El presidente del PP, Pablo Casado, sobrepasado por las revelaciones sobre la utilización del aparato del Estado para tapar la financiación ilegal del partido, ha trazado un cortafuegos con la etapa de su antecesor, Mariano Rajoy. Los indicios de delito son abrumadores y las manifestaciones de Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad, abren en canal a la formación, algo que el actual dirigente del PP no podrá soslayar. Casado afrontará las revelaciones judiciales y la comisión parlamentaria sobre el caso, pero renegará completamente de esa etapa. Dará la cara pero sin asumir la menor responsabilidad por ella.“No va con nosotros”. Esta es la síntesis de las manifestaciones de fuentes del PP en el Congreso tras las revelaciones de Francisco Martínez, el número dos del Ministerio del Interior, sobre lo que ocurrió entre 2013 y 2016 en ese departamento, dirigido por Jorge Fernández Díaz.Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y supuesto coordinador de la trama de espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas en la época en que este amenazaba con airear los secretos financieros del partido tras su imputación en el caso Gürtel, anunció el domingo en EL PAÍS su intención de colaborar con la investigación judicial. “Voy a contarle al juez todo lo que sé”, manifestó en lo que era una mezcla de declaración de intenciones y aviso a navegantes. Martínez, en numerosas conversaciones recogidas en el sumario del caso Kitchen, ha manifestado a sus allegados sentirse abandonado por el partido, que lo sacó de las listas en abril de 2019, cuando ya empezaban a conocerse los primeros indicios de la trama para arrebatar a Bárcenas posibles documentos comprometedores para el PP.El contenido de su conversación con EL PAÍS ha causado estupor en el actual equipo popular. El espionaje del aparato del Estado, sufragado con fondos reservados que manejaba la cúpula policial del PP, será durante mucho tiempo, a medida que avance la investigación judicial y se sustancie la comisión de investigación que prepara el Congreso, el gran elefante en la habitación del PP. “Hemos leído esas informaciones con preocupación”, señaló este domingo el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. En un acto en Cuenca, el responsable de transmitir a la sociedad la doctrina del partido calificó los hechos conocidos hasta ahora de “graves”.“Son hechos que ocurrieron hace diez años”, apuntó con mucha intención el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. La financiación ilegal se inició, efectivamente, en 1990 —incluso antes, en la época de Alianza Popular— y está acreditada al menos hasta 2009. Sin embargo, en la última etapa, ya con Mariano Rajoy al frente, y su siempre fiel Jorge Fernández Díaz en Interior, la ley presuntamente se retorció mucho más: se puso en marcha una trama parapolicial para ocultar pruebas que incriminasen a los más relevantes dirigentes del PP, mientras eran investigados por la justicia. Ello ocurrió al menos entre 2013 y 2016.Francisco Martínez, abogado y letrado de las Cortes, ha podido comprobar que ni los dirigentes de entonces ni los de ahora van a ponerse a su lado, ni le van a ayudar ni socorrer. Este abandono le quedó claro cuando fue excluido de las listas al Congreso, pero también con las declaraciones de quienes le dieron las órdenes, haciéndose de nuevas de todos los indicios del proceso.Desde este lunes, el líder del PP, Pablo Casado, comenzará su propia contraofensiva en una entrevista en la cadena Cope. “Ni los hechos ni las épocas tienen que ver con la situación actual”, declaró el presidente gallego, a modo de avanzadilla del argumentario. “Si un juez o un fiscal entienden que hay una cosa que tiene que ser investigada, hágase”, declaró el jefe de Gobierno gallego en Oviedo.Esa investigación está en marcha y contará con la colaboración de Francisco Martínez que ya tiene preparadas pruebas y testimonios con los que trata de probar que la operación contra Bárcenas, venía, como poco, del propio despacho del ministro.Su lealtad a él fue absoluta por lo que su indignación fue máxima al escucharle decir que nada de eso iba con él. De inmediato, Martínez fue a un notario para que levantara acta de los mensajes que prueban el conocimiento de Fernández Díaz de la Operación Kitchen. El pasado 13 de marzo, un día antes de ser declarado el estado de alarma, unos policías van a su casa, junto a fiscales anticorrupción. El ex secretario de Estado les tenía preparado todo un documento con los mensajes que Fernández Díaz le había enviado. “Supongo que esto es lo que vienen ustedes buscando”, reprodujo este domingo este periódico.
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