Cerro Grande, pueblo del Istmo que resiste desde hace una década a las altas tarifas eléctricas

Exigen ‘borrón y cuenta nueva’ como en Tabasco; en 2019 fue asesinado Luis Armando de 35 años de edad, defensor comunitario, ante las altas tarifas de energía eléctrica.

Por Diana Manzo

Cerro Grande, Oaxaca.- El mar y el cielo azul del clima tropical de Cerro Grande en Oaxaca se conjugan con la fortaleza de su gente. En esta comunidad, que pertenece al municipio de Ixhuatán en el Istmo de Tehuantepec, los 580 habitantes llevan 10 años de resistencia contra las altas tarifas de energía eléctrica, aseguran, les cobran en exceso y el servicio es malo.

Los pobladores exigen “borrón y cuenta nueva” al adeudo que tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como ocurrió en el estado de Tabasco y es que afirman que la resistencia comenzó a exigir una mejor infraestructura, es decir, cuentan con cables en pésimo estado, postes inservibles y además transformadores que continuamente se descomponen.

Cerro Grande es una comunidad indígena zapoteca que se dedica a la pesca, la marginación es alta en este lugar, aunque es un pueblo libre de Covid-19, las familias temen por su vida, pues la Casa de Salud está cerrada porque no hay médicos y enfermeras, además, las embarazadas esperan bimestralmente ser atendidas cuando arriban las brigadas médicas a la cabecera municipal ubicada a 20 minutos.

Aquí ningún habitante paga energía eléctrica porque exigen que primero les cambien la infraestructura y se llegue a un acuerdo donde exista una tarifa única después del borrón y cuenta nueva.

La semana pasada, personal de la CFE junto con la Guardia Nacional les cortó el servicio de la bomba que abastece el agua potable, por lo que en reacción retuvieron un automóvil color blanco de la empresa eléctrica.

En septiembre de 2017 con el terremoto de 8.2 grados la resistencia aumentó más, y es que por su cercanía al mar hubo daños en las viviendas y se interrumpió el servicio de energía eléctrica, sin embargo, seguían cobrándose aún sin medidor y fue cuando la totalidad de los habitantes por acuerdo de asamblea decidió ya no pagar el servicio.

Cada dos meses la tarifa varía, señalan, y a pesar de que lo denuncian, el servicio sigue alto, entonces hay familias que se les ha acumulado y hay recibos que se deben por cantidades como 4 mil o 5 mil pesos.

“Por cada recibo nos cobran mensualmente de 100 a 150 pesos sin tener servicio de energía eléctrica, por lo que la exigencia es que la tarifa baje. Es lamentable todo lo que hemos vivido, criminalización y represión de las autoridades. Exigimos respuesta a nuestras peticiones, una tarifa única y borrón y cuenta nueva”, expresó Carlos Alejandro Matus Morales, presidente del Comité de Agua Potable.

El agente municipal de Cerro Grande, Genaro López Vicente, explicó que gracias a la organización Sol Rojo que encabeza Elliot Escobar han tenido respaldo y han podido resistir a las represiones que han vivido.

 

Impune, asesinato de defensor comunitario Luis Armando Fuentes

Los pobladores, el agente municipal, así como integrantes de la organización Sol Rojo exigieron justicia por el asesinato en abril del 2019 de Luis Armando Fuentes de 35 años de edad, quién fuera defensor comunitario y defendió con su vida su territorio exigiendo bajas tarifas de energía eléctrica.

Elliot Escobar, defensor de la tierra y territorio y brinda acompañamiento a la comunidad zapoteca resaltó que además de Rancho Grande, en el Istmo de Tehuantepec hay otras comunidades que también exigen una tarifa justa, pues asegura que en esta zona de Oaxaca se localiza el corredor eólico más importante del Istmo y hay mala calidad del servicio.

“La CFE lejos de escucharnos, nos reprime y criminaliza, dice que somos malos y muy violentos por las acciones que hemos realizado, nosotros ya perdimos a un compañero y no queremos más, estamos exigiendo una tarifa única y borrón y cuenta nueva, pero no nos escuchan, se cierran”.

Indicó que al igual que esta comunidad hay varias en el Istmo de Tehuantepec como El Morro donde hay una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por las altas tarifas.




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