Con el referéndum celebrado el pasado domingo, Chile ha dado el primer paso para superar la herencia institucional más pesada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): la actual Constitución que, aunque reformada en numerosas ocasiones, data de 1980. Los votantes aprobaron por abrumadora mayoría redactar una nueva Carta Magna —un 78% a favor— y que esta sea elaborada por una Convención Constitucional elegida en su totalidad para este cometido —un 79% a favor de esta opción contra un 21% partidario de un órgano mixto con el actual Parlamento—. Este órgano presentará la importante característica de ser paritaria por género en su composición. Se trata, en su conjunto, de un inequívoco mandato de la sociedad chilena para reconsiderar la arquitectura institucional y el modelo socioeconómico del país.
Desde el fin de la dictadura, Chile ha disfrutado de una salud democrática y un crecimiento económico notables. En estos aspectos, la comparación con los países de la región resulta favorable. Pero su modelo socioeconómico ultraliberal ha ido generando grandes bolsas de malestar en la sociedad, que estallaron en fuertes protestas hace un año. El proceso constituyente es el intento de canalizar por la vía institucional esa insatisfacción y representa un bienvenido síntoma de vitalidad democrática. El camino que se inicia, sin embargo, es incierto y repleto de desafíos, porque propone respuestas lentas a problemas inmediatos, porque se produce en medio de una pandemia que lo complica todo y con el trasfondo de un considerable descrédito de la clase política. También debe tenerse en cuenta la baja participación ciudadana, que se situó en torno al 50%. Es un porcentaje que, si bien resulta habitual desde que el voto dejó de ser obligatorio en 2012, deja el mal sabor de que la mitad de los chilenos no se han expresado sobre el inicio de un cambio histórico. Por todos estos factores, queda por ver si el proceso logrará apaciguar los elementos más extremos de la protesta y satisfacer a los moderados.
La sociedad chilena ha ido acumulando un creciente descontento ante la evidencia del desigual reparto de riqueza y por la creciente constatación de que había una parálisis en las posibilidades de ascenso social. Las redes de protección son también muy frágiles. La clase política dirigente hará bien en no esconderse detrás del proceso constituyente y esforzarse para ir dando respuesta a las necesidades más urgentes en tiempos tan difíciles. Para ello dispone de un buen margen de maniobra, gracias a la histórica ortodoxia fiscal chilena y porque la contracción del PIB para este año será probablemente menor de lo que se temió hace unos meses. Otro activo en esta transición es la amplia serie de diferentes convocatorias electorales previstas de aquí a 2022, lo que facilitará que la ciudadanía se sienta involucrada.
Hay que destacar, por otra parte, que se trata de un resultado donde no hay un claro vencedor político, pero sí un triunfo de la sociedad en su contundente voluntad de cambio. Y es lógico que así sea. Los sucesivos Gobiernos chilenos —de diferente ideología— han ido aplazando durante los últimos 30 años reformas de cuya necesidad eran conscientes todos. La prueba que afronta Chile es de máxima importancia. No solo para la sociedad chilena, sino también por el relevante significado que Chile tiene en la región.
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