Tras buscar asilo en la frontera entre México y Estados Unidos, Pablo Sánchez fue colocado en un centro de detención y está en peligro de correr una suerte cada vez más común bajo la presidencia de Donald Trump: deportación a Cuba.
Desde el inicio de la presidencia de Trump, las deportaciones de cubanos han aumentado a más de 800 en el año pasado debido a que el gobierno ha estado implementando una política aprobada apenas días antes que asumió el poder, y ha restringido el criterio de quiénes tienen derecho a pedir asilo.
Ello ha afectado a miles de cubanos que durante décadas se beneficiaban de la política estadounidense de darles asilo, y de la renuencia de su propio país de aceptarlos de vuelta.
Por muchos años, los cubanos que huían de la isla de régimen comunista gozaban de privilegios singulares en Estados Unidos. Incluso después de terminada la Guerra Fría, tenían asegurada la residencia si llegaban a territorio estadounidense, en una política apodada “pies secos, pies mojados”.
Pero un acuerdo forjado en los últimos días de la presidencia de Barack Obama puso fin a ello y obligó a recibir de vuelta a ciudadanos que hayan recibido órdenes de deportación. Más aún, Cuba deberá considerar, caso por caso, permitir el regreso de miles de ciudadanos suyos que a lo largo de las décadas hayan recibido órdenes de deportación pero se quedaron en Estados Unidos porque Cuba se negaba a aceptarlos.
Pero desde que Trump asumió la presidencia, los cubanos que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos se han topado con más obstáculos, incluyendo una nueva norma aprobada el mes pasado según la cual no reciben asilo los que hayan pasado por un tercer país sin haber solicitado asilo allí primero.
A pesar del nuevo acuerdo, Cuba sigue renuente a aceptar el retorno a de sus ciudadanos y es uno de diez países que Washington considera “recalcitrantes”. Ello le dificulta al gobierno estadounidense implementar a cabalidad sus medidas contra el asilo, y deja en la incertidumbre a muchos cubanos.
Muchos, como Sánchez, están desorientados por la situación.
Sánchez se casó con Barbara Rodríguez, una ciudadana estadounidense naturalizada que vive en Miami, pero que no pudo pedir una visa en Cuba para venir a estados Unidos a visitar a su esposa debido a que Washington bajo la administración Trump sacó casi todo el personal de su embajada en La Habana, dejando los asuntos consulares y de visados a las representaciones de Colombia o Guyana. Rodríguez dice que Sánchez era un perseguido político al tener roces con las autoridades locales por diversos episodios, entre ellos uno en que rompió una papeleta de referéndum como señal de protesta.
La pareja decidió que Sánchez tenía que salir de Cuba, al enterarse de que estaba siendo investigado y podía terminar en la cárcel. Convencidos de que no había tiempo que perder y ante la imposibilidad de conseguir una visa en Cuba, Sánchez viajó a Nicaragua y a través de México para pedir asilo en Estados Unidos, en un punto de cruce donde fue detenido y enviado al Servicio de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, conocido como ICE).
“Es cruel. Es cruel porque a pesar de llegar a este país y demostrarles de que vienes perseguido, de que tienes un miedo creíble positivo. Que después de todo, este proceso sea tirado por la borda”, dijo Rodríguez, quien habla por teléfono con su esposo todos los días. “Lo peor es que yo sé que lo único que es seguro ahí es la deportación”.
No es claro cómo el gobierno cubano trata a la gente que regresa tras ser deportada de Estados Unidos, pero activistas de derechos humanos aseguran que pueden ser sujetos a represalias por haber pedido asilo allá, especialmente los que denunciaron haber sido perseguidos. En comparación, los mexicanos o centroamericanos que son deportados usualmente son recibidos con agrado.
El ministro de exteriores de Cuba Bruno Rodríguez Parrilla dijo a The Associated Press que el aumento en las deportaciones se debe a que Cuba está cumpliendo cabalmente el acuerdo llegado bajo la administración Obama, pero al mismo tiempo fustigó a Estados Unidos por reducir su presencia consular en La Habana.
“Es una lástima que se politice el vínculo humano entre las personas, las relaciones entre ambos pueblos y mucho más que se restrinja la libertad de viajar y el derecho de visitar a países vecinos a los ciudadanos estadounidenses hablando de libertad de moverse”, declaró Rodríguez Parrilla.
Un avión fletado por Estados Unidos aterrizó en La Habana el 27 de septiembre con 96 cubanos a bordo, y otro con 120 cubanos a bordo aterrizó el 30 de agosto. Funcionarios estadounidenses dicen que la disposición de Cuba de aceptar a ese número reducido de personas en un paso pequeño, pero que en general la isla básicamente se niega a trabajar en el tema de las repatriaciones. Estiman que en Estados Unidos hay 39,243 cubanos bajo órdenes de deportación.
“Cuba es una especie de espina al costado para ellos, en este tema”, estimó Julia Gelatt, analista del Migration Policy Institute.
Cuba sigue en la lista de países que Washington considera “recalcitrantes”, junto con China, Vietnam, Irán, Bután, Camboya, Eritrea, Hong Kong, Laos y Pakistán.
Unos 21 mil cubanos han llegado a puntos de cruce en la frontera méxico-estadounidense desde octubre pasado, el triple de los 12 meses anteriores, según cifras de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.
Otros miles de cubanos se han visto varados en listas de espera en ciudades del norte de México, bajo un programa según el cual los migrantes deben esperar al sur de la frontera mientras sus procesos de asilo son estudiados.
De los cubanos que han recibido permiso para entrar en Estados Unidos, muchos han sido puestos en libertad y esperan la fecha de su audiencia de asilo, pero cientos más han sido entregados al ICE.
Unos 5 mil cubanos han recibido órdenes de deportación desde que se implementó el nuevo acuerdo con Cuba, y de ellos 1,300 han sido deportados, según cifras del ICE.
Luis Dayan Palmero salió de Cuba en abril, atravesando Guyana, Brasil, Colombia y Centroamérica hasta llegar a México en agosto.
Cruzó el Río Bravo y se entregó a la Patrulla Fronteriza, que lo envió a Matamoros, México. Tiene su audiencia judicial en Estados Unidos para los próximos días.
“Pienso pedir asilo y que pase lo que Dios quiera”, expresó Palmero.
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