El líder del PP, Pablo Casado, no ha aclarado este lunes, pese a las reiteradas preguntas de los periodistas, el sentido del voto de su grupo parlamentario en la moción de censura contra Pedro Sánchez presentada por Vox y que se debate este miércoles en el Congreso. “No hemos hablado de la moción de censura en el comité de dirección. Es un tema que no me importa nada. No voy a gastar un solo minuto en hablar de esa maniobra parlamentaria condenada al fracaso. El PP no va a perder tiempo en cuestiones menores”, ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del comité. Los populares descartan apoyarla, pero se debaten entre el voto en contra y la abstención. En las últimas semanas, Casado ha consultado a dirigentes del partido cuál creen que debe ser la posición del PP en ese debate y ha recibido opiniones en todos los sentidos, incluso el de votar a favor.
El líder de la oposición se esfuerza en restar minutos de protagonismo a Vox y su moción de censura, pero su negativa a aclarar el sentido del voto del PP revela la incomodidad que este asunto ha generado en el partido.
La exportavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo ha pedido públicamente a su partido que se abstenga a través de un vídeo en YouTube titulado “No al no”. Si, finalmente Casado opta por votar en contra, quienes no acaten esa instrucción y rompan la disciplina de voto serán sancionados con una multa.
Captura de pantalla del canal de YouTube de Cayetana Álvarez de Toledo, ‘CATilinarias’. En vídeo, la exportavoz parlamentaria del PP pide la abstención a la moción de censura planteada por Vox.
Casado también ha presentado hoy su contrarreforma del Poder Judicial después de tachar de “anticonstitucional” la que han registrado el PSOE y Podemos para sortear el bloqueo del PP a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El plan de los partidos del Gobierno de coalición, criticado en la Comisión Europea y por tres de las cuatro asociaciones de jueces españolas, cambia la forma de elección de 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial de forma que bastaría con mayoría absoluta para elegirlos, y no el apoyo de 3/5 del Congreso y Senado como hasta ahora. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece al PP retirar esa reforma si acceden a sentarse a negociar con el sistema vigente, pero Casado insiste en que no negociará si Podemos, que gobierna en coalición con el PSOE, participa en el proceso.
“Se trata de un acuerdo parlamentario, no de Gobierno. Podemos es un partido imputado por financiación ilegal y no puede haber ninguna conversación sobre renovación de las instituciones con un partido que ataca a la jefatura del Estado y reclama pactos con los herederos de ETA y los independentistas”, ha declarado el líder popular. El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha citado a declarar como imputados el próximo noviembre a varios miembros de la cúpula de Podemos tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente, que acusa al partido de financiación irregular. El Tribunal Supremo confirmó la semana pasada que el PP se lucró de la trama corrupta Gürtel. Los populares tienen también varias causas pendientes en la justicia. El año que viene comenzará, por ejemplo, la vista oral por la pieza sobre los papeles del extesorero Luis Bárcenas que revelan una presunta contabilidad paralela en el partido.
Casado ha planteado en la presentación de su contrarreforma “la ampliación del sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo y que las asambleas legislativas autonómicas no puedan designar vocales de los tribunales superiores de justicia”. En realidad fue el PP el que en 2013 modificó la norma para que las decisiones dentro del órgano de gobierno de los jueces se tomaran por mayoría simple. Posteriormente, en 2018, bajo el Gobierno del PSOE, se modificó la ley para que los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial se adopten “por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando se trate de nombramientos de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de los tribunales superiores de Justicia, en cuyo caso se requerirá una mayoría de tres quintos de los miembros presentes”.
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