La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el acuerdo de solución amistosa relacionado con la ejecución extrajudicial de Zenón Alberto Medina López, quien murió a manos de militares en México, en la masacre ocurrida en 2008 en Santiago de los Caballeros, Badiraguato, Sinaloa.
Según un comunicado de la CIDH, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por violar derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como el derecho a la vida, la integridad personal y las garantías judiciales.
También se comprometió a medidas de reparación, incluyendo compensaciones económicas, apoyos educativos y garantías de no repetición.
“La Comisión reconoce los esfuerzos desplegados por ambas partes durante la negociación del acuerdo para lograr una solución amistosa”, señaló la CIDH.
Foto: Archivo. Cuartoscuro
Aunque el organismo destacó avances en la implementación del acuerdo, continuará supervisando su cumplimiento total, especialmente en medidas de salud y educación.
El 8 de febrero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la solicitud de la familia Medina López, quien alegaba la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la ejecución extrajudicial de Zenón Alberto Medina López a manos del Ejército Mexicano.
El caso, relacionado con la falta de acceso a la verdad, justicia y reparación integral, fue admitido por la CIDH en septiembre de 2020, dando lugar a un proceso de diálogo entre las partes involucradas.
En su sección tercera, se establece que el Estado Mexicano es responsable por violar los derechos humanos de las víctimas, específicamente en los artículos 4 del derecho a la vida, 5 del derecho a la integridad personal, 8 de garantías judiciales y 25 sobre protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma.
Una solución amistosa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un acuerdo entre el Estado, las víctimas y los peticionarios para resolver una alegada violación de derechos humanos.
Este mecanismo no contencioso se basa en la negociación y el consenso entre las partes y se encuentra regulado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Reglamento de la Comisión.
Medidas de Reparación Integral
El acuerdo también incluye una serie de medidas de reparación integral para las víctimas, que serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación.
Las medidas incluyen atención médica y psicológica gratuita, así como compensaciones por daños materiales e inmateriales; además, el Estado Mexicano proporcionará becas educativas a las víctimas para que puedan continuar sus estudios hasta el nivel universitario.
La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) serán responsables de coordinar y garantizar el cumplimiento de las medidas acordadas.
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El Estado Mexicano también llevará a cabo un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública, encabezado por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Además, se publicará el informe de homologación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
En términos de compensación, se proporcionará una indemnización económica que cubrirá tanto los daños materiales como inmateriales, con base en las Reglas de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos.
La compensación también incluye apoyos educativos y un asesor jurídico para asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia.
Este acuerdo representa un paso en el proceso de reparación y justicia para las víctimas de la ejecución extrajudicial de Zenón Alberto Medina López, y subraya el compromiso del Estado Mexicano de garantizar el respeto a los derechos humanos y la no repetición de estos hechos.
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La masacre en Santiago de los Caballeros
El 26 de marzo de 2008, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, Badiraguato, seis jóvenes que se dirigían a una fiesta fueron emboscados por elementos del Ejército.
El ataque dejó cuatro personas y dos militares muertos, además de dos lesionados; los presuntos responsables enfrentaron procesos judiciales que, 16 años después, siguen sin resolverse debido a errores procesales.
En el ataque fallecieron Édgar Geovany Araujo Alarcón, Zenón Alberto Medina López, Manuel Medina Araujo e Irineo Medina Díaz, y los militares Damián López Altamirano y Emmanuel Malohua Domínguez, y los sobrevivientes, como Wilfredo Madrid Medina y Miguel Ángel Medina.
Los cinco militares involucrados fueron sentenciados en 2014 a nueve años y cuatro meses de prisión por delitos de homicidio simple intencional, lesiones y homicidio imprudencial.
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Sin embargo, un amparo concedido por un Tribunal Colegiado anuló la sentencia, señalando irregularidades como la falta de ratificación del dictamen de rodizonato de sodio, utilizado como prueba clave.
De acuerdo con los testimonios, los militares dispararon indiscriminadamente contra una camioneta Hummer sin motivo aparente; incluso, testimoniales refieren que durante la agresión, uno de los uniformados pidió que frenaran los disparos porque “nos estamos dando entre nosotros mismos”.
La Secretaría de la Defensa Nacional reconoció días después que no hubo enfrentamiento armado, mientras que las investigaciones confirmaron que los civiles no estaban armados y que no dispararon en ningún momento.
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