Carolina del Sur no ha ejecutado a ninguno de los 37 hombres que esperan su turno en el corredor de la muerte desde hace una década. La razón es sencilla: el método que eligen los condenados para su muerte es la inyección letal y los correccionales no tienen uno de los fármacos necesarios para que el reo no sufra una muerte larga y atroz. Hasta el momento, la legislación de ese Estado sureño les permitía elegir entre la inyección letal y la silla eléctrica, por lo que los presos se decantaban por la primera opción y así postergaban su día final.
Hasta el pasado viernes, cuando el gobernador republicano, Henry McMaster, cumplió con lo que prometió: firmar “en cuanto llegara a su escritorio” el proyecto de ley que una semana antes había aprobado la Cámara -bajo control republicano (66-43)- en el que se establece que si no hay existencias de los fármacos necesarios, el preso deberá ser ejecutado con la silla eléctrica sin más dilación. La normativa también pasó el voto del Senado. Pero la ley contiene una provisión que introduce otra opción para el condenado, además de la silla eléctrica, morir frente a un pelotón de fusilamiento. Esta ley convierte a Carolina del Sur en el cuarto Estado de la Unión en incluir el fusilamiento como alternativa, después de Misisipi, Oklahoma y Utah.
Para quienes se oponían a la ley, la opción del fusilamiento es un paso atrás, ya que se trata de una práctica que consideran “medieval”. Los partidarios de la pena de muerte consideran, en cambio, que poder ejecutar a los condenados por sus crímenes logra que las familias de las víctimas puedan cerrar capítulo. “Estamos un paso más cerca de brindarles a las familias y seres queridos de las víctimas la justicia y el cierre que les debe la ley. Firmaré esta legislación tan pronto como llegue a mi escritorio”, dijo el Gobernador de Carolina del Sur a través de un comunicado.
“Es 2021. Deberíamos dejar atrás estas formas bárbaras de castigo que son más medievales que modernas. Nuestro Estado ha dado un paso atrás y me avergüenzo”, dijo el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Todd Rutherford, en un comunicado después de que el proyecto de ley pasara la votación en la Cámara de Representantes.
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La aprobación de la nueva legislación no implica la reactivación inmediata de las ejecuciones en Carolina del Sur, ya que con toda seguridad la ley enfrentará demandas que pueden retrasar varios años su entrada en vigor. Según datos del DPIC, en 2021 no hay programada ninguna ejecución en Carolina del Sur. Si no existen indultos o aplazamientos, la próxima ejecución se llevará a cabo el 19 de mayo en Texas, el tercer Estado con mayor número de presos en el corredor de la muerte, 210. En primer lugar está California, con 711, y en segundo, Florida, con 347.
El cambio de la ley de Carolina del Sur se produce cuando los Estados del país que siguen practicando la pena de muerte -un total de 27 sobre 50- siguen encontrando barreras para ejecutar a los condenados a la máxima pena debido a la escasez de uno de los tres medicamentos que se utilizan para acabar con la vida del sentenciado.
El problema no es nuevo y se arrastra ya desde hace más de una década, cuando en el otoño de 2010 los centros penitenciarios se quedaron sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba en las penas capitales para dormir al reo antes de inyectarle en vena las otras dos sustancias que acaban con su vida. Entonces, Hospira, el único laboratorio farmacéutico que fabricaba el pentotal sódico en EE UU, anunció que tenía problemas para cumplir con la demanda.
Oficialmente alegó problemas logísticos y de dificultad para lograr ciertos ingredientes, pero detrás estaba el deseo de la compañía de no querer verse asociada por más tiempo con la pena de muerte. Casi a renglón seguido, en Italia –país donde se fabricaba uno de los ingredientes usados por Hospira- se vivió una gran presión mediática para que no se vendiera a EE UU más anestesia destinada a los corredores de la muerte.
En 2012, un reo de Texas se convertía en el primer recluso en ser ejecutado por inyección letal compuesta por una sola sustancia, pentobarbital, ante la imposibilidad de proveerse de dos de las drogas que formaban parte del combinado, bromuro de pancuronio y tiopentato de sodio. La polémica estaba servida, ya que el pentobarbital es un barbitúrico que se suele utilizar para sacrificar a los animales.
Según el DPIC (Centro de Información sobre la Pena de Muerte, siglas en inglés), desde que el Tribunal Supremo restauró la pena de muerte en EE UU tras un parón de cuatro años, se ha ejecutado a 1.532 personas. Tan solo tres han sido por fusilamiento y todas ellas en Utah. La última vez fue en 2010. Ronnie Lee Gardner, 49 años, elegía de forma voluntaria ser fusilado tras pasar 25 años en el corredor de la muerte en lugar de someterse a una inyección letal porque lo creía “más humano”. Utah fue el primer Estado en optar por el fusilamiento tras comenzar la escasez de anestesia en la búsqueda desesperada –e imposible- de lograr un método de ejecución humano en el que el condenado no tuviera una lenta y larga agonía debido a la falta de ese barbitúrico a la hora de aplicar la inyección letal.
El pelotón de fusilamiento en Utah tiene una macabra puesta en escena. Al condenado se le ata a una silla con la cabeza cubierta con una capucha y se le cuelga una diana del pecho. Cinco agentes del Departamento de Prisiones ejercen de verdugos y los cinco van armados, pero uno de ellos dispara balas de fogueo. La sala de ejecuciones es una habitación de seis metros por siete, cuyos cristales son antibalas y opacos, para proteger “física y emocionalmente” a los testigos, según informó la oficina de prisiones de Utah. De momento, en Carolina del Sur no hay establecido un procedimiento para fusilar a los condenados a muerte, ya que nunca se ha utilizado este método.
La adopción por parte de Estados Unidos de la inyección letal fue el resultado de más de un siglo en la búsqueda de una forma ‘humana’ de acabar con la vida de los condenados a muerte, que comenzó con la horca y el pelotón de fusilamiento. A estos métodos le siguieron la electrocución (la primera silla eléctrica llegó en 1890) y la cámara de gas (1921). En un macabro acto de evolución y después de que un forense de Oklahoma considerase que se estaba matando “animales con más humanidad con la que se estaba matando a personas”, nació en 1977 la inyección letal, el cóctel de tres medicamentos que pone fin a la vida de un preso condenado a la pena capital.
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