Si nos atenemos a los resultados del primer año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vayan perdiendo la esperanza quienes apostaron a que su sexenio concluirá con una transformación de México tan profunda como las gestas independentistas de 1810, las Leyes de Reformas de Benito Juárez o la revolución popular contra Porfirio Díaz. Hasta ahora, su única gesta es disfrutar de una popularidad cercana al 70% sin haber encauzado las transformaciones que el país necesita para salir del subdesarrollo.
No hay gobernante que no se haya comprometido con reformas medulares hacia el desarrollo y la seguridad, pero ninguno fue tan superlativo, ni prometió tanto, ni despertó tantas expectativas como López Obrador, cuya decencia personal, voluntarismo y austeridad no bastan en una federación tan complicada como la mexicana. Los retos son numerosos, y los fondos para llenar de contenido la agenda social y los proyectos escasean; la reforma fiscal sigue a la espera. La ciudadanía está siendo más tolerante que nunca con los incumplimientos de un político de origen priísta y convicciones de izquierdas, avezado en el arte de la marrullería, que no consolida reformas pese a la mayoría parlamentaria de su Movimiento Regeneración Nacional.
Herramientas fundamentales de una gestión personalista y frecuentemente autoritaria son las ruedas de prensa, monótona variante del Aló Presidente de Hugo Chávez y de la propaganda de Juan Domingo Perón, que disimulan la recesión, la abulia inversora, las salvajes estadísticas del delito y una creación de empleo tan pobre como los compatriotas que lo demandan. La renuncia al uso del Boeing, la eliminación de las pensiones de los expresidentes, la conversión de Los Pinos en museo o el pliego de cargos contra la monarquía española son señuelos populistas.
La transición prometida aún resulta estimulante para los millones de incondicionales de López Obrador, que disfruta de un importante capital simbólico al percibírsele íntegro, tenaz y redentor, víctima también de las mafias en el poder, confabuladas para arrebatarle la victoria electoral de 2012 y malograr las buenas intenciones de un presidente que firmó ante notario no intentar la reelección: un alarde demagógico pues la Constitución la prohíbe.
La subida del salario mínimo, el combate contra el robo de combustible, la moralización de la vida pública y el solidario empeño con los pobres y los indígenas, conviven con el clientelismo de siempre y el sometimiento a las imposiciones migratorias de Donald Trump. El crimen y la impunidad galopan. De enero a septiembre se cometieron 25.890 homicidios, récord desde 1997, según datos oficiales. Quedan cinco años de legislatura para corregir y progresar, para impedir que la prometida Cuarta Transformación de México no se convierta en la enésima decepción de quienes le confiaron su futuro.
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