Tras despertarse con las sirenas antiaéreas, los habitantes de Kiev corrieron el pasado 24 de febrero a resguardarse de las bombas rusas. Horas después, los dirigentes de la UE se reunían en Bruselas para acordar una respuesta al ataque de Moscú. Mientras, en los despachos de Nicosia y Limassol se diseñaba un plan para intentar salvar RCB, el tercer banco de Chipre. Esta entidad se convertía al final de la jornada, por primera vez desde su fundación en 1995 —entonces bajo el nombre de Russian Comercial Bank― en un banco enteramente chipriota, después de que el accionista mayoritario, el banco estatal ruso VTB, se deshiciese de sus participaciones vendiéndola a sus socios chipriotas. RCB pretendía así librarse de las sanciones que se anunciarían en la madrugada del día siguiente. Desde entonces, un mensaje en griego recibe a los visitantes de la página web del banco: “No a la guerra”.
Chipre es la mayor isla del Mediterráneo y el tercer país más pequeño de la UE. Con poco más de un millón de habitantes y un PIB de 23.000 millones de euros (50 veces menor que el español) es, sin embargo, el país del mundo con más inversiones en Rusia. Con diferencia respecto del resto: en junio de 2021 tenía invertidos 155.000 millones de euros, según datos del banco central ruso. Tres veces más que el siguiente, el Reino Unido. Chipre es, también con diferencia, el mayor receptor de la inversión directa de Rusia: casi 180.000 millones de euros, seis veces más que el siguiente, Holanda.
Pero estas cifras tienen truco. “En realidad, no es inversión extranjera. Es, básicamente, un método más o menos complejo para robar dinero”, explica Andrew Kenningham, de la consultora londinense Capital Economics. Es decir, esta inversión no va a parar a fábricas o a empresas productivas, sino que recala en Chipre como paso previo a perderse en un entramado de sociedades pantalla, cuentas offshore y paraísos fiscales para regresar posteriormente a Rusia con una fiscalidad reducida, pues figura como inversión extranjera, aunque detrás de ellas haya empresarios y magnates rusos, en muchos casos bien conectados con el Kremlin. “Obviamente, esto se hace para evitar pagar impuestos y para ocultar quién es el verdadero propietario de esa riqueza”, concluye Kenningham.
Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, con el acceso a ciertos fondos congelado y varios bancos rusos excluidos del sistema de pagos SWIFT, este modelo se tambalea. “Estamos en una situación de mierda, tenemos muchos problemas”, se queja una rusa que reside desde hace más de una década en Chipre y prefiere no dar su nombre.
Parte de esos flujos de dinero que sí terminan en Chipre, sea en forma de bonos, acciones de empresas, depósitos bancarios o propiedades inmobiliarias. Buscan la seguridad de un Estado que ofrezca “mayor protección de los derechos de propiedad”, según explica un estudio de tres investigadores de la Universidad de Nicosia, ya que temen perder sus posesiones, como les ha ocurrido a algunos oligarcas caídos en desgracia en la Rusia de Vladímir Putin. Así, la comunidad rusa ha crecido en Chipre y se estiman que suman entre 20.000 y 40.000 residentes en toda la isla. Según datos de la consultora chipriota Sapienta, el 10% del mercado inmobiliario de la isla depende de Rusia, así como el 20% de la hostelería y la restauración y el 35% de servicios profesionales, como abogacía y asesorías.
Esto es especialmente palpable en la ciudad costera de Limassol, donde tiene su sede el RCB y a la que muchos denominan “Limassolgrado”. Allí ha proliferado una economía del lujo, fiestas extravagantes, coches de alta gama. “La mayoría de los rascacielos son de inversión rusa. Funcionan como promotores o invierten en propiedades de lujo”, relata un arquitecto que en el pasado trabajó con rusos en Chipre. “Aquí se mueven con mucha prepotencia; hay que tener en cuenta que son gente adinerada, pero no precisamente doctores o artistas”, añade.
El modelo chipriota
Durante décadas, Chipre fue un centro financiero de la zona: un puerto seguro en medio de una región turbulenta donde quienes huían o temían por sus fortunas ―amasadas de manera más o menos legal— podían poner a buen recaudo su futuro. Pasó durante la guerra civil de Líbano y, más aún, cuando tras la caída de la URSS floreció un capitalismo mafioso en Rusia y otros Estados del antiguo bloque socialista.
El sistema saltó por los aires en 2013 debido a la fuerte exposición de Chipre a la deuda griega. Se decretó un corralito, tres bancos fueron liquidados (uno de ellos, el FBME, tras graves acusaciones de ayudar al lavado de dinero de grupos delictivos y terroristas) y hubo que reestructurar el sistema financiero chipriota: si antes equivalía a ocho veces su PIB, ahora solo es tres veces mayor, en línea con otros países de la UE. Además, los depósitos de ciudadanos extracomunitarios, que hace una década sumaban casi 30.000 millones de euros, ahora no llegan a 7.000 millones, y algo más de la mitad pertenece a ciudadanos rusos. También quedaron reforzados los controles contra el blanqueo de capitales: en 2018 se cerraron miles de empresas pantalla y el comité del Consejo de Europa Moneyval asegura que “se han hecho progresos” en este tema, aunque el país sigue sujeto a revisiones periódicas.
Para potenciar el atractivo de la isla como centro de inversión tras aquella crisis financiera, el Gobierno del conservador Nikos Anastasiadis ofreció la nacionalidad chipriota ―y con ello un pasaporte europeo― a quienes invirtiesen en Chipre más de dos millones de euros. Se concedió la nacionalidad a 3.125, la mitad a ciudadanos rusos. Entre ellos, una investigación de Al Jazeera identificó al menos a nueve oligarcas rusos, una veintena de acusados por delitos financieros y al menos 40 personas fuertemente vinculadas al Kremlin.
El escándalo que siguió a la revelación y la apertura de un expediente por parte de la Comisión Europea obligaron a parar este esquema en 2020. Una investigación parlamentaria concluyó que la mitad de estos pasaportes dorados se otorgaron ilegalmente. Además, en las últimas semanas, el Ejecutivo de Nicosia se ha visto obligado a cancelar los pasaportes de cuatro millonarios rusos y de sus parientes al haber sido incluidos en la nueva lista de sanciones de la UE.
En su intervención ante el Parlamento chipriota el pasado día 7, el presidente ucranio, Volodímir Zelenksi, pidió ir más allá y cancelar todos los pasaportes otorgados, “excepto los de aquellos que esté demostrado que no hacen daño a Ucrania”. También hay presión para que se detenga el programa de concesión de residencia a cambio de inversión.
Durante años se ha hecho la vista gorda ante estos flujos de dinero y ante las actividades sospechosas de personalidades rusas en la isla. Por ejemplo, en 2018 se concedió la nacionalidad chipriota a tres directivos del banco ruso VTB pese a que la entidad ya estaba en el radar de los organismos internacionales que contemplaban imponer sanciones desde la anexión rusa de Crimea en 2014. Además, sucesivas filtraciones como los Papeles de Pandora revelaron que el banco chipriota RCB, en manos del ruso VTB hasta febrero, extendió créditos de dudosa legalidad a Konstantin Ernst, uno de los principales propagandistas de Putin, y a Serguéi Roldugin, amigo cercano del presidente ruso y a quien algunas investigaciones sitúan como el testaferro de parte de su fortuna personal.
La realidad es que en el consejo directivo de RCB se ha sentado la flor y nata de la élite política y económica de Chipre. “¿Qué se espera si hasta el presidente estaba involucrado en estas cuestiones? Por desgracia, mis compatriotas no han puesto ni el cuidado ni la atención suficientes [respecto al dinero ruso]”, denuncia Stelios Platis, director del Instituto Europeo de Gestión y Finanzas de Nicosia.
No son los únicos intereses rusos ―o bielorrusos― en la banca chipriota. El mayor accionista del principal banco de la isla, el Banco de Chipre, es Lamesa, una empresa panameña filial del grupo Renova, propiedad del oligarca Viktor Vekselberg, uno de los 250 hombres más ricos del mundo, considerado cercano al Kremlin. Vekselberg está sancionado desde 2018 por Estados Unidos y su yate fue requisado el pasado 4 de abril en Mallorca.
El segundo accionista de la segunda mayor entidad financiera chipriota, Hellenic Bank, es la empresa de videojuegos Wargaming.net, del empresario bielorruso Victor Kislyi, que se instaló en Nicosia en 2011 por los beneficios fiscales. La empresa se vio obligada a despedir a uno de sus directivos en febrero después de que defendiese la invasión rusa de Ucrania. “Esta vez es diferente. Ahora es la guerra”, apunta Platis, quien añade: “Chipre pertenece a Occidente y a la UE. Así que a este Gobierno no le queda otra que aplicar las sanciones al pie de la letra”.
Una crisis controlada
En los despachos de Chipre hace semanas que los abogados no paran. “Casi diariamente se anuncian nuevas sanciones y eso significa que, cada día, abogados, contables, consultores, tienen que evaluar la situación y ver si sus clientes están o no afectados por las sanciones. Interpretar las sanciones no es fácil y estamos en contacto con las autoridades chipriotas y europeas para seguir sus recomendaciones“, explica Nicolas Tsardellis, directivo del Colegio de Abogados chipriota: “Por supuesto, esto afectará a muchas empresas y a las cuentas de beneficios, pero tenemos que ser pacientes”.
La dependencia de la economía chipriota de la rusa es muy importante. Diversas agencias estiman que Chipre podría perder un 3% del PIB por la ausencia del turismo ruso y ucranio este año, y otro 7% por la interrupción de los servicios financieros y de todos los negocios a su alrededor. “Existe el riesgo de que Chipre entre en recesión, pero no prevemos inestabilidad financiera, porque esta vez hay liquidez de sobra y la postura de las autoridades europeas es diferente a la anterior crisis”, sostiene Kenningham.
El plan para salvar el banco RCB ha fracasado y la entidad se encamina a su disolución, pero se está llevando de forma discreta y en cooperación con el Banco Central Europeo. El 22 de marzo anunció el traspaso de su negocio crediticio a Hellenic Bank, y dos días más tarde informó de que clausuraba sus operaciones bancarias para convertirse “en una empresa de gestión de activos” de sus clientes.
La analista Fiona Mullen, con varias décadas de experiencia en la isla, es más optimista y cree que el impacto de las sanciones “será compensado” por el influjo de empresas y ciudadanos rusos, ucranios y bielorrusos que se están reubicando en Chipre para huir de las sanciones y de la guerra. Lo que está claro es que Chipre, una vez más, tendrá que reinventar su modelo. “Los chipriotas han demostrado una y otra vez que son muy resistentes a los golpes”, opina Mullen: “Poco a poco, el modelo está cambiando. Ahora hay que aprovechar los fondos de recuperación europeos para construir una economía más sostenible que no dependa de negocios que te pueden explotar en la cara”.
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