Bruselas quiere poner sobre la mesa nueva munición contra los países del Este. Cansada ya del agrio tira y afloja con Polonia y Hungría, que amenazan con dinamitar valores centrales de la UE como la independencia judicial y el respeto al colectivo LGTBI, la Comisión Europea está lista para lanzar antes de final de octubre el llamado mecanismo de condicionalidad, una herramienta creada para asegurarse de que ni un euro de los históricos fondos de recuperación acabe en manos de quienes incumplen el Estado de derecho. El mecanismo se encontraba en un limbo, a la espera de un pronunciamiento del tribunal europeo. Pero el Ejecutivo comunitario está dispuesto a acelerar el paso. “La herramienta está demasiado madura como para no ponerla en marcha”, ha asegurado la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario Vera Jourová a un reducido grupo de medios, entre ellos EL PAÍS.
La medida, que nació como una salvaguarda para el presupuesto europeo y el multimillonario programa Next Generation pactado el año pasado para aliviar la crisis provocada por la pandemia de covid-19, tendrá en la mirilla a Varsovia y Budapest, antagonistas de una larga y tensa batalla con el Ejecutivo comunitario por la deriva iliberal de sus Gobiernos.
Su creación fue uno de los grandes debates del pasado otoño bruselense: una incómoda china en el zapato que a punto estuvo de llevarse por delante los fondos de recuperación. Costó sangre, sudor y mucha reunión virtual, presencial y mixta sacarlo adelante. Se acabó adoptando una definición laxa que persigue la vulneración del Estado de derecho cuando esta “afecta o amenaza con afectar gravemente la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión o la protección de los intereses financieros de la Unión”. Entró en vigor este año, pero su aplicación quedó en el aire cuando sus potenciales afectados –sorpresa: Hungría y Polonia– desafiaron su legalidad por entender que interfería en competencias internas de los Estados miembros. Lo recurrieron en marzo ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Aún no se ha celebrado la vista en Luxemburgo –prevista para los días 11 y 12 de octubre– y el fallo no está ni se le espera hasta dentro de varios meses. Pero el Parlamento Europeo, que ha enarbolado la bandera de la defensa del Estado de derecho, ha ido elevando en los últimos tiempos la presión sobre el Ejecutivo del bloque comunitario para obligarle a que actúe de inmediato.
En julio, la Eurocámara reclamó a la Comisión “que investigue rápidamente” cualquier posible infracción de los principios del Estado de Derecho “que afecte o corra el grave riesgo de afectar a la buena gestión financiera del presupuesto de la Unión”, señalando que “la situación en algunos Estados miembros ya justifica una acción inmediata”. Los eurodiputados exigieron al Ejecutivo de Ursula von der Leyen que reportara los primeros casos bajo investigación antes del final de octubre, y amenazó a Bruselas con llevar su inacción a los tribunales europeos.
La presidenta de la Comisión es quien tendrá la última palabra, pero algunos de los casos ya están bajo la lupa de la Oficina Antifraude de la UE, y Bruselas pretende dar el primer paso para activar el procedimiento en apenas tres semanas, indican fuentes del Ejecutivo. Von der Leyen no parece dispuesta a acabar acorralada por la Eurocámara y enfrentada un caso ante la Corte europea en Luxemburgo por no haber actuado con fuerza y decisión para combatir los cañonazos de tintes antidemocráticos que llegan desde Hungría y Polonia. A partir de ahí comenzará un tira y afloja que arrancará con la notificación de las infracciones a las capitales afectadas.
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La comisaria Vera Jourová, una de las voces más activas del colegio de comisarios frente a la deriva autoritaria de algunos socios comunitarios, cree que con esta nueva bala Bruselas cuenta ya con un menú bastante completo para enfrentarse a unos países que ponen en jaque la autonomía de los jueces, sometiéndolos a un estricto control disciplinario, permiten la creación de las llamadas zonas anti-LGTBI o arman un frente ideológico para privar a los niños del acceso a las cuestiones más elementales de la educación de género. “Se trata de proteger el dinero europeo”, añade la comisaria checa.
Para desplegar sus efectos, y cerrar el grifo de los presupuestos comunitarios, los casos que presente Bruselas deberán superar una votación en el Consejo, el órgano donde se sientan los 27 países y en el que tradicionalmente se ha atascado cualquier tirón de orejas a Polonia y Hungría a cuenta de los valores de la UE. Hasta ahora, la Unión había abierto expedientes a ambos países a través del artículo 7 del Tratado de la UE, por violar los valores fundamentales, pero nunca han llegado a cuajar porque se nunca han llegado a cuajar porque se requieren mayorías muy elevadas (cuatro quintas partes del Consejo) o la unanimidad –y entre los amigos señalados y acorralados siempre se acaban protegiendo–.
En cambio, el mecanismo de condicionalidad solo necesita una mayoría cualificada para su aprobación. Fuentes del Ejecutivo estiman que, de lanzarse en octubre, los casos podrían llegar a una votación del Consejo hacia la segunda mitad del 2022. Pero ya solo su activación por parte de la Comisión podría hacer daño, por ejemplo, al Gobierno de Viktor Orbán, que se enfrenta a unas elecciones previstas para la primavera de 2022.
Arsenal contra Polonia
El argumento económico, cree Bruselas, puede acabar por mostrar el camino a Budapest y Varsovia. Sobre todo si se multiplican los frentes. El Ejecutivo comunitario cuenta, además, con los multimillonarios planes de recuperación como palanca. Polonia y Hungría son de los pocos países cuyos fondos anticrisis aún no han recibido luz verde (tampoco los de Suecia, Finlandia y Estonia; ni los de Bulgaria y Países Bajos, que aún no los han presentado formalmente).
La negociación con Polonia, que aspira a recibir una jugosa cifra de 36.000 millones de euros, se encuentra algo más encarrilada, detallan fuentes del Ejecutivo comunitario, que estiman que el fondo se podría desbloquear en noviembre. La Comisión pretende pactar un plan con hitos que el Gobierno de Mateusz Morawiecki, de la formación ultraconservadora Ley y Justicia (PiS), deberá cumplir para recibir los desembolsos.
Bruselas pretende exigir entre estos pasos que Varsovia desmonte la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco, un órgano todopoderoso que puede llegar a sancionar a jueces que apliquen la primacía del derecho europeo o eleven cuestiones prejudiciales ante el TJUE. Aunque el Gobierno del PiS se comprometió en agosto a reformarlo, aún no ha tomado medidas concretas.
A principios de septiembre, la Comisión dio inicio a dos procedimientos con el fin de imponer multas millonarias a Polonia si no da marcha atrás a esta y otras medidas de su sistema judicial, que Bruselas considera una grave amenaza para la independencia de los jueces. Polonia, a su vez, desafía a la UE con una decisión aún pendiente de su Tribunal Constitucional, que podría llegar a cuestionar uno de los pilares básicos del bloque comunitario: la primacía del derecho de la UE sobre el nacional.
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