El sector patronal hizo un llamado a analizar las modificaciones y a no aprobar una legislación punitiva, que sea utilizada como “un arma política” por quienes ejercen el poder”.
Las reformas planteadas por el actual gobierno federal para combatir la defraudación y evasión fiscal, “amenazan a muchas empresas que cumplen con sus obligaciones tributarias puntualmente”, afirmó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
“Preocupa mucho que, en el ánimo de contar con una ley que elimine a las empresas defraudadoras, pudieran darse injusticias. Confundiendo empresas que realizan operaciones legales con aquellas que realizan operaciones fantasma debido a cuestiones puramente operativas como la forma en la que se da de alta o baja en el Servicio de Administración Tributaria”, expuso.
Si bien la organización empresarial coincidió en que México requiere un marco normativo moderno que combata eficazmente la defraudación y la evasión fiscal, consideró que no deben pagar justos por pecadores.
“Las reformas que serán discutidas próximamente en el Senado y que pretenden clasificar como crimen organizado la evasión fiscal, deben establecer claramente los candados que eviten estos delitos, pero sin incurrir en una legislación desorbitantemente punitiva que cree una mayor incertidumbre para el país”, indicó.
Aunque consideró prioritario que la autoridad establezca los candados para frenar a los defraudadores fiscales, que generan pérdidas anuales para el erario de al menos 350 mil millones, señaló que “no se puede llegar al extremo de colocar en la incertidumbre jurídica a las empresas y los contribuyentes honestos”.
Además, apuntó, lo más grave es que podría haber contribuyentes que, sin la existencia de algún juicio, sean privados de su libertad y sentenciados penalmente.
“Al ser un delito catalogado como delincuencia organizada no se tendría derecho a fianza. E incluso, debido a la recién aprobada Ley Federal de Extensión de Dominio, se podrían vender las propiedades del contribuyente de forma automática”, agregó.
En este sentido, la Coparmex advirtió que estos mecanismos crean un arma política muy poderosa contra empresas y contribuyentes que no sean bien vistos por quienes ejercen el poder.
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Ante esto, hizo un llamado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo y a construir una legislación “cuya implementación no devenga en más problemas y una mayor incertidumbre”.
“(Las reformas) se deben revisar ampliamente, con el acompañamiento de especialistas, a fin de que no se acuse de delitos graves a empresas o empresarios que podrían tener operaciones presuntamente inexistentes por circunstancias involuntarias o no intencionales”, insistió.