El ministro Manuel Castells se comprometió hace una semana con la comunidad universitaria (rectores, estudiantes y sindicatos) a hacer cambios en su proyecto de ley de universidades, vista la falta de consenso en torno al gobierno de los campus públicos (conocido técnicamente como gobernanza). Estos son los cambios recogidos en el nuevo documento, al que ha accedido EL PAÍS, que los negociadores debatirán con el Ministerio de Universidades hasta noviembre, fecha en la que la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) empezará a debatirse en el Congreso de los Diputados. Este giro beneficia sobre todo a los estudiantes y los sindicatos (representantes de los profesores).
Elecciones a rector
Una de las grandes novedades del anteproyecto era que abría la opción de que el rector fuese elegido ―si así lo contemplaba la universidad tras modificar sus estatutos― por un comité designado por el claustro de la universidad. En él, explicó el ministro Castells, debería haber una mayoría de “profesores e investigadores” de la institución, pero también debería contar con un 30% de personas ajenas a la universidad. Pero el ministro da marcha atrás en la nueva propuesta y “elimina cualquier otra opción de elección del rector” que no sea “el sufragio ponderado de toda la comunidad universitaria”. Los sindicatos consideraban que la idea del comité para seleccionar al rector iba en contra de la democracia interna.
La nueva propuesta no cierra la puerta a que profesores titulares con suficientes méritos acreditados puedan presentarse al cargo de rector, un punto que disgusta a la conferencia de rectores (CRUE). Pero sí que afirma que estos serán siempre “funcionarios doctores”, lo que excluye a los titulares o catedráticos con contrato laboral. En muchas universidades anglosajonas el rector es una personalidad externa al campus con una trayectoria reconocida. Por ejemplo, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton acaba de ser nombrada rectora de la Queen’s University de Irlanda del Norte.
Se elimina, en cambio, la doble ponderación en la elección del rector en función del grado de participación. En el anteproyecto se permitía que, si un colectivo apenas participa en los comicios ―una clarísima alusión a los estudiantes, que se involucran muy poco en las convocatorias―, se tuviese en cuenta en el resultado final y sus votos valieran menos. Ahora, en ocasiones, unos pocos votos de los alumnos deciden el rumbo de una universidad. La coordinadora de estudiantes Creup había visto en este punto del anteproyecto “un ataque frontal contra el estudiantado, que es el colectivo más numeroso de la universidad y el más difícil de alcanzar en las campañas”. Los alumnos son partidarios de un hombre, un voto ―el sufragio sin ponderación―, pero el ministerio no ha contemplado esa opción.
Los mandatos del rector serán de seis años, pero en el nuevo texto se especifica que estos serán “improrrogables y no renovables”, como pedía la CRUE. Es decir, el rector no podrá volver a presentarse al cabo de un tiempo.
Elección de decanos
Los decanos y directores de escuela “serán elegidos mediante elección directa por sufragio universal ponderado”, se afirma en la nueva propuesta, manteniendo la situación actual. La idea inicial del anteproyecto era que el rector seleccionase el que considerase mejor de una terna de tres candidatos preseleccionados por el centro. De esta forma, se aumentaba el poder de los rectores, que se enfrentan a veces a una revolución interna de sus propios decanos contrarios a sus políticas. Ocurrió, por ejemplo, en la Complutense de Madrid cuando los decanos boicotearon la decisión del entonces rector Carlos Andradas de fusionar distintos centros. La CRUE había propuesto en sus enmiendas que los rectores seleccionasen a los decanos entre unos candidatos elegidos en unas elecciones abiertas a toda la comunidad.
En la nueva propuesta, el defensor universitario será votado en unas elecciones de sufragio ponderado, no será elegido según el sistema que designen los estatutos de cada entidad; los vicerrectores tendrán que ser doctores con vinculación permanente ―ahora no es así―, mientras que para ser secretario general no habrá que haber leído la tesis.
Claustro
El anteproyecto reducía el número máximo de miembros del claustro (el órgano de representación de los profesores) de 300 a 100, ya que resulta poco práctica su gestión. Ahora, el nuevo documento deja que “cada universidad decida su número”, aunque hay consenso en la necesidad de menguar la cifra. Los rectores pidieron este cambio por las diferentes tipologías de campus: no es lo mismo la Universidad de Barcelona, con 63.000 alumnos, que la Politécnica de Cartagena, con 4.500.
Al menos el 25% de los integrantes serán estudiantes, el 51% plantilla investigadora permanente (catedráticos y titulares) y el resto “será el claustro el que decida su peso”. Los representantes de los decanatos y directores de escuelas se eliminan. En el anteproyecto anterior, se decía que los estatutos de cada universidad decidirían el número de miembros de cada colectivo, lo que podría arrinconar a los estudiantes, para quienes el texto reclamaba únicamente “un porcentaje representativo del total”.
Creup ha reclamado en las alegaciones a la LOSU: “Un mínimo de representación del 30% del estudiantado en todos los órganos de gobierno, sin excepciones, con tal de representar que somos, citando al ministro, la razón de ser de la universidad”. En el caso del claustro, con el 25%, se han quedado cerca.
Consejo de Gobierno
Cada universidad decidirá qué tamaño tendrán estos consejos, que son el máximo órgano de gobierno de la universidad y que representan a toda la comunidad universitaria. En las universidades del resto de Europa son mucho más pequeños. El anteproyecto cifraba en 50 los miembros en representación de todos los estamentos de la comunidad universitaria y la CRUE propuso bajarlo a 30 para que sea un órgano más ágil en la toma de decisiones. El ministerio desoye en este caso a los rectores, que sugerían en sus alegaciones elegir ellos a un tercio del consejo de gobierno.
“La participación estudiantil y de los trabajadores de administración y servicios será de un mínimo del 10% cada una”, se propone en el nuevo texto. En el anterior solo se cifraba un mínimo de un 10% de los asientos para los consejos sociales, que son el puente entre la universidad, la empresa y la sociedad.
Consejos sociales
El 50% de los miembros serán “elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas a propuesta de las universidades”. En la actualidad, los gobiernos autonómicos utilizan esos cargos para premiar a políticos de retirada que de esta manera mantienen cierto poder y cobran por asistir a unas seis reuniones al año. Los consejos sociales llevan años pidiendo la participación de personas externas en la gestión de los campus y más autonomía en su labor de los rectores, que tienen que responder ante muchos órganos.
El próximo 13 de octubre, Castells se verá con los sindicatos para dialogar sobre el apartado de la LOSU dedicado al personal docente e investigador, otro de los puntos calientes de la propuesta.
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