y arañar fondos al sur. Como norma, ningún país recibirá en préstamos más del equivalente al 6,8% de su renta nacional bruta.
8. Nuevos recursos. Para devolver la deuda, los socios se comprometen a buscar nuevas fuentes de ingresos. En concreto, el documento hace referencia a una tasa sobre plásticos no reciclados que entraría en vigor el 1 de enero de 2021; un mecanismo de ajuste sobre el carbono en frontera que se diseñaría en el primer semestre del año que viene y una tasa digital, que se introduciría como máximo el 1 de enero de 2023. El Consejo invita a la Comisión a hacer una propuesta revisada del sistema de comercio de carbono, que pueda ampliarse a la aviación y al sector marítimo, e incluso se habla de una posible tasa sobre las transacciones financieras.
9. Estado de derecho. Este apartado queda descafeinado tras la última versión. En la propuesta del sábado, se recogía que se introduciría un régimen de condicionalidad para abordar “las deficiencias manifiestas generalizadas” en la gobernanza de los países miembros respecto al Estado de derecho. Esa expresión soliviantó al primer ministro húngaro, Viktor Orbán. El documento final dice: “El Consejo Europeo subraya la importancia del respeto del Estado de derecho”. El texto, menos extenso, añade que la Comisión podrá proponer medidas que puedan ser aprobadas en el Consejo por mayoría cualificada.
10. Las víctimas de la negociación. La negociación ha matado algunos fondos y proyectos planteados por la Comisión Europea. Desaparecen el fondo para rescatar empresas (26.000 millones que debían movilizar hasta 300.000 millones) o el programa de salud (7.700 millones). Pero también se reducen el Fondo de Transición Justa (de 30.000 a 10.000 millones), que era para reconvertir antiguas regiones mineras, o el programa de innovación Horizon Europe (de 13.500 a 5.000 millones).
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