Los indultos concedidos este martes por el Gobierno a los nueve líderes encarcelados por el juicio del procés tienen el objetivo de abrir una nueva etapa política entre Cataluña y el resto de España marcada por el diálogo y la concordia, pero también, de facto, un nuevo ciclo económico que deje atrás los años aciagos que vinieron tras el referéndum independentista de octubre de 2017 y que terminaron de complicarse con la crisis sanitaria y económica del Covid-19. No en vano, en 2018 Cataluña perdió su puesto como locomotora económica del país en beneficio de Madrid, que selló un leve sorpasso que se consolidó en 2019, cuando la región central contribuyó un 19,3% al PIB español frente al 19% catalán.
En 2020, a falta de datos oficiales y sumando los estragos causados por la pandemia, la tendencia del sorpasso se habría mantenido. Según las últimas cifras del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), el PIB regional habría retrocedido un 11,5% en el conjunto del 2020 (frente al 10,8% nacional), mientras que en el primer trimestre de 2021 lo habría hecho un 4,3% (frente al 0,5% español).
A modo de resumen, tal y como ha señalado recientemente el propio presidente del Cercle d’Economia, Javier Faus, a favor de la medida de gracia sellada por el Ejecutivo, la confrontación política ha ocasionado “un coste económico” a las empresas porque una vertiente no se puede entender sin la otra. “La estabilidad política tiene un valor económico en sí misma”.
El calendario que se ha ido configurando a partir del referéndum soberanista parece sustentar esta tesis. En 2017, el PIB catalán creció un 3,4%, cuatro décimas por encima del nacional. A partir de ahí, se desaceleró al 2,6% en 2018 y al 2% en 2019, en línea con lo que empezaba a suceder en el resto del país. La caída catalana fue más notable, entre otros aspectos, por la sangría empresarial que se desbocó a partir del 1-O. La fuga, que se inició con más de 3.000 solicitudes de traslado solo entre octubre y diciembre de 2017, ha continuado hasta el día de hoy.
Según los datos de traslados de sede social oficiales confirmados entre las diversas autonomías, proporcionados por el Colegio de Registradores, Cataluña ha perdido desde 2018 cerca de 4.500 compañías, a las que habría que sumar las operaciones que están todavía en proceso o en trámite, iniciadas ya en 2021.
Del total, más de 2.000 empresas han ido a parar a la Comunidad de Madrid. Comunidad Valenciana, Aragón, Baleares, Andalucía y País Vasco también acumulan varios cientos de ellas. Entre las grandes pérdidas se encuentran dos grandes grupos financieros, CaixaBank y Sabadell, y Naturgy. Son muy pocos los que, como Agbar, retomaron el camino de vuelta.
El Covid, que según el Idescat habría dejado el PIB catalán de 2020 al mismo nivel que el de 2016, ha dado la puntilla a una economía convulsionada también por las divergencias políticas internas. Por la parte sanitaria, la demanda interna cayó un 9,5%, las exportaciones descendieron un 11,5% y el consumo extranjero hizo lo propio en un 80,1%. Aunque el déficit catalán alcanzó el 0,35% del PIB en 2020, mejorando desde el 0,62%, la deuda se situó en los 79.119 millones, ligeramente por encima de 2019. Y todo ello, ya en la rama política, sin unos nuevos Presupuestos con los que ampliar recursos. A un lado, la pasada y convulsa legislatura tuvo que funcionar la mayor parte del tiempo con los Presupuestos de 2017. Tres años después, a principios de 2020, unas recién nacidas cuentas públicas quedaron caducas casi antes de ver la luz tras el golpe de la pandemia, encajando por la fuerza el gasto de 3.826 millones generado por la crisis sanitaria.
Sin medidas de calado anunciadas por el nuevo Govern de Pere Aragonès, las últimas previsiones del Idescat prevén un crecimiento del PIB catalán de entre el 4,5% y el 7,7% para 2021 gracias a la recuperación parcial de la demanda externa y el consumo. Falta por ver si a los efectos aparejados a la recuperación sanitaria y económica, que deberían empezar a notarse ya durante el segundo trimestre, se le suman las posibles consecuencias de los indultos y del nuevo ciclo político que con ellos se inaugura.
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