La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) alertó sobre la posibilidad de actos de desalojo contra familias del ejido Gustavo Díaz Ordaz, en Cintalapa, ante el conflicto agrario y territorial con San Miguel Chimalapa, Oaxaca.
El organismo pidió a las autoridades de ambos estados actuar de manera inmediata y coordinada para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes.
La CEDH pidió especial atención para niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
El pronunciamiento señala que ninguna controversia agraria o territorial justifica el uso de la fuerza, las amenazas, el desplazamiento forzado o actos de desalojo fuera de la ley.
Por ello, llamó a privilegiar el diálogo y las vías institucionales para alcanzar una solución pacífica.
El caso se encuentra relacionado con un plazo de 30 días que comuneros de San Miguel Chimalapa establecieron el 4 de agosto para que los habitantes del ejido decidieran, según lo informado por la CEDH, entre disolver el régimen ejidal o permitir que las tierras fueran integradas a la comunidad agraria oaxaqueña.
La situación generó preocupación entre las familias de Gustavo Díaz Ordaz, quienes han señalado incertidumbre sobre la permanencia en sus tierras, su patrimonio y su seguridad.
Al mismo tiempo, la CEDH informó que mantiene abierto el expediente CEDH/0733/2026 y las medidas precautorias relacionadas con el caso.
El organismo también advirtió que las autoridades no deben permanecer omisas ante un riesgo del que ya tienen conocimiento y frente al cual cuentan con facultades para intervenir.
El presidente de la CEDH, Horacio Culebro Borrayas, afirmó que ha mantenido reuniones con habitantes del ejido y autoridades de seguridad para buscar una salida pacífica al conflicto.
La Comisión informó que solicitó apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, además de emitir medidas precautorias dirigidas a autoridades de seguridad y del gobierno de Chiapas.
El conflicto tiene antecedentes que se remontan a 1967 y forma parte de una disputa territorial y agraria de larga duración entre comunidades de Chiapas y Oaxaca.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional relacionada con los límites territoriales entre ambos estados; sin embargo, esa resolución no implicó por sí misma la desaparición de los derechos agrarios reconocidos previamente a ejidos o comunidades, por lo que la situación agraria debe resolverse por las vías correspondientes.
Ante el escenario actual, la CEDH insistió en que ninguna diferencia sobre la tierra puede estar por encima de la vida, integridad, seguridad y dignidad de las personas.
El organismo llamó a las autoridades de Chiapas y Oaxaca a evitar una escalada del conflicto y garantizar una solución mediante el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Ante ello, el Gobierno de Chiapas informó este jueves que mantiene su participación permanente en la mesa de diálogo instalada por el conflicto de Los Chimalapas, con el objetivo de alcanzar una solución para las partes involucradas.
A través de un comunicado, señaló que mantendrá la presencia de la Guardia Estatal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal para prevenir cualquier conflicto.
Asimismo, el gobierno estatal advirtió que no tolerará actos de violencia ni de despojo y que, de ser necesario, actuará con estricto apego a la ley.
El gobierno estatal también llamó a todas las partes a privilegiar el diálogo y expresó su confianza en alcanzar acuerdos que permitan mantener la paz y tranquilidad en la zona.
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