La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró preocupación ante la crisis de desaparecidos en México y por los ataques a la libertad de expresión.
Asimismo, destacó en su último informe que no se han retirado las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y, señaló, la Guardia Nacional cuenta con una estructura militar.
El Informe Anual 2021 de la Comisión destacó la crisis de desaparecidos en México, cuya cifra rebasó las 100 mil personas en dicha calidad el pasado 16 de mayo, en el el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del país.
Denunció que, a pesar de que se adoptó la Ley General sobre desaparición forzada, aún no se cumple con todo lo que estipula, incluyendo la creación de registros y el Banco Nacional de datos forenses.
La CIDH enfatizó que no es una problemática sólo del pasado y que se debe de impulsar una Política de Prevención y Erradicación. Ante esto, urgió al estado implementar la Ley General y adoptar todas las medidas necesarias.
Asimismo, recomendó establecer mecanismos de búsqueda inmediata y mejorar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. De la misma manera, instó a implementar las recomendaciones del el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU que visitó México el año pasado.
Igualmente, hizo un llamado a adoptar medidas de protección para víctimas y colectivos de familiares de personas desaparecidas.
Además, analizó la situación del caso Ayotzinapa consideró prioritario que se adopten medidas para garantizar el derecho de acceso a la información, al tiempo que se deben investigar las denuncias de tortura y otras, así como que se asegure la ejecución de las órdenes de aprehensión y se dicten los autos de formal prisión.
El informe aborda los principales problemas actuales que la Comisión identificó en materia de derechos humanos. Estos incluyen inseguridad ciudadana y militarización, desapariciones, tortura, acceso a la justicia e impunidad, situación de la libertad de expresión, así como la situación de grupos particulares en este contexto.
Sobre seguridad ciudadana, indica que aún está pendiente un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública. Asimismo, observó que, a pesar de que normativamente la Guardia Nacional es un órgano civil, con funciones policiales, en su operación está conformado por personal y estructura militar.
Recomendó adoptar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza e implementar medidas de rendición de cuentas y que se incluya en las investigaciones la responsabilidad de la cadena de mando.
Igualmente expresó preocupación por las declaraciones del Poder Ejecutivo en favor de las Fuerzas Armadas frente a posibles acusaciones por violaciones a los derechos humanos. Ante esto, instó al estado el Estado a reforzar sus discursos sobre rendición de cuentas y lucha contra la impunidad.
En cuanto al uso de la fuerza, reiteró sus observaciones sobre los problemas de elaboración y transparencia de informes pormenorizados sobre operaciones; además, el Estado no aportó información relacionada con la apertura de investigaciones en materia de ejecuciones extrajudiciales.
De acuerdo con la CIDH, México no ha cumplido con la creación de un observatorio independiente sobre el uso de la fuerza, como se ordenó por el caso de las mujeres de Atenco.
Sobre tortura, remarcó la ausencia de un diagnóstico nacional sobre tortura sexual contra mujeres, impidiendo la adopción de políticas públicas integrales efectivas para su prevención y erradicación.
En cuanto a la libertad de expresión, expresó preocupación por los altos números de periodistas asesinados y sobre los informes del uso del software Pegasus con fines de espionaje a comunicadores y defensores de derechos humanos.
El informe también analiza la situación en otros países. El capítulo V se centra en el seguimiento de recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana a México mediante los informes de país.
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