ORLANDO, Florida – Una semana después de que un panel de tres jueces federales bloqueó una orden del presidente Donald Trump con la que pretende excluir a las personas indocumentadas en Estados Unidos de las cifras usadas para determinar cuántos escaños recibe cada estado en la Cámara de Representantes, el gobierno anunció el miércoles que apelará.
Por el momento no está claro si el caso pasará ahora a un tribunal de apelaciones o a la Corte Suprema, pues el gobierno presentó avisos para las dos cortes. De cualquier manera, es probable que vaya a parar al máximo tribunal del país.
La semana pasada, un panel de tres jueces en Nueva York dijo que la orden de Trump era ilegal.
Los jueces le prohibieron al secretario de Comercio Wilbur Ross, cuyo departamento supervisa el Buró del Censo, que excluya a las personas que están sin autorización en EEUU cuando utilice las cifras del Censo 2020 para calcular los escaños que le corresponderán a cada estado.
Los jueces dijeron que aquellas personas que están ilegalmente en el país califican para ser contadas en los estados en que residen.
Los que se oponen a la orden dijeron que era un intento por suprimir el creciente poder político de los hispanos en EEUU y de discriminar a las comunidades inmigrantes de color.
Un joven padre explica el por qué no tiene temor y es importante para él y su familia completar el formulario del Censo 2020.
Dijeron además que los residentes que carecen de documentos utilizan los caminos, parques y otros servicios públicos de la nación, y deberían ser tomados en cuenta para cualquier distribución de recursos federales.
Los números usados para la asignación de escaños se derivan del conteo cada 10 años de todos los residentes, el cual concluirá en dos semanas. El censo ayuda también a determinar la distribución de $1.5 billones anuales en financiamiento federal.
Luego que Trump emitió su orden en julio, estados, municipalidades, activistas por los derechos de los inmigrantes y grupos de derechos civiles presentaron aproximadamente media docena de demandas, cuestionando su legalidad y apego a la Constitución.
El caso de Nueva York fue el primero en recibir un fallo.