La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, este lunes en Bruselas.KENZO TRIBOUILLARD / POOL (EFE)
Conforme se agrava la guerra en Ucrania, la crisis energética se complica y, con ella, se encarece más y más la electricidad. La Comisión Europea, presionada por varias capitales como Madrid o París, busca fórmulas de alivio. Una de las que baraja es exigir a los Estados miembros que aumenten hasta al menos el 90% de su capacidad las reservas de gas en octubre para afrontar con garantías el próximo invierno, porque la presión de los precios de la energía continuará “al menos hasta 2023″. Esto, además, dará margen para “reducir la dependencia del gas, el petróleo y el carbón ruso”, unas palabras que pueden leerse en el borrador que el Consejo Europeo prepara para la cumbre de líderes que se celebra esta semana y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Rebajar la dependencia de los hidrocarburos rusos ha sido uno de los objetivos enunciados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de reunirse con Mario Draghi, primer ministro de Italia, uno de esos países enganchados al gas de Moscú. Von der Leyen ha remitido al documento que su Ejecutivo lanzará este martes. En un borrador reciente de 26 páginas al que ha accedido este diario, se despliegan 10 acciones que buscan aliviar la factura de la luz que pagan los consumidores europeos. Será la segunda iniciativa de este tipo que pone sobre la mesa la Comisión, que el pasado otoño ofreció un listado de medidas, llamada “caja de herramientas”, que se podían aplicar para aliviar la factura eléctrica de los hogares. Esas actuaciones llevaron a que se tomaran medidas como ayudas o rebajas de impuestos, algo que en España ya habría costado unos 7.000 millones al erario público, motivo por el que el Gobierno de Sánchez califica este tipo de recursos como algo fiscalmente “insostenible”.
La séptima acción, según el borrador, sería la que plantea esa exigencia de reponer las reservas hasta el 90% (ahora están en el 28% en el conjunto de la UE). La recarga debería hacerse antes de septiembre y para asegurarlo, la Comisión plantea que un “mecanismo de transparencia” que le permita conocer el nivel de almacenamiento en los diferentes países y asegurarse de que se toman las medidas necesarias para alcanzar ese porcentaje. La medida debería aplicarse este año porque Bruselas ya no cree que la crisis energética vaya a acabar en primavera. En su borrador deja claro que “la volatilidad y los altos precios del gas y la electricidad se mantendrá al menos hasta 2023″. No obstante, no sería una decisión coyuntural porque la Comisión está considerando un nivel mínimo de almacenamiento en el mes de octubre de cada año.
Para promover el almacenamiento, incluso se consiente que haya ayudas de estado a las empresas que se aprovisionen de gas por si continúa la escalada de precios y, posteriormente, este se ha abaratado, lo que les provocaría pérdidas.
Resistencias a desvincular el precio de la luz del gas
Otra “acción” a la que ahora se abre el Ejecutivo comunitario es gravar los “beneficios caídos del cielo”, siempre que no se estén reinvirtiendo en la instalación de energía renovable. El Gobierno español ya puso en marcha esta medida en septiembre del año pasado, cuando la crisis energética empezó a agravarse, pero la reacción de las compañías eléctricas le llevó a dar marcha atrás. Esta medida consiste en poner un impuesto adicional a las empresas por las ganancias extraordinarias que este encarecimiento de la luz, no vinculado a su generación, les otorga.
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Todavía está por ver qué sucede con alguna de las medidas que exigen países como España, que piden un freno de emergencia que permita desvincular el precio de la electricidad del que se paga por el gas, para así prevenir que las empresas y los consumidores, especialmente los más vulnerables, se queden al albur de los mercados y de las decisiones políticas de países como Rusia. Esta medida cuenta con algunos defensores dentro de la Comisión Europea, pero hay otros departamentos, entre ellos el que dirige la comisaria responsable del ramo, Kadri Simson, que se resisten.
Además de la comunicación que este martes presenta la Comisión, la energía también ocupará un punto destacado del debate que los líderes europeos mantendrán el jueves y el viernes en la cumbre de Versalles. Pensada en principio para abordar la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se lanzó el pasado otoño, la guerra en Ucrania ha cambiado la agenda y el borrador de declaración final que ya se maneja comienza con un primer punto que habla de impulsar las capacidades defensivas de Europa.
El segundo punto plantea con mucha contundencia la “reducción de la dependencia” de los hidrocarburos que exporta Moscú y se aboga por la diversificación de fuentes de suministros energéticos. Este objetivo también se enuncia y ocupa buena parte del espacio de la comunicación de la Comisión. Para eso, en ambos documentos se le da mucho protagonismo al gas natural licuado y a aumentar el ritmo al que se despliegan la producción eléctrica a través de energías renovables.
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