Venezuela está a punto de entrar en una nueva fase de enfrentamiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. El chavismo retomará en enero el control del Parlamento, que había perdido en 2015, después de unas elecciones legislativas celebradas hace tres semanas sin la participación de la gran mayoría de sus adversarios. La votación, cuestionada por las principales instancias internacionales, arrebató a Juan Guaidó la Asamblea Nacional, la institución que le permitía sustentar la tesis de su reconocimiento como presidente interino. A pesar de ello, la oposición votó el sábado extender su mandato como jefe del legislativo.
El enésimo giro de tuerca en la profunda crisis del país sudamericano tiene, en el fondo, las premisas que caracterizan el choque político desde las elecciones presidenciales de 2018. Por un lado, la negativa del aparato del régimen a competir en las urnas en paridad de condiciones y con garantías para todos. Por otro, el empeño de la oposición liderada por Guaidó de mantener una arquitectura institucional paralela cuyo alcance es eminentemente simbólico.
El dirigente del partido Voluntad Popular se proclamó como jefe de Estado encargado a principios de 2019. Lo hizo con el impulso de Leopoldo López, la figura más emblemática del antichavismo que en ese momento se encontraba en arresto domiciliario, y obtuvo el respaldo de decenas de países, con la Administración de Donald Trump a la cabeza. Intentó por todas las vías derrocar a Maduro, a través de la presión en la calle, pidiendo sanciones internacionales o tratando de forzar un levantamiento de las Fuerzas Armadas. No lo consiguió. Conformó con su equipo una suerte de gabinete en la sombra al que los opositores llaman Gobierno interino y montó una red representantes en la mayoría de países americanos y europeos. Nada de eso sirvió para lograr un cambio. Y ahora, aunque Guaidó vaya a perder en la práctica el control del Parlamento a partir del 5 de enero, cuando los nuevos diputados tomen posesión de sus escaños, su estrategia consiste en mantener su cargo. O, al menos, dar la sensación de ello.
“Ante la inexistencia de un proceso electoral que haga a los ciudadanos protagonistas de su destino, hemos asumido la continuidad constitucional del ejercicio de las funciones de los diputados que representan la soberanía popular hasta tanto se realicen elecciones parlamentarias libres, justas y verificables”. Con estas palabras, el parlamentario Juan Pablo Guanipa, vicepresidente del legislativo, explicó el sábado durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional el criterio que justifica la extensión del mandato de Guaidó. Los opositores adoptaron esta medida a través de la revisión de la llamada Ley del Estatuto de la Transición y el propio Guaidó afirmó que la modificación “sirve para salir de la dictadura, sirve al país, sirve a los diputados, sirve a la protección de la República, sirve a los intereses de la nación, sirve para normar, para reglar, para acordar entre todos los factores la necesidad de la unión”. “El mandato de la Asamblea Nacional se extiende en defensa de nuestra gente, respetando la Constitución y contra la consumación del fraude”, proclamó.
Sin embargo, esa solución no convenció ni siquiera a todos los partidos opositores. Acción Democrática, una de las principales formaciones antichavistas, se abstuvo pese a reiterar su compromiso en la lucha contra Maduro. El fracaso del plan de Guaidó ha multiplicado en los últimos meses el malestar interno. En las filas opositoras volvió a dar un paso al frente también Henrique Capriles, quien lleva años alejado de la primera línea y en septiembre abrió la puerta a concurrir a las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Finalmente renunció a esa posibilidad cuando la Unión Europea determinó que la convocatoria carecía de garantías suficientes y pidió, sin éxito, un aplazamiento.
A eso se añade que a partir de enero peligra el mismo reconocimiento internacional de Guaidó, su principal impulso. En Washington tomará posesión Joe Biden, que según los analistas cambiará probablemente el enfoque diplomático con Caracas. Y también puede cambiar la posición de Bruselas, que hasta ahora ha aceptado al líder opositor como presidente interino y, al mismo tiempo, ha mantenido la interlocución con el Gobierno de Maduro. Los Veintisiete buscan estos días una fórmula para seguir apoyando a Guaidó sorteando, sin embargo, su reconocimiento como jefe de Estado.
El sucesor de Hugo Chávez, mientras tanto, se dispone a recobrar el dominio de la Asamblea Nacional, que operará, sin voces críticas, como una extensión de su Ejecutivo. Las actividades del Parlamento presidido por Guaidó, aunque se mantenga en funcionamiento de forma paralela, no tendrán efecto. Con estas premisas, la oposición se prepara para llamar de nuevo a la movilización permanente de sus simpatizantes, como apuntó hace semanas Leopoldo López desde Bogotá. El propósito, sin embargo, va camino de chocar con las nuevas restricciones contra la pandemia de coronavirus que el régimen, según adelantó Maduro, está a punto de anunciar.
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