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La OMS, el IPCC (el panel de expertos en cambio climático de la ONU) y numerosas investigaciones recomiendan moderar el consumo de carne por su probada relación con el cáncer, entre otras enfermedades, y por el coste medioambiental que genera la ganadería intensiva en un mundo que debe decidir bien sus próximos pasos si quiere frenar el calentamiento. El propio plan del Gobierno para 2050 presentado en mayo lo considera un objetivo “necesario”. Y, sin embargo, el pronunciamiento del ministro Garzón en este sentido ha generado un duro choque dentro del propio Ejecutivo, una amonestación pública más gastronómica que medioambiental por parte de Pedro Sánchez y una lluvia de hiperbólicas críticas de la oposición y sectores mediáticos que, junto a peticiones de cese por parte del sector, de nuevo dejan en evidencia la escasa —queriendo ser generosos— capacidad colectiva para abordar debates de forma constructiva y racional.
Los españoles consumen de media más de un kilo de carne a la semana, frente a la dosis de no más de 500 gramos recomendada por la OMS. En las últimas dos décadas, el consumo de carnes rojas y procesadas venía registrando un descenso que se revirtió en el confinamiento. La huella climática también constituye una evidencia científica. Es justificado, pues, abrir una reflexión para evitar excesos dañinos en el consumo (que no significa prohibición) y sobre la transición del sector hacia fórmulas cada vez más ecológicas, extensivas y saludables para el cuerpo humano y para el planeta.
La polémica, sin embargo, se ha convertido en el epítome de un lamentable ambiente político en el que resulta casi imposible debatir provechosamente. El asunto en cuestión no tiene nada de ideológico: se trata de sopesar con rigor elementos de carácter sanitario, medioambiental, socioeconómico y de futuro. Debería ser objeto de una dialéctica normal, pero ha sido más gasolina para la enésima llamarada generalizada de propaganda, brocha gorda y alineamiento partidista. Garzón cometió el claro error de no coordinar su iniciativa en el seno del Gobierno, de lanzarse como protagonista único y de ignorar la debilidad de su situación como ministro, fruto de su cuestionable trayectoria. Pero los argumentos de fondo son razonables, están en la línea del plan para 2050, y han quedado aplastados en medio de embestidas que poco tienen que ver con la búsqueda del bien común. El sector aporta 2,5 millones de empleos y casi 9.000 millones de euros en exportaciones y merece la máxima sensibilidad y cuidado en este debate. Lo preciso es sopesar racionalmente los distintos intereses y buscar soluciones que maximicen beneficios y amortigüen daños. Esto es la política noble. En España, desafortunadamente, se hace cada vez más dominante una variante agresiva y miope.
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