Recoger 500.000 firmas en España para conseguir que el Parlamento debata una proposición de ley impulsada por los ciudadanos constituye un desafío realmente complicado. Intentarlo en medio de esta pandemia del coronavirus resulta casi una misión imposible. Pero, si los promotores de la iniciativa legislativa popular lanzada para defender el mar Menor de Murcia no quisieran enfrentarse a retos extremos, no estarían tratando de sacar adelante una propuesta tan fuera de lo común: aprobar una ley que dote de personalidad jurídica a este espacio natural, como si fuera una persona o una empresa, para que sus representantes legales puedan defender sus derechos en los tribunales.
Más información
Pasados nueve meses del comienzo del plazo legal para conseguir el medio millón de apoyos, con el impedimento de los cierres perimetrales y las restricciones sociales por la crisis sanitaria, esta peculiar propuesta ha reunido algo más de 224.000 firmas presenciales. A los promotores les queda ahora una prórroga de solo tres meses para lograr otras 276.000 antes del próximo 28 de octubre.
“Es difícil, porque no sirven las firmas digitales”, dice Rocío García Martínez, de 34 años, una de las organizadoras de la recogida de apoyos. “Tienen que ser todas presenciales, pero si lo conseguimos seríamos pioneros en Europa, pues el mar Menor sería el primer espacio natural con personalidad jurídica del continente”, comenta. “Yo nací aquí, soy de Mar de Cristal, siempre he vivido junto al mar Menor. De pequeña navegaba y desde arriba veía el fondo, las algas, los peces; ahora el agua está verde, marrón, no se ve nada”, cuenta esta estudiante de ingeniería química. “Decidí implicarme en la defensa de la laguna cuando vi la playa llena de peces muertos en 2019”.
A pesar de tratarse de un ecosistema único, el mar Menor ha sufrido un grave deterioro en las últimas décadas, principalmente, por los excesos urbanísticos y el vertido de nitratos procedentes de la agricultura. Ante la ineficacia del actual marco legal para preservar este paraíso, Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho, fue la impulsora principal de esta iniciativa que busca otorgar derechos propios al mar Menor, amparándose en precedentes como el del río Atrato en Colombia o el del río Whanganui en Nueva Zelanda. En septiembre de 2020 la Mesa del Congreso de los Diputados en Madrid admitió a trámite la iniciativa legislativa popular, primer requisito para que esta proposición de ley pueda ser votada en el Parlamento si se consiguen las 500.000 firmas autentificadas que estipula la legislación española.
El tiempo empezó a correr el 28 de octubre de 2020, después de ser validada la iniciativa ciudadana por la Junta Electoral Central, pero cuando los promotores quisieron salir a la calle para recabar apoyos se dieron de bruces con la pandemia. García Martínez recuerda con desesperación cómo pasaban las semanas sin poder moverse de la posición de salida: “Fue brutal, no nos llegaban los pliegos para recoger las firmas y luego estaban los confinamientos perimetrales, no podíamos movernos”.
Sin embargo, todo empezó a cambiar hace unos meses. Todavía se ven limitados por la crisis sanitaria, pero ahora mismo ya cuentan con más de 2.000 voluntarios recogiendo apoyos. Hay puestos de recogida en supermercados, peluquerías, clínicas, hoteles, tiendas… incluso en los centros de vacunación. Como cuenta la activista, los voluntarios no están solo en Murcia, sino también en una veintena de ciudades de España e incluso fuera del país. “Hay gente recogiendo firmas en República Checa, Finlandia, Alemania, Francia y, desde hace poco, en Suecia, son españoles que van a las embajadas y a los sitios de la colonia española”, comenta García Martínez, que asegura que en los últimos días ha recibido llamadas de 30 personas ofreciéndose para ayudar. “En la Manga del Mar Menor, hay gente que recoge firmas yendo puerta por puerta”.
El 28 de julio terminaron los nueve meses dados como plazo por la ley para recoger el medio millón de firmas con las que abrir las puertas del Parlamento. Sin embargo, la Junta Electoral Central concedió una prórroga de tres más por los obstáculos derivados de la pandemia, hasta el próximo 28 de octubre. A pesar del buen ritmo actual en la recogida de apoyos, los promotores son conscientes de que es muy poco el tiempo que les queda. Cuentan que disponen de poco más de dos meses para reunir más firmas que las conseguidas en nueve, dado que tendrán que dejar un margen para recopilar todos los pliegos desperdigados por tantos sitios para presentarlos antes del plazo final.
Tere Conesa, del movimiento ciudadano de banderas negras y otra de las impulsoras, asegura que hay días que le dan las tres de la madrugada liada con esta iniciativa a la que está dedicada “en cuerpo y alma”. Aunque reside en Molina de Segura, esta murciana de 59 años cuenta que ha ido siempre al mar Menor, desde que sus padres la llevaban de pequeña a Los Alcázares. “Abundaban los caballitos de mar y este era un lugar de ensueño; ahora lo veo y siento una tristeza tremenda, hay sitios ya con mal olor”, afirma. “Lo hecho hasta ahora con las firmas ha costado muchísimo, pero necesitamos más ayuda, necesitamos más voluntarios”, prosigue.
Tampoco son todo apoyos, hay murcianos que están en contra de la iniciativa por considerar que puede perjudicar a la agricultura, a la que se acusa de los vertidos de nitratos al mar Menor. “A veces recibimos insultos, comentarios muy hirientes”, incide Conesa. “Nos da mucha pena que haya gente de Murcia que no quiera firmar y que a la vez haya extranjeros que veranean aquí que preguntan por qué no se les permite apoyar a ellos la iniciativa [la ley establece que solo son válidas las firmas de ciudadanos mayores de edad con número del documento nacional de identidad e inscritos en las listas electorales]”. Según destaca, “hay gente que nos dice que esto está politizado, pero no es así, el mar Menor nos necesita a todos”.
El texto de la proposición de ley planteada por la iniciativa busca que se reconozca a ese ecosistema “los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y en su caso restauración a cargo de los gobiernos y los habitantes ribereños. El derecho a existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente, que incluirá todas las características naturales del agua, las comunidades de organismos, el suelo y los subsistemas terrestres y acuáticos que forman parte de la laguna del mar Menor y su cuenca”.
Asimismo, propone que la representación y gobernanza de la laguna se concrete en tres figuras: “Una tutoría y representación legal de la laguna, que se ha de ejercer a través de un representante de las Administraciones públicas que intervienen en este ámbito y un representante de los ciudadanos de los municipios ribereños; una comisión de seguimiento (los guardianes o guardianas de la laguna del mar Menor); y un comité científico, que asistirá a la tutoría y a la comisión, del que formará parte una comisión independiente de científicos y expertos, las universidades y los centros de investigación, a nivel regional, nacional e internacional”.
La web de la iniciativa legislativa popular, ilpmarmenor.org, indica que existen ahora mismo 400 puntos por todo el país donde se puede firmar.
Puedes seguir a CLIMA Y MEDIO AMBIENTE en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal