El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular sin cambios la Ley Federal de Revocación de Mandato, por lo que la envió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con 290 votos a favor, 195 en contra y cero abstenciones, los diputados aprobaron en lo particular los términos del dictamen, luego de seis horas y media de debate en el que se desecharon las 78 reservas presentadas por legisladores de Morena, PAN, PRI, PT, MC y PRD.
Previamente, los diputados aprobaron la ley en lo general, con 491 votos a favor, uno en contra y una abstención, el proyecto avalado por el Senado el pasado 3 de septiembre, ya que fue considerado de urgente resolución.
La ley es reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución y permitirá la realización de la consulta respectiva en marzo de 2022, de acuerdo con las previsiones del Instituto Nacional Electoral (INE), que será el encargado de su organización.
La pregunta que se someterá a consulta será: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre) presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
Además, se incluirán en la boleta estas dos alternativas: Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o Que siga en la Presidencia de la República.
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La ley reglamentaria de la revocación de mandato establece que al menos el 3 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores podrán solicitar una consulta para decidir la terminación anticipada el mandato del presidente de la República. Esto, siempre que se correspondan a personas de por lo menos 17 entidades federativas, en las que igualmente representen al menos el 3 por ciento de la lista.
No se podrán utilizar recursos públicos para recoger firmas de ciudadanos que apoyen la realización del la consulta, así como para la emisión de promociones y propaganda sobre esta.
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato; se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
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— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) September 8, 2021
El Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de la organización y promoción del ejercicio, con arreglo a los principios de legalidad e imparcialidad. El organismo realizará un monitoreo de medios para garantizar la equidad en la discusión del proceso y deberá tener a más tardar el 1 de octubre de 2021 el formato impreso y los medios electrónicos de solicitud de la convocatoria al proceso de revocación de mandato para el periodo constitucional 2018-2024.
Además el INE deberá tener a disposición de las ciudadanas y ciudadanos, a más tardar el 1 de octubre de 2021, el formato impreso y los medios electrónicos de solicitud de la convocatoria al proceso de revocación de mandato para el periodo constitucional 2018-2024.
“Los partidos políticos podrán promover la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato y se abstendrán de aplicar los recursos derivados del financiamiento público y del financiamiento privado para la realización de sus actividades ordinarias permanentes o sus actividades tendientes a la obtención del voto con el propósito de influir en las preferencias de las ciudadanas y los ciudadanos”, menciona el proyecto.
El resultado de la consulta será vinculatorio si participa en ella al menos el 40% de la lista nominal de electores.
El diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe, aseguró que con la aprobación de esta ley, “complementaríamos la reforma constitucional en esa materia y sentaríamos las bases para que, si así lo decide el pueblo de México, se inicie un proceso que corresponde respecto a la revocación del mandato del Presidente de la República”.
Destacó que el instrumento legal genera la certeza jurídica a la ciudadanía por medio de un sufragio universal, libre secreto, directo, personal e intransferible de decidir, en definitivo: “el pueblo pone, el pueblo quita”.
Por su parte, el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado (PAN) dijo que es obligación sacar adelante este instrumento jurídico para dar definiciones a la participación ciudadana, por lo que adelantó que votarían a favor en lo general pero debatirían las reservas, que finalmente no fueron aceptadas.
Puntualizó que la redacción que propuso el Senado no conduce a dar una respuesta contundente a la revocación, sino que plantea dos escenarios diferentes sobre los que la ciudadanía tendría que decidir.
Por parte del PRI, el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño advirtió que la minuta del Senado tiene múltiples contradicciones que suponen un posible uso político de esta figura, alejándose del propósito de dotar a los ciudadanos del derecho de revocar a su representante para convertirlo en un ejercicio de mera ratificación del mandato.
El diseño de la pregunta contiene elementos que podrían desviar del propósito; por ello, agregó, “el PRI propone optar por una pregunta más clara, concreta y contundente. Consideramos una verdadera incongruencia que se permita a los partidos políticos participar de forma activa en el proceso de revocación de mandato, esto debería quedar estrictamente prohibido”.