La Unión Europea ha apretado el acelerador para responder a los subsidios que Estados Unidos aprobó este verano para impulsar la transición energética. La propuesta de la Comisión todavía no está ultimada, pero el Ejecutivo comunitario ya tiene varias ideas claras. Una de ellas es dar ayudas para “las inversiones verdes en sectores estratégicos”, incluyendo “créditos fiscales”, según puede leerse en un documento elaborado por la vicepresidenta, Margrethe Vestager, responsable de Competencia y Ayudas de Estado, enviado a los ministros de Economía de los Veintisiete. El texto, al que ha tenido acceso , consta de una carta fechada este viernes 13 de enero y un anexo que la acompaña. En ella, también se menciona la posibilidad de “crear un nuevo fondo común europeo para apoyar a los países de forma justa y equilibrada”.
Vestager da hasta de margen a los Estados miembros hasta el próximo 25 de enero para responder a su misiva con su visión sobre la reforma de las ayudas de estado que prepara la Comisión. La iniciativa se ha puesto en marcha a demanda de los propios Gobiernos, especialmente de Alemania y Francia. Desde que en agosto el Congreso estadounidense dio luz verde al proyecto estrella de Joe Biden, que contempla más de 369.000 millones de dólares en ayudas, la alarma a este lado del Atlántico ha ido creciendo.
En el último Consejo Europeo, celebrado el 15 de diciembre, los líderes de la UE encargaron que la Comisión formulase sus propuestas para enero. Temen que los productos made in USA obtengan ventajas en el mercado por las subvenciones, pero, sobre todo, hay pánico a que las empresas decidan desplazar inversiones en sectores clave para la transición energética y medioambiental (renovables, coche eléctrico, baterías) a Estados Unidos. No es difícil escuchar a algún eurodiputado alemán hacerse eco de la posibilidad de que Tesla decida no construir su fábrica de baterías para vehículos eléctricos prevista en Berlín para hacerlo finalmente en Estados Unidos.
En Kiruna, en la región sueca de Laponia donde ha celebrado durante dos días la reunión del colegio de comisarios, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha vuelto a cargar contra la ley de Washington que considera discriminatoria para las empresas europeas y que a su juicio supone competencia desleal. Junto al primer ministro sueco, Ulf Kristersson (que tendrá la presidencia rotatoria de la UE este semestre), Von der Leyen ha prometido una respuesta “fuerte y tranquilizadora” y “rápida” a la ley de EE UU. “Queremos apoyar y mantener la industria porque la necesitamos para la transición verde y nuestra prosperidad”, ha dicho. “Lo importante para nosotros es que el sector de las tecnologías limpias, con todo su poder innovador, tenga igualdad de condiciones. Queremos competir en calidad, no en subsidios” ha añadido.
Suecia, que tendrá que llevar el timón de las reformas y los acuerdos en el seno de la UE durante este semestre, hasta que entregue el testigo a España —presidirá la Unión en la segunda parte de año—, es uno de los países que ha advertido contra una carrera de ayudas estatales. “Necesitamos iniciar una discusión real sobre cómo mejorar la productividad, la competitividad y cómo atraer más empresas con fórmulas basadas en nuestras propias capacidades y que den base a reglas de ayuda estatal a largo plazo”, ha remarcado el primer ministro sueco.
Impulso de Alemania y Francia
Este debate cogió mucha fuerza en diciembre. Entonces los ministros de Economía alemán, Robert Habeck, y francés, Bruno Le Maire, enviaron un documento a Bruselas reclamando cambios como los que plantea Vestager. Cunde la idea de que la norma actual pone demasiados obstáculos y absorbe muchísimo tiempo en trámites para una coyuntura como la actual, en la que hay una competencia global para no perder el tren del cambio energético y ecológico. La Comisión la ha hecho suya: “Necesitamos acelerar la transición verde. Tenemos que trabajar duro para eliminar las barreras existentes en el mercado único”, expone la vicepresidenta danesa en la carta. Esas “barreras” son los obstáculos que se ponen a las ayudas públicas al sector privado para que los socios con más capacidad fiscal (Alemania, Países Bajos) no sitúen injustamente a sus empresas en posición de ventaja en el mercado común a base de inyectarles dinero público.
El Gobierno español comparte el análisis y ya se lo ha trasladado a la Comisión en un documento enviado el pasado lunes y adelantado por , antes incluso de la carta de Vestager. Le reclama que la relajación de requisitos esté vinculada a las inversiones previstas en el Fondo de Recuperación y que se sujete a la duración de este último. A tenor de lo que puede leerse en la misiva de Bruselas, esta última parte será atendida, puesto que señala que los apoyos para evitar la fuga de inversiones “debería estar limitado en el tiempo”. También parece que atiende las peticiones de España —que recogía la inquietud de multitud de países— cuando esboza cómo permitir los subsidios para evitar la fuga de inversiones, puesto que habla de incluir los créditos fiscales y de “ir más allá de las posibilidades existentes en virtud de las directrices sobre ayudas regionales”. Uno de los problemas que ha encontrado Madrid a la hora de dar subvenciones en el PERTE del automóvil eléctrico, precisamente, ha sido la resistencia comunitaria a que se le den subsidios a grandes empresas que están en zonas ya desarrolladas (como la gran fábrica de baterías en Sagunto). Y a tenor del documento, Vestager parece apuntar en esa dirección.
Tanto la carta como el anexo que firma la responsable de Competencia deja muy claro que la Comisión pretende cuadrar el círculo: ser más permisivo con las subvenciones sin romper el mercado único. Lo primero queda claro cuando señala que sus intenciones son “facilitar el cálculo de las ayudas y una aprobación más rápida”, “ampliar el ámbito de a todas las tecnologías renovables” o “prever la provisión de apoyo a las nuevas inversiones para instalaciones productivas, incluyendo exenciones fiscales”. Lo segundo, es la creación de un nuevo fondo que apoye a todos los países de “forma justa y equitativa”.
Propuesta de Francia
Esta idea aparece también en el plan francés Made in Europe, que la Administración de Emmanuel Macron ha remitido a Bruselas. El documento, de diez páginas y al que ha tenido acceso este diario, recoge las mismas palabras que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, utiliza cuando habla de esta herramienta de inversión: “fondo de soberanía”, un giño semántico, al concepto de “autonomía estratégica”, tan de moda en la UE en los últimos tiempos.
El documento francés aclara, al contrario de lo que hace el texto de Bruselas, que el dinero debe salir de recursos ya presupuestados en el fondo europeo de recuperación, el plan RepowerEU o el dinero destinado a la “neutralidad climática”. París plantea, incluso, “la revisión por los Estados miembros de sus planes nacionales de recuperación podría reasignar la totalidad o parte de los 365.000 millones de euros asignados y aún no desembolsados prioritariamente a sectores estratégicos para la industria europea”. “Quedan por asignar unos 221 000 millones de euros de préstamos. También en este caso, los Estados miembros deberían dar prioridad a los sectores industriales europeos estratégicos”, abunda.
Otros elementos del plan galo para competir con el made in USA pasa por señalar sectores estratégico a los que destinar las ayudas —idea que ya aparece en otro documento que envió Francia junto con Alemania a Bruselas en diciembre— o que los proyectos importante de interés europeo común (PIIEC) se tramiten en cuatro meses.
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