El desastroso proceso electoral que ha marcado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, celebradas el pasado 7 de febrero, amenaza gravemente la estabilidad social e institucional del país sudamericano. Hasta hoy todavía no se conoce quién será el candidato al que se tendrá que medir el ganador, Andrés Arauz, en la segunda vuelta, con fecha marcada para el 11 de abril. En principio, la diferencia de votos entre dos opciones políticas muy diferentes es escasísima; la del conservador Guillermo Lasso y la del líder indigenista Yaku Pérez, quien ha protagonizado la sorpresa incluso aunque no pase a la segunda vuelta. Pero esta circunstancia de casi emparejamiento en el resultado —algo plausible en cualquier elección— se ha convertido en un factor de desestabilización ante la peligrosa inoperancia de un mecanismo electoral que debe ser revisado con urgencia.
Las numerosas dificultades en el recuento y una lluvia de impugnaciones produjeron una parálisis total en el proceso de verificación y proclamación de resultados, Pérez denunció fraude electoral y pidió a sus bases que se movilizaran. Tras cinco días de conversaciones políticas, todas las partes llegaron a un acuerdo por el cual se revisarán las actas electorales en 17 provincias de las 24 que constituyen el país andino y se recontarán el 100% de las urnas en algunos territorios como Guayas. Un método que se ha iniciado el pasado domingo, pero para el cual el Consejo Nacional Electoral no ha dado ninguna estimación de finalización, añadiendo incertidumbre a un procedimiento electoral casi ya descarrilado.
Todas estas condiciones han creado un panorama muy inflamable en un país con importantes tensiones sociales y políticas azuzadas por la misma pugna electoral y las duras consecuencias que está teniendo la pandemia. No cabe duda de que, cuanto más tiempo se tarde en emitir un resultado definitivo, más posibilidades hay de que la tensión en aumento termine por estallar. Es cierto que los dos candidatos que pugnan por pasar a la segunda vuelta han señalado tras el acuerdo alcanzado que acatarán el veredicto del Consejo Nacional Electoral, y esto resulta fundamental para calmar los ánimos del electorado, pero de ninguna manera rebaja la obligación del organismo de verificar los votos con la mayor rapidez y total transparencia. Es preciso también que todas las instituciones del país demuestren madurez y multipliquen los esfuerzos para superar la situación.
En cualquier caso, el daño ya está hecho y la dinámica vivida hasta ahora arrojará dudas legítimas sobre el sistema de votación. La democracia no solo tiene que ser transparente, sino además parecerlo.
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