El Ejecutivo catalán ha aprobado en su reunión de hoy un decreto con el que paraliza los desahucios de viviendas de grandes propietarios o entidades financieras mientras dure el actual estado de alarma o existan restricciones de movilidad a causa de la crisis sanitaria. La nueva norma obliga a los propietarios de esos pisos a ofrecer un alquiler social, tal y como exige ya la legislación catalana. De esta forma el Gobierno autonómico sale al paso de los últimos desahucios en los que han participado los Mossos d’Esquadra. Los pequeños tenedores quedan fuera de esa exigencia.
La portavoz del Govern Meritxell Budó, ha defendido la medida como “urgente” ante el golpe que está causando la crisis del coronavirus. La medida pretende proteger a personas y familias que ya se encontraban en una situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, pero se añaden a ese supuesto aquellas personas que ocupan su actual domicilio desde antes de junio de 2019 y el 25 de octubre (cuando se inició el actual estado de alarma) y aquellas otras personas a las que se les ha acabado el contrato de alquiler con un gran tenedor.
La Policía autonómica, cuando reciba un requerimiento pidiendo medidas cautelares en la línea de desocupar viviendas, tendrán que solicitar un informe a los servicios sociales, comunicando esa solicitud a Fiscalía.
El Govern ha aprobado también crear un fondo de 20 millones de euros destinado a los trabajadores autónomos afectados por la reducción de actividad a causa de las medidas para reducir la propagación del coronavirus. La medida contempla un pago único de 2.000 euros por persona para todos aquellos que acrediten haber ingresado menos de 35.000 euros el año pasado y hayan visto cómo su rendimiento neto (facturación menos gastos) en los primeros nueve meses de 2020 no superen los 13.125 euros. Los sindicatos, a quienes se les comunicó este lunes la medida, consideran insuficiente la cuantía del fondo, que solo podría beneficiar a 10.000 personas, en torno a un 2% del medio millón de trabajadores autónomos de Cataluña.
La Generalitat ya aprobó durante la primera oleada de brotes de la covid en España, que supuso el confinamiento domiciliario en toda España, una medida similar. Ahora la medida es parecida, pero no está afectada por escalados en función de la caída de ingresos (será una percepción fija siempre de 2.000 euros) y no impedirá que se perciba de forma complementaria a otras medidas impulsadas por otros departamentos, como sería el caso de las previstas por el Departamento de Empresa para el sector del comercio.
De hecho, el Govern anunció un fondo de 300 millones de euros (dentro del que se articula esta propuesta) para atender los efectos de las últimas medidas adoptadas de distanciamiento social, que han llevado a cerrar bares y restaurantes y otros centros de ocio. La medida ha sido criticada por los sindicatos, que consideran que además de insuficiente en su cuantía carece de concertación con los agentes sociales y, sobre todo, de unidad entre las diferentes consejerías.
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