“La paciencia tiene un límite. No hay más ciego que el que no quiere ver”. Todos los que han tratado con Salvador Illa durante la pandemia, también barones del PP, reconocen que nunca, ni en lo peor de la crisis sanitaria, se le vio perdiendo los nervios. El carácter sereno y dialogante del ministro de Sanidad ―ha estado al habla todos estos meses con presidentes y consejeros de cualquier signo político— han llegado al límite con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Los intensos tiras y aflojas con el Ejecutivo madrileño, que se resistió como gato panza arriba a confinar Madrid, han terminado por colmar la paciencia del ministro. Illa no quería una intervención sin acuerdo pero acabó actuando ante el probable éxodo masivo de madrileños en el Puente del Pilar. Hasta el decreto publicado ayer, el Gobierno ha evitado durante casi cuatro meses volver al traumático estado de alarma.
De la cogobernanza al estado de alarma impuesto a Madrid. El camino entre uno y otro escenario está dominado por los problemas con los que se encontró casi desde el principio Pedro Sánchez para mantener los poderes en la gestión de la crisis. La Moncloa sufrió para aprobar las seis prórrogas de este instrumento excepcional activado el 14 de marzo, y el Gobierno ha acabado reconociendo ahora que aceleró la desescalada por la presión política.
La chispa saltó a mediados de mayo, en la calle Núñez de Balboa de Madrid, donde reside el 1% más rico de España. Con gran eco mediático, un centenar de acaudalados vecinos se manifestó contra el confinamiento al grito de “¡libertad!”. Desde entonces, la presión no paró de crecer y el 21 de junio el Gobierno tuvo que soltar el control y entregar a las comunidades la gestión de la desescalada, ante el riesgo de no poder aprobar una nueva prórroga. El PP se había descolgado desde la cuarta petición al Congreso: “No podemos prorrogar más sus poderes extraordinarios”, le había espetado Pablo Casado a Pedro Sánchez en mayo en el Parlamento. El infierno parlamentario obligó al Gobierno a buscar apoyos con pactos inverosímiles, como el que cerró con EH Bildu comprometiéndose a derogar íntegramente la reforma laboral. El líder del PP llegó a acusar al presidente de buscar una “dictadura constitucional”.
La desescalada tampoco fue pacífica. Madrid llevó a los tribunales al Gobierno porque se le denegó la autorización para pasar a fase uno, la de las restricciones más livianas; Ayuso tenía prisa por reactivar económicamente la capital. Superadas todas las fases, las comunidades gestionaron los rebrotes, pero cuando el verano llegaba a su fin, Sánchez, al que acusaban de dejación de funciones, anunció que daría su respaldo a las comunidades que quisieran declarar el estado de alarma en sus territorios. Pero el Gobierno se seguía resistiendo a tomar el control y el presidente insistía en una idea: “cogobernanza”.
A principios de septiembre el problema se agravó en Madrid y todo fue en picado. El día 1, Pedro Sánchez lanzó la primera advertencia en la Cadena Ser: “Nos preocupa el estado de la Comunidad Autónoma de Madrid”. Todo el mes fue una sucesión de presiones del Gobierno central al madrileño para que actuara para contener la pandemia, que quedaban en eso, presiones. El día 20 el ministro José Luis Ábalos descartaba en EL PAÍS imponer el estado de alarma en Madrid: “No podemos tomar medidas muy radicales porque entraríamos en un ámbito de confrontación política que pondría incluso en perjuicio la lucha contra la pandemia”, justificaba. Un día después de esa entrevista, Sánchez y Ayuso cerraban una tregua política en la cumbre de las banderas en la Puerta del Sol, que saltó pronto por los aires ante la resistencia de Madrid a endurecer sus medidas. Sanidad veía que la curva de la pandemia se disparaba e Illa se ponía nervioso. Varias negociaciones contra reloj evitaron la intervención.
El viernes del puente del Pilar Madrid acabó en estado de alarma. El Gobierno había evitado todo lo posible ese escenario, consciente también de que si quiere prorrogar la alarma más allá de 15 días tendrá que aprobarlo en el Congreso, y es muy probable que tenga la oposición de PP y Cs, los socios del Gobierno madrileño. Pero dos gotas terminaron de colmar el vaso tras semanas de tensión: el golpe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la orden de Sanidad, y la inminencia de los días festivos. “Hay que evitar a toda costa la propagación del virus por España en el puente del Pilar”, dijo ayer el ministro de Sanidad tras el Consejo de Ministros que decretó la alarma en Madrid. “En política, el 99 % de los temas son discutibles, el 1 %, no. La salud de los madrileños es indiscutible. Y la transmisión comunitaria lo es también”, se indignó. Illa había perdido la paciencia.
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