Entre Chile y Bolivia existe un entramado que incluye robo de automóviles, narcotráfico, corrupción policial, asesinatos, pueblos enteros dedicados al contrabando y empresas que se hacen los de la vista gorda. Un conflicto que amenaza con ampliarse a otros países del continente.
Carlos Luz, Beatriz Layme y Cristian Ascencio*
En la frontera chilena-boliviana, un negocio que involucra a grupos de crimen organizado de ambos países, se ha consolidado en la última década: el intercambio de vehículos robados por droga. Así lo muestra esta investigación en la que participaron La Estrella, de Iquique; el Mercurio de Antofagasta, ambo en Chile; y Página Siete, en Bolivia, en alianza con Connectas, la plataforma líder de periodismo colaborativo en la región.
Una de las formas de operar implica que una mafia chilena roba un vehículo, generalmente una camioneta todoterreno, lo cruza hasta territorio boliviano por alguno de los más de 100 pasos clandestinos fronterizos y, allá, se reúne con algún grupo boliviano con el que intercambia la camioneta por algunos kilos de droga. Una Toyota Hilux de este año cuesta unos dos kilos de cocaína, según información de los mismos condenados en sus declaraciones judiciales.
Los vehículos que circulan sin patente son comunes en Bolivia. Foto: Connectas
El negocio es tan lucrativo que, en el caso chileno, se han descubierto bandas integradas por más de veinte personas, con alto nivel de organización en la obtención, traslado y venta de vehículos; así como con ganancias millonarias, de
acuerdo a los datos de varios expedientes judiciales. Cada kilo de cocaína se puede vender en las grandes ciudades de Chile, como Antofagasta y Santiago, en 15 mil dólares.
En Bolivia las bandas no tienen muchas dificultades para deshacerse de un vehículo ilegal y venderlo en el mercado negro, según lo demuestran las investigaciones de las autoridades de ambos países y el reporteo efectuado para esta investigación trasnacional. Los vehículos sin documentación legal son conocidos como chutos en Bolivia, y se estima que actualmente hay 450 mil máquinas bajo esa condición en ese país, equivalente a un cuarto de todo el parque automotor boliviano.
No todos son robados. Algunos son adquiridos en la Zona Franca de Iquique, ciudad portuaria del norte chileno. Estos vehículos, por su antigüedad, no están autorizados para ingresar a Bolivia. Pese a esto, algunas empresas utilizan a personas sin hogar como testaferros para esquivar la burocracia aduanera y luego ingresar los vehículos a Bolivia por algún paso fronterizo clandestino. Esta es una práctica conocida, pero el mercado automotriz es tan importante para Iquique que pareciera que todos prefieren mirar para otro lado mientras el dinero siga corriendo.
La economía informal que gira en torno al negocio de los ‘chutos’ incluye exhibiciones comerciales o ferias, clonadores de patentes, transportadores y pueblos en los que sus empobrecidos habitantes ganan algunos pesos guardando los autos en sus patios, o cobrando peaje a su paso.
En Bolivia, por el impacto social del fenómeno, acabar con el problema es un terreno de arenas movedizas para los políticos.
En 2011 el gobierno del presidente en exilio Evo Morales realizó un “perdonazo” que permitió que más de 100 mil de estos automóviles fueran regularizados, a pesar de las protestas de países vecinos, desde donde muchos vehículos habían sido robados, como Chile.
En este país, precisamente, el problema de la frontera también está generando promesas políticas. La última de ellas es vista con recelo por expertos y agrupaciones vinculadas a derechos humanos: el gobierno de Sebastián Piñera involucró al Ejército en la persecución del narcotráfico y el contrabando en la frontera. El mismo Ejército que se ha visto sumido en casos de corrupción durante los últimos años, y que está en uno de sus peores niveles de aprobación ciudadana después de las protestas. El plan se echó a andar hace pocos meses.
En Bolivia, la mayoría de las ferias se ubican en pampas cercanas a poblados y se realizan una vez a la semana, por ejemplo, a la mañana de un sábado. En ocasiones, por el aumento de control policial y militar o por problemas con las comunidades indígenas, las ferias desaparecen o se trasladan hacia otro punto.
Un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de 2018 revela que el negocio de la droga incentiva el trueque de vehículos indocumentados en zonas rojas: San Matías (Santa Cruz) y los poblados del norte de Potosí. Además, autoridades bolivianas sostienen que clanes familiares con vínculos con el narco están detrás del comercio de los chutos. A su vez, la lucha en la frontera se ha intensificado en 2019, con operativos que han terminado en enfrentamientos y con autos incinerados por efectivos militares.
Vehículos chutos quemados por militares bolivianos en un operativo contra el contrabando realizado en septiembre de 2019, en el Salar de Coipasa. Foto: Connectas
Para conseguir un auto chuto no es necesario visitar un antro clandestino o un poblado aislado en medio del altiplano. Basta con meterse a Facebook. En la red social abundan grupos con nombres como “Autos chutos La Paz-Oruro”, “Autos chutos del trópico de Cochabamba” o “Autos chutos sin papeles”, en los que se comercializan vehículos “recién llegados” de Iquique, Antofagasta o Calama, todas ellas poblaciones chilenas. En las mismas páginas se promocionan clonadores de patentes o gestores de documentos. También abundan las estafas.
Los “chuteros” ingresan vehículos ilegales a Bolivia por caminos chilenos no habilitados, que cruzan poblados indígenas aimaras. Aunque hace algunos años los habitantes de estos poblados no tenían problemas con los “chuteros” e incluso les cobraban “peaje”. El asesinato de un dirigente cambió todo.
En medio del Salar de Uyuni, uno de los máximos atractivos turísticos del sur boliviano, cruzan rutas clandestinas de contrabando. Foto: Connectas
Entre 2015 y 2018, la sección de encargo y búsqueda de vehículos de Iquique desarticuló siete bandas dedicadas a recibir vehículos robados, para luego traspasarlos a Bolivia y entregar lo prometido a los compradores bolivianos. Según datos policiales, utilizaban adolescentes en la sustracción de automóviles, que recibían un pago promedio de 300 mil pesos chilenos (420 dólares) por vehículo.
Estas organizaciones lideradas por chilenos y que operan como intermediarios entre el ladrón y el cliente, ganan por auto un millón de pesos chilenos (mil 400 dólares) o droga equivalente a la máquina, de acuerdo a las investigaciones de la Sebv.
Las aduanas de Chile y Bolivia están rodeadas de una extensa pampa utilizada por los habitantes de Pisiga (Bolivia) y Colchane (Chile) para transitar desde tiempos prehispánicos. Pero también es utilizada por contrabandistas y narcotraficantes. Foto: Connectas
En Bolivia, el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando organizó durante siete meses, desde enero a agosto, 2 mil 860 operativos en los cuales 20 militares resultaron heridos por arma de fuego. “Nos han disparado, tenemos personal herido, les han disparado en la cadera, en la pierna, en la pantorrilla, en el hombro, disparan de lejos y se escapan. La frontera es oscura, los contrabandistas operan en la noche”, informa Gonzáles y señala que “los contrabandistas son vulnerables en las fronteras, pero cuando ingresan a territorio boliviano se fortalecen con recursos y medios, hasta drones manejan”. Para ampliar la información pulse acá.
* Esta investigación fue realizada por Carlos Luz, Beatriz Layme y Cristian Ascencio para La Estrella de Iquique en Chile, el Mercurio de Antofagasta en Chile y Página Siete en Bolivia en alianza con Connectas, la plataforma líder de
periodismo colaborativo en la región.Fotografías: Arturo Morales e Ignacio Muñoz