Cataluña ha puesto fecha a una de las medidas educativas que ronda al Govern `desde que ERC volvió a asumir la cartera de Educación en 2016: terminar con los conciertos educativos a las escuelas que segregan por sexo. El Ejecutivo catalán ha anunciado este martes que el próximo curso no renovará el concierto de la educación secundaria obligatoria (ESO) y bachillerato a 11 centros educativos. La medida afectará a 3.850 alumnos de secundaria (139 grupos) y 251 de bachillerato (cuatro clases), que dejarán de tener financiada la llamada educación diferenciada. El Govern no podrá tocar, por ahora, el concierto de educación primaria con estos centros, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obligó a mantenerles la financiación pública. Por lo que respecta al nivel infantil, no hay actualmente ningún grupo en estos colegios que segregue por sexo. El impacto económico de la extinción de los conciertos en secundaria y bachillerato asciende a 15 millones de euros.
El Departamento de Educación ya intentó hace un año aplicar una medida similar a los colegios de primaria que aplicaban esa segregación, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó unas medidas cautelares y les obligó a renovar el concierto hasta 2026. El consejero de Educación, Josep González-Cambray, ha sostenido este martes que ese tipo de subvenciones son una “anomalía” y se ha mostrado convencido de que en esta ocasión están más “armados” jurídicamente que hace un año. De hecho, la nueva ley educativa estatal aprobada el pasado diciembre, la Lomloe, prohíbe expresamente los conciertos a colegios segregados. La norma dice que, para favorecer la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos “desarrollarán” el principio de coeducación y no separarán al alumnado por su género.
Así, si bien la antigua ley educativa del PP (Lomce) incluía una cláusula para blindar los conciertos —no consideraba discriminación esta segregación por sexos—, la derogación de esta norma y la entrada en vigor de la Lomloe allanan ahora el camino al Govern. González-Cambray ha señalado, además, que la medida también cuenta con un fuerte respaldo social y ha recordado que hace una semana el Parlament aprobó una moción del PSC-Units per Avançar con el apoyo de la mayoría de grupos de la cámara —independentistas, socialistas y comunes—, salvo Vox, Ciudadanos y PP. Además, ha incidido el titular de Educación, un informe del Centro de Estudios de Opinión, el CIS catalán, arrojó en 2018 que el 85% de los catalanes rechazaba los conciertos que segregan por sexo.
Los conciertos que terminan vigencia el próximo año son los que afectan a educación secundaria y bachillerato. No hay ningún centro infantil con educación segregada y los de primaria están bajo la medida cautelar. Los centros afectados por la decisión del Govern son Canigó (Barcelona), Pinela y Xaloc (L`Hospitalet), Bell-lloc del Pla y Les Alzines (Girona), Institució Lleida, la Escola Campjoliu (L’Arboç), Institució Tarragona (Constantí), La Vall (Sabadell) y La Farga y Viaró (Sant Cugat). Un portavoz de Educación señala que, en el caso de educación infantil, sí se renovará el concierto con estos colegios porque ya todos tienen clases mixtas en este nivel escolar.
A diferencia de Navarra, que llegó a una solución salomónica y permitirá que los estudiantes que ya habían empezado la etapa educativa con la llamada educación diferenciada puedan mantenerla hasta que acaben la etapa, Cataluña rescindirá completamente cualquier tipo de financiación en estos centros en la etapa de secundaria y bachillerato. Los centros afectados han preferido no hacer declaraciones hasta estudiar el tema con sus servicios jurídicos.
El fin de los conciertos a las escuelas que segregan por sexo fue una de las medidas estrella que anunció hace dos legislaturas el entonces consejero de Educación, Josep Bargalló. Después de varios años en manos de CiU, la cartera educativa volvía a manos de ERC y los republicanos imprimieron su sello, más progresista, en las políticas educativas. En Cataluña había unas 11 escuelas que segregaban por sexo, todas vinculadas al Opus Dei, y el Departamento de Educación justificaba su decisión de romper con estos centros apelando a la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que recoge el principio de “coeducación mediante escolarización mixta”.
Sin embargo, con el procés de por medio y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la medida se fue postergando. Incluso el propio Bargalló tuvo que validar la renovación que seGovern firmó durante la etapa del 155 para los conciertos de educación secundaria e infantil por otros cuatro años en 2017. Los conciertos que afectaban a la educación primaria seguían vigentes hasta 2020.
El curso pasado, sin embargo, Educación volvió a retomar el tema y anunció que suspendía los conciertos para primaria, que expiraban entonces. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió, como medida cautelar y atendiendo a la petición de los colegios afectados, que el tenía que renovar la financiación durante seis años para preservar el interés de las familias y la viabilidad económica de los centros. Ahora, el Ejecutivo catalán vuelve a poner el foco en aquellos conciertos que se firmaron durante el 155 en 2017 y Bargalló tuvo que validar en 2018, y que aseguraban que la educación diferenciada continuaría hasta, al menos, 2022.
“Escuelas de élite”
La lucha contra la segregación escolar es el gran caballo de batalla de la escuela catalana. De hecho, Cataluña fue la primera autonomía que aprobó, en 2019, un pacto institucional contra la segregación, pero hasta este curso, no había desplegado medidas para combatir la separación del alumnado en diferentes centros educativos según su perfil socioeconómico. Para Francina Martí, presidenta de la Asociación de Maestros Rosa Sensat, las escuelas que segregan por sexo en Cataluña son, precisamente, “centros de élite, que seleccionan al alumnado y están infringiendo la ley”: “Ya era hora [de acabar con los conciertos] porque es una incongruencia. Estamos educando para hacer una sociedad lo más integradora posible. No tendríamos ni que estar discutiendo esto. Lo más alarmente es la segregación por clase social”, lamenta.
También Ismael Palacín, director de la Fundación Bofill, un centro de investigación sobre educación, defiende la necesidad de poner fin a la segregación por sexo: “La evidencia científica desmiente cualquiera de los argumentos habituales de los centros que separan por sexos, como que por separado rinden mejor, o que las niñas con niñas se empoderan. Te pueden mostrar estudios sueltos que dicen lo que sea, pero la revisión científica concluye que el modelo no aporta ninguna ventaja académica ni educativa a chicos o chicas”, zanja. El experto defiende que la separación priva a los chavales de “la oportunidad de coeducarse en un marco igualitario y prepararse para unas relaciones sociales, de amistad, de pareja o profesionales mixtas”.
En el campo político, la diputada Eulàlia Reguant, de la CUP, ha calificado en la red la medida de “buena noticia”, pero ha recordado que en 2018 Bargalló anunció la decisión en alusión a que no surtió efecto. La decisión del Govern ha sido censurada, en cambio, por Xavier Güell, secretario general de Units, la formación democristiana que conforma una coalición con el PSC desde hace dos mandatos. “Es un ataque directo del Govern al derecho de las familias a escoger el centro educativo y a su legítima concertación. Hoy y siempre defenderemos este derecho fundamental”, ha señalado. Josep Manuel Prats, portavoz de la patronal de la red concertada FAPEL (Federación de Asociación de Padres y Madres de Escuelas Libres), ha retuiteado el mensaje. Ramon Espadaler, secretario general de Units y diputado del grupo PSC-Units, afirmó la semana pasada que había votado de forma diferente a sus compañeros al entender que deben ser las familias y no la Administración quienes deben decidir la educación que quieren para sus hijos.
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