Este martes 18 de octubre se cumplen tres años del estallido social en Chile. La efeméride encuentra al país con un debate abierto y caliente sobre sus causas y consecuencias. No existe una lectura única sobre los hechos que dieron vuelta su política y abrieron paso a un proceso constituyente y a una etapa de incertidumbre, como no se observaba desde el retorno de la democracia en 1990.
“A tres años del estallido social de 2019, dos conclusiones parecen ser transversales: nos queda mucho por entender y estamos peor que hace tres años”, segura María José Naudon, abogada y analista política, a solo semanas de que la propuesta de la nueva Constitución fuera rechazada por un 62%. “Hoy, una cierta distancia temporal y el fracaso del proceso constituyente permiten una observación más racional del fenómeno y, sobre todo, aislada del romanticismo reaccionario”, agrega la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI).
Los medios de comunicación destinan grandes especiales para analizar lo sucedido hace justamente tres años, cuando las protestas de secundarios por el alza de la tarifa del boleto del metro fue apenas la chispa que encendió la pradera para protestas inéditas en niveles de destrucción, incluida la ejemplar red de metro de la capital. Hubo en paralelo masivas protestas pacíficas, como la del 25 de octubre de 2019, que congregó a un millón de personas solo en Santiago de Chile, una ciudad de unos ocho millones de habitantes. El Gobierno de entonces, encabezado por la derecha de Sebastián Piñera, estuvo contra las cuerdas, como la propia institucionalidad y la democracia. Cuando todavía las manifestaciones se encontraban en un momento álgido, la madrugada del 15 de noviembre, todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento acordaron el inicio de un proceso constituyente para reemplazar la Constitución vigente desde 1980, firmada por la dictadura de Augusto Pinochet, y reformada profundamente en democracia.
Un documental recién estrenado en Chile, El efecto ladrillo, de Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, relata el impacto que tuvo el 18-0 en la vida de los chilenos, lo que se profundizó en la pandemia. Lo cuenta a través de la historia de Mariana y Ramiro, una humilde profesora y un empresario influyente, que fue uno de los redactores de la biblia económica de la dictadura, conocida como El ladrillo, fundada en los conceptos de la Universidad de Chicago. El documental arranca con la premisa de que las revueltas mostraron que el modelo chileno se resquebrajaba y la necesidad de una nueva Constitución. Las peticiones por mayores niveles de igualdad y dignidad de los sectores populares se repiten a lo largo de la producción. Esta lectura, sin embargo, aunque instalada en una parte importante de la sociedad, no genera ninguna unanimidad.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, habla durante una visita a Calama, al norte del país, el 12 de octubre de 2022.DPA vía Europa Press
Aunque existe un amplio consenso en la necesidad de transformaciones sobre todo relativas a la ampliación de determinados bienes sociales como educación, salud, pensiones, existen voces cuestionadoras. “No dudo de la buena fe de aquellos que inicialmente creyeron en el espejismo de una posibilidad de cambio social, con ocasión de la asonada de octubre de 2019, planificada desde las sombras. Pero la codicia y avidez por más y mejor mercado demostró ser más poderosa, a través de la acción tanto de vándalos y saqueadores como de aquellos que los celebraron, incluso abiertamente”, ha reflexionado la filósofa Lucy Oporto, una de las primeras voces intelectuales en criticar abiertamente el estallido social y a la generación de la nueva izquierda, aunque se declara allendista.
Autora de Los perros andan sueltos. Imágenes del postfascismo, ha instalado los conceptos de lumpenconsumismo para referirse “al tipo humano (en términos formales) consolidado durante la postdictadura”, que fue el que salió a las calles en 2019 a vaciar los comercios, destruir el espacio público, quemar el Metro. Oporto habla de una “decadencia cultural y espiritual” de Chile, cuyo “cumplimiento” fue el 18 de octubre. “Algunos vieron en estos eventos la posibilidad de realizar, continuar o dar cumplimiento a un proceso revolucionario truncado en 1973 [con el golpe de Estado a Salvador Allende]. Y eso, al parecer, produjo una obnubilación de la conciencia”, ha analizado la filósofa que reside en Valparaíso, una de las ciudades mayormente afectadas por la violencia.
Para la académica Naudon, desde el triunfo del rechazo el 4 de septiembre se instaló un nuevo paradigma, “por lo que la validación de la violencia y sus consecuencias dejan de justificarse por el contexto y es posible entenderlas como expresión de algo más profundo: una peligrosa confusión entre autoridad y autoritarismo”. La abogada dice que “huyendo de la autoridad (que per se sería autoritaria) se renuncia a ejercerla y se alienta la revuelta. Las consecuencias de esta concepción, acompañadas de un cierto desprecio al funcionamiento de la democracia y sus instituciones, como de una superioridad moral que entiende los problemas como resultado de una élite corrupta y abusadora y no como un desafío colectivo, empiezan a ser cuestionados”.
En ese sentido, analiza al actual Gobierno de Gabriel Boric, líder de una generación política de izquierda que se hizo fuerte desde 2019 y que en marzo pasado llegó a La Moneda: “La coalición gobernante sigue tensionada por dos almas y la mudanza, que ha venido de la mano de la realidad, no parece ser tan transversal como se requiere”, explica la académica de la UAI.
La forma en que parte de la clase política respondió a la violencia de 2019 está siendo debatida en estos días y ha puesto en problemas a algunos dirigentes del actual Gobierno. El partido de derecha UDI ha pedido al presidente Boric disculparse por sus escritos de hace tres años. Ha recordado que cuando los escolares comenzaron a entrar al Metro de Santiago sin pagar el pasaje, Boric, que era diputado, escribió: “Todo acto de desobediencia civil es rechazado por quienes no quieren que las cosas cambien”. El actual ministro de Economía, Nicolás Grau, del Frente Amplio de Boric, debió explicar algún escrito en redes sociales, como el que realizó contra Carabineros el 5 de febrero de 2021. “Pacos asesinos, el pueblo tiene todo el derecho a odiarlos”, escribió Grau. Hace unos días, en momentos en que La Moneda intenta robustecer a la policía ante una aguda crisis de seguridad pública, el ministro explicó: “Fueron dichos en un contexto de mucha frustración (…) Es algo que yo no comparto en la actualidad”. La propia ministra del Interior, la socialista Carolina Tohá, tuvo que referirse al asunto de las frases polémicas: “Creo que muchas personas si tuvieran la oportunidad de estar ahí de nuevo, no las repetirían”.
El mismo presidente Gabriel Boric este lunes entró de lleno en la discusión, en la antesala de la efeméride. El mandatario criticó lo que, según él, es la “arremetida de algunos sectores conservadores que pretenden hacernos creer que nada pasó” hace tres años. Para Boric, “el malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile a propósito del estallido, es algo que sigue vigente y de lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo”, dijo.
La de este martes es una jornada donde nuevamente la seguridad pública está en alerta por posibles manifestaciones y desórdenes. Mientras, las encuestas muestran que ningún área evaluada se ve mejor en estos tres años. Según el sondeo de Cadem, la gente opina que Chile está peor en delincuencia, violencia, situación económica, calidad de la política, pobreza y desigualdad. Y el camino constituyente –que continúa luego del plebiscito– sigue sin acuerdos políticos para su avance formal.
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