El presidente de Chile, Gabriel Boric, durante su primer discurso a la nación, el 1 de junio de 2022.Presidencia de Chile (EFE/Presidencia de Chile)
El 11 de septiembre de 2023 se cumplirán 50 años del golpe de Estado militar en Chile, que derrocó al presidente Salvador Allende y dio inicio a 17 años de sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. El actual mandatario chileno, el izquierdista Gabriel Boric, en su primer discurso a la Nación, el pasado 1 de junio, hizo mención a la fecha que le tocará liderar como jefe de Estado. Junto con reflexionar que “aún son muchas las deudas que arrastramos”, pese a que Chile ha llevado adelante políticas inéditas en el mundo en verdad y reparación a las víctimas –como la Comisión Valech sobre prisión política y tortura–, Boric anunció que su Gobierno “seguirá buscando incansablemente a los desaparecidos a través de un plan nacional de búsqueda”.
“Estamos comprometidos con la verdad y la justicia”, aseguró Boric, que durante su campaña y mandato ha tenido gestos múltiples hacia el Gobierno de la Unidad Popular de Allende y ha puesto los derechos humanos como uno de los emblemas fundamentales de su mandato.
El plan lo llevará adelante el ministerio de Justicia, encabezado por la ministra Marcela Ríos. Según las cifras elaboradas por la Unidad de Programa de Derechos Humanos en conjunto con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, las víctimas de desaparición forzada son 1.469. Solo 307 cuerpos o restos óseos han sido identificados. En consecuencia, 1.162 personas siguen desaparecidas, a casi medio siglo del golpe de Estado.
Mientras en el mundo de los derechos humanos y de las familias de las víctimas existe la convicción de que las Fuerzas Armadas y carabineros tienen información sobre su suerte y destino, los uniformados lo niegan. En 2001, luego de una mesa de diálogo que reunió a las instituciones castrenses, a las víctimas, a las iglesias y a la sociedad civil, los militares aseguraron que muchos de los desaparecidos habían sido lanzados al mar, aunque luego se comprobó que parte de esa información no era efectiva.
La psicóloga Elizabeth Lira, académica de la Universidad Alberto Hurtado y Premio Nacional de Ciencias Sociales 2017, recuerda que los Estados tienen la obligación de buscar a los desaparecidos, según determina un documento de Naciones Unidas de 2019. “El anuncio de Boric es cumplir con los acuerdos internacionales y las obligaciones del Estado”, explica la académica, que ha tenido un papel relevante en instancias de búsqueda de verdad, como la Mesa de Diálogo de 1999-2000 y la Comisión de Prisión Política y Tortura, entre los años 2003-2005. Lira dice que el documento de la ONU que rige la búsqueda de desaparecidos establece que “debe realizarse bajo la presunción de que está viva; respetar la dignidad humana; regirse por una política pública”.
Para el abogado de derechos humanos Luciano Fouillioux, “Boric no tiene ninguna razón para no impulsar una iniciativa de este tipo u otra similar, como ya han hecho otros gobiernos en Chile desde 1990 en adelante (unos más y otros menos, pero todos han hecho algo en estas materias, incluso el del propio Sebastián Piñera, de la derecha)”. Fouillioux enumera: Boric es un presidente joven, de una generación posterior a los crímenes de la dictadura –pero comprometida con estas materias–, cercano al mundo de las víctimas y que tiene en el eje de su programa de Gobierno la temática de los derechos humanos, incluida en todos los ministerios. “Otra cosa es que resulte”, analiza el abogado de derechos humanos, que representa a la familia del expresidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970) en el juicio que busca esclarecer las circunstancias de su muerte. “A lo que él debería apuntar sería a hacer un gran acuerdo con las propias Fuerzas Armadas, porque, a lo mejor, se puede encontrar con más de alguna sorpresa: los mandos actuales son totalmente distintos a los de 1973″, agrega Fouillioux sobre las posibilidades de entrega de información sobre el destino de los desaparecidos.
La madre de un desaparecido durante la dictadura de Augusto Pinochet, en una manifestación en Osorno para conmemorar el 45 aniversario del golpe de Estado en Chile, en septiembre de 2018.Fernando Lavoz (NurPhoto via Getty Images)
La propuesta del ministerio de Justicia incluye extender la campaña Una gota de sangre por la verdad y la Justicia, que se refiere a la toma de muestras de sangre en todo el territorio para completar la base de datos de fichas genéticas. Se busca elaborar un diagnóstico sistematizado de toda la información ya recopilada que permita identificar las principales líneas de trabajo que deben ser desarrolladas.
El Gobierno de Boric quiere identificar, a su vez, el abanico de nuevas tecnologías que pueden ser utilizadas para el avance de las investigaciones dependiendo de las formas de desaparición forzada o involuntaria. La idea, explica el texto desarrollado por la cartera de Justicia, apunta a generar una propuesta metodológica y de procedimientos para el desarrollo del plan. La Moneda, además, quiere convocar a una mesa de trabajo que reúna a los diversos actores involucrados: la coordinación de los ministros en visita con dedicación exclusiva en la investigación de estas causas, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil, la Policía de Investigaciones, la Unidad Programa de Derechos Humanos, familiares y agrupaciones de víctimas, expertos.
Además, Boric quiere fortalecer la Unidad de Programa de Derechos Humanos con más personal profesional multidisciplinario capaz de llevar adelante una política de búsqueda administrativa. Lo mismo con la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal, con el objetivo de “aumentar su capacidad instalada de análisis y revisión de los casos de interés forense para el esclarecimiento del destino de las víctimas de desaparición forzada o involuntaria”.
Los distintos gobiernos democráticos desde 1990 han realizado políticas importantes respecto de las víctimas de la dictadura de Pinochet. El Gobierno de Patricio Aylwin llevó adelante la Comisión Rettig, sobre la verdad de los muertos y desaparecidos. Luego, en el mandato de Frei Ruiz Tagle, se instauró la Mesa de Diálogo, que representó el reconocimiento de los crímenes por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden. La Administración de Ricardo Lagos, en tanto, configuró una comisión liderada por monseñor Sergio Valech sobre prisión política y tortura, una iniciativa inédita en el mundo, que fue seguida de medidas de reparación vigentes hasta hoy.
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